La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sufrió un duro revés de las autoridades de Estados Unidos, las cuales cancelaron su visa para poder ingresar a ese país, al igual que a su esposo Carlos Torres Torres. La medida, calificada por la mandataria como producto de un “contexto binacional complejo”, es apenas el inicio de lo que la administración de Donald Trump está dispuesta a hacer contra gobernantes y funcionarios mexicanos investigados por asuntos de corrupción y/o colusión con grupos criminales, particularmente con los cárteles de la droga que son considerados organizaciones terroristas.

La decisión de Estados Unidos volvió a encender las alertas dentro del gobierno mexicano. Fuentes de alto nivel reconocen que la medida de retirar las visas sí está relacionada con investigaciones que se siguen contra un grupo de funcionarios y políticos que, presuntamente, mantienen vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado.

Por lo pronto, la cancelación de su visa impedirá a la morenista Marina del Pilar regresar a su verdadero lugar de residencia: San Diego, California, a donde decidió mudar a su familia para protegerla de la inseguridad que prevalece en la entidad que gobierna.

Las fuentes confirman que la frecuencia con la que Ávila Olmedo y su esposo, el exdiputado panista Carlos Torres Torres, cruzan la frontera fue una de las razones por la que las indagatorias contra esta pareja son las primeras en hacerse públicas, además del arraigo que tienen en la comunidad californiana de Estados Unidos, donde serían los propietarios de diversos bienes raíces a través de prestanombres.

En Baja California el total de los bienes de la gobernadora se encuentran a nombre de su pareja y éste, a su vez, tiene una red de socios con los que comparte negocios y empresas, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho, operadores de restaurantes y bares en el estado. A título personal, Marina del Pilar es socia de estos empresarios en la razón social denominada Vida Orgánica Tijuana, dedicada a la comercialización de productos orgánicos y veganos.

Las irregularidades en el patrimonio de Marina del Pilar y su posible relación con el crimen organizado ya habían sido denunciadas por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien terminó confrontado con su sucesora a pesar de pertenecer al mismo partido.

El desencuentro entre los morenistas se dio aun cuando el esposo de la gobernadora, entonces como diputado local panista, votó en 2020 a favor de la llamada “Ley Bonilla”, que buscaba extender de dos a cinco años el mandato del entonces gobernador. Las cosas no salieron como se esperaba y la relación se rompió, para dejar al matrimonio Torres-Ávila con un enemigo que al parecer se convirtió en informante del FBI para no ser investigado.

El hecho es que ya fue revelado el primer nombre de un gobernador –gobernadora en este caso– de la llamada “lista negra” de políticos y gobernadores mexicanos que se encuentran bajo investigación en Estados Unidos, y pronto se sabrán algunos más. La “lista” ha sido comentada en las reuniones del Gabinete de seguridad, de manera que la presidenta Claudia Sheinbaum está al tanto del problema que se puede desatar. El objetivo es dar golpes contra funcionarios mexicanos y políticos de alto nivel que sirvan como ejemplo para combatir la colusión de los gobernantes con los grupos criminales.

En la lista de nombres también hay funcionarios, mandatarios y exmandatarios de la oposición, así como un puñado de gobernadores morenistas en funciones; el más próximo a ser evidenciado sería Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.

Posdata 1

El lunes pasado se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación con gobernadores y altos funcionarios de Morena. La convocatoria se hizo para enterarlos de los nombres de candidatos y candidatas que se busca impulsar en la próxima elección judicial del 1 de junio.

A los asistentes se les entregó una boleta simulada con los números de las y los candidatos, en el siguiente orden: Para el cargo de ministras: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz y María Estela Ríos González. Para el cargo de ministros: Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figuero Mejía y Arístides Guerrero García. En cuanto a las propuestas para el Tribunal de Disciplina Judicial están: Verónica De Gyves, Indira Isabel García, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Rufino H León Tovar. Y para la Sala Superior del Tribunal Electoral: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.

Aunque la reunión se realizó el lunes, fue el fin de semana cuando se comenzó a socializar la lista, considerada como una clara “línea” para la elección judicial, por lo que se han generado reticencias de gobernadores y gobernadoras, así como de algunos liderazgos de Morena, quienes impulsan a sus propios candidatos.

Por si fuera poco, para este lunes el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, convocó a sindicatos afines al régimen a “una reunión de trabajo en la que se abordarán temas prioritarios de la agenda laboral nacional”. La cita es a las 11 de la mañana en Gral. Zuazua No. 27, colonia San Miguel Chapultepec, donde se presentará la lista de candidatos y candidatas, para que igualmente sea apoyada por los sindicatos y centrales obreras del país.

Dos preguntas importantes: ¿La lista tiene el visto bueno de Palacio Nacional? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta alineación?

Posdata 2

La Convención Bancaria 88 dejó un buen sabor de boca a los asistentes, más allá del lugar donde se realizó (en el enorme y laberíntico complejo turístico del Grupo Vidanta en la Riviera Nayarit), por parte de dos personajes clave: el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador. El primero, porque habló franco sobre los retos del sector, tales como la incertidumbre jurídica que puede generar a la inversión privada la reforma judicial y la falta de tribunales especializados, así como la sobrerregulación y la baja de tasas de interés “por decreto” y no por las reglas de mercado; y el segundo por su apertura al diálogo con el sector financiero y con los medios de comunicación, así como por su pragmatismo para fijar su postura sobre las proyecciones de crecimiento económico de México y la inestabilidad que ha generado la política comercial de Estados Unidos, y por reconocer varios de los problemas que enfrenta el país, como el “huachicol fiscal”, las mermas que genera el contrabando y la corrupción en las aduanas, la tramitología gubernamental, entre otros temas que se comprometió a combatir con otras dependencias del gobierno federal y con las entidades federativas.

Posdata 3

Hoy es un día muy especial por la llegada de Pía Constanza.

@MarioMal