El arranque de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha marcado un quiebre respecto a las administraciones anteriores. Su estilo enfocado al trabajo colectivo y con un énfasis inédito en la perspectiva de derechos humanos está reconfigurando la dinámica de la Corte, justo cuando vive bajo el escrutinio público más intenso de los últimos años.
La primera señal de cambio fue la nueva dinámica en la discusión de los casos. Atrás quedó el esquema en el que cada ministro y su secretario dominaban la elaboración de proyectos. Ahora, Aguilar ha impulsado mesas de trabajo conjuntas en las que asesores y colaboradores participan activamente en la construcción de los criterios, con la idea de que ninguna decisión se agote en la visión individual. El resultado es un proceso más colectivo, aunque también más exigente: se pasó de dos o tres sesiones semanales a cuatro, con la meta de resolver entre 70 y 80 asuntos cada mes. En apenas dos semanas de gestión se han desahogado 78 expedientes, una cifra que contrasta con el bajo ritmo heredado y que busca enviar una señal de productividad.
El arranque, sin embargo, no estuvo exento de polémica. La designación de más de 70 asesores en su equipo levantó cuestionamientos por el tamaño y costo de la estructura. Aguilar asegura que no se “infló” la nómina, sino que se están reorganizando las capacidades para dar soporte a un método de trabajo colectivo, incorporando tanto técnicos jurídicos como especialistas en derechos humanos y perfiles con sensibilidad social.
Este ritmo responde también al rezago que heredaron. Desde abril, la administración anterior había dejado de turnar asuntos salvo los urgentes, lo que generó un inventario de más de mil 400 expedientes pendientes. Aguilar ha buscado revertir esa parálisis con jornadas más extensas, discusiones aceleradas y un esquema en el que los secretarios de estudio y cuenta tienen la obligación de dictaminar varios casos por semana.
También se ha modificado uno de los resortes clave de la Corte: la facultad de atracción. Durante años, la regla no escrita fue que un ministro podía reservarse un caso con solo solicitarlo. Hoy, en cambio, los expedientes se someten al Pleno y, si se aprueba atraerlos, se sortean entre los integrantes. Con ello se busca impedir que un solo ministro se apropie de asuntos de alto impacto económico o político. La lógica es reforzar la legitimidad de los fallos y limitar las suspicacias sobre favoritismos internos.
El cambio organizativo no se limita a la tramitación de los asuntos. Aguilar heredó también un sistema fragmentado en lo administrativo, con cada área —Corte, Tribunal de Disciplina y Órgano Administrativo de Justicia— operando con tabuladores y sistemas de pago propios. El nuevo presidente ha iniciado un proceso de homologación salarial que promete generar tensiones, pues existen magistrados y jueces con ingresos de hasta 200 mil pesos mensuales, por encima de lo que perciben algunos ministros. La meta es alinear los sueldos al marco constitucional y evitar agravios internos.
Más allá de la operación burocrática, el sello de Aguilar aparece en la exigencia de que todos los proyectos lleven una perspectiva de derechos humanos. Aunque sea con un párrafo adicional, la instrucción es que cada resolución incorpore este enfoque, convencido de que la Corte debe reflejar en sus sentencias las preocupaciones sociales de un país desigual y complejo. Esto explica también la incorporación de perfiles distintos en las ponencias.
El rediseño institucional convive con la necesidad de resistir presiones. Aguilar ha insistido en que el poder de un presidente de la SCJN ya no se mide en los recursos que controlaba con el Órgano Administrativo, sino en la autoridad moral que pueda ejercer. La apuesta es radicalizar la transparencia y que todas las sesiones son públicas.
La relación con Arturo Zaldívar, uno de sus predecesores, ha generado rumores sobre la continuidad de su influencia. Aunque se reconoce que Zaldívar mantiene voz en algunos círculos jurídicos, Aguilar ha marcado distancia institucional y no le ha concedido espacios en la operación cotidiana. Más allá de especulaciones, la Corte se enfrenta a un escenario donde las presiones empresariales, políticas y mediáticas se cruzan con la urgencia de recuperar confianza ciudadana.
La estrategia de comunicación también es parte del cambio. Se prepara una plataforma para explicar en lenguaje ciudadano el sentido de las sentencias, con el fin de acercar al público general lo que históricamente se ha quedado en tecnicismos legales.
El nuevo estilo de Hugo Aguilar no está exento de riesgos. La aceleración de los tiempos procesales puede provocar fallas o inconsistencias, y el ajuste salarial tensará la relación con jueces y magistrados. Sin embargo, la apuesta es construir una Corte más abierta, productiva y con autoridad ética. Ya se verá si el “experimento”— como le llamaron algunos— funciona.
Posdata 1
El recién creado Órgano Administrativo de Justicia se perfila como el nuevo centro de poder en el Poder Judicial. Su presidente tendrá bajo control nada menos que el presupuesto del aparato judicial federal, que supera los 70 mil millones de pesos anuales. De su firma depende la operación cotidiana de jueces, magistrados y ministros, desde tabuladores salariales hasta contrataciones y licitaciones.
Aunque jurídicamente el órgano es un ente auxiliar, en la práctica puede convertirse en un poder paralelo a la Suprema Corte. Los ministros lo intuyen: con tanto dinero y atribuciones, muchos jueces terminarán prestando más atención al Órgano Administrativo que a la propia Corte o al Tribunal de Disciplina.
El encargado de esa tarea es Néstor Vargas Solano, designado en agosto para ejercer la presidencia por dos años. Fue asesor jurídico de Claudia Sheinbaum en su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que explica la cercanía política que acompaña a su nombramiento. Su trayectoria llega con ruido, porque arrastra una denuncia por presunto abuso sexual que fue archivada, pero que generó críticas sobre su idoneidad. Aun así, llegó al cargo con respaldo y con la encomienda de dar resultados rápidos.
El presidente del Órgano Administrativo carga, por lo tanto, con la doble responsabilidad de demostrar que no se trata de un puesto diseñado para ejercer control político, sino de una pieza técnica que garantice eficiencia, austeridad y transparencia.
Posdata 2
La pregunta ayer en la conferencia matutina fue puntual: ¿investiga el SAT a Adán Augusto López por los 79 millones de pesos recibidos de empresas privadas y declarados con un pago casi simbólico de impuestos? La respuesta de la
presidenta Claudia Sheinbaum fue que “no hay investigación hasta este momento”. Añadió que el propio senador “ya aclaró, y si tiene que aclarar más que aclare”. Remató con que su gobierno no encubre a nadie ni alimenta “insidias”. Pero lo cierto es que, más allá de la retórica, el escándalo que se cierne sobre el exsecretario de Gobernación exhibe la ligereza con la que los liderazgos de la 4T abordan un caso de presunta evasión fiscal en sus propias filas.
El caso fiscal de Adán Augusto López pasó de un “pagué apenas 1.9 millones de pesos” a un “desembolso total de 22.8 millones” entre 2023 y 2024 por los ingresos (no) reportados por 79 millones. El problema es que primero minimizó sus pagos y luego se corrigió bajo presión.
Lejos de abrir la puerta a una indagatoria seria, la presidenta optó por dar por buena su palabra y cerrar el tema con una frase que suena más a protección política que a rigor institucional. El contraste es que a un ciudadano común o un empresario se le persigue hasta por discrepancias menores en sus declaraciones, mientras al círculo del poder se le otorga indulgencia inmediata.
Terrible precedente. Porque lo que debería ser un parteaguas en materia de combate a la corrupción y a la impunidad fiscal se convierte en una prueba de fuego mal resuelta. La presidenta no solo debilitó el discurso de autoridad en la recaudación, sino que dejó entrever que en su gobierno la vara seguirá midiendo distinto según quién esté del otro lado.
Posdata 3
Carlos Slim acaba de dar otro paso para consolidarse como el socio privado más importante de Pemex. Grupo Carso firmó un contrato por mil 991 millones de dólares para perforar 32 pozos en el campo Ixachi, Veracruz, a través de sus subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA N RG 1. Es un contrato de tres años con pagos financiados que Pemex empezará a cubrir hasta 2027, un esquema que refleja tanto la urgencia de la petrolera como la confianza de Slim en su capacidad de cobrar a futuro.
La apuesta no es aislada. Slim viene tejiendo desde hace años una red de inversiones que lo colocan en el centro del negocio petrolero mexicano. Está la operación de Lakach, donde firmó un contrato integral para reactivar el campo de gas en aguas profundas, con una inversión superior a mil 200 millones de dólares; y la compra de PetroBal Operaciones Upstream, que le dio acceso a los campos Ichalkil y Pokoch, fortaleciendo su brazo upstream.
A ello se suma la adquisición del 49.9% de la subsidiaria mexicana de Talos Energy, con lo que aseguró presencia en Zama, uno de los descubrimientos más prometedores del Golfo de México. Todo esto sin contar los contratos llave en mano que Carso ya ejecuta para Pemex en perforación terrestre y marina, y la pesada factura de más de 700 millones de dólares que la petrolera aún le debe.
En conjunto, estos movimientos convierten a Slim en el verdadero “salvavidas” privado de Pemex. No solo como contratista, sino como un socio que pone capital, asume riesgo y asegura producción. Con Zama, Lakach, PetroBal e Ixachi bajo su órbita, el ingeniero se perfila como el socio estratégico más sólido de la empresa productiva del Estado, en momentos en que Pemex requiere más que nunca de músculo financiero y operativo.
Posdata 4
La regiomontana RECSA, de Humberto Armenta, sigue expandiendo su huella más allá de México. Apenas un año después de haber incursionado en Colombia, la empresa suma ya un segundo país en su mapa de operaciones: Costa Rica. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) le notificó la adjudicación de un contrato por casi 14 millones de dólares para el reforzamiento y rehabilitación de seis puentes ferroviarios y la modernización de vías en la provincia de Limón .
Con este proyecto, RECSA apunta a convertirse en un jugador mexicano de clase mundial en infraestructura ferroviaria. La estrategia de Armenta pasa por demostrar músculo técnico y financiero en mercados latinoamericanos donde la inversión en transporte es clave para el crecimiento económico. La firma busca posicionarse como socio natural de gobiernos y organismos que requieren obras de gran calado en movilidad y logística.
@MarioMal