A cuatro meses de otro golpe que evidenció la fragilidad institucional de Pemex, la justicia estadounidense procesa en Texas a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, acusados de pagar sobornos en efectivo y con artículos de lujo a funcionarios de Pemex Exploración y Producción para obtener contratos por al menos 2.5 millones de dólares entre 2019 y 2021. El esquema incluyó empresas registradas en Tabasco y Campeche, y el involucramiento directo de por lo menos un alto mando de auditoría interna de PEP.
En abril pasado fueron detenidos en Utah integrantes de la familia Jensen por contrabandear combustible robado de Pemex hacia Estados Unidos. La fiscalía los vincula con una red de huachicol que habría movido casi 3 mil cargamentos ilegales, valorados en 300 millones de dólares, con apoyo de contactos dentro de la petrolera y la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aunque uno está relacionado con contratos amañados y el otro en el robo físico de combustibles, ambos comparten un mismo denominador: la complicidad interna en Pemex y la participación de redes trasnacionales. Este es un recordatorio de que la corrupción y el crimen organizado siguen encontrando fisuras en la empresa más importante de México, pese a que el discurso oficial insiste en lo contrario.
El caso de los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga involucra redes empresariales que operan desde Tabasco y Campeche, exfuncionarios con acceso privilegiado a la petrolera y un catálogo de contratos que, según la fiscalía, sirvieron para comprar y regalar relojes Hublot, bolsas Louis Vuitton y otros lujos.
Las empresas son clave para entender el entramado. Desde Villahermosa, Rovirosa controla Rmasset Advisors, Atara Management y Arrendadora Roma; y en Campeche, Ávila se ostenta como dueño de Penta Financial, Sofom ENR, y Kim Rent-a-Car. Todas estas razones sociales fueron vehículos para colocar propuestas “ganadoras” en licitaciones de PEP y asegurar adjudicaciones por al menos 2.5 millones de dólares. El intercambio eran sobornos por contratos. El monto de los “obsequios”, unos 150 mil dólares, parece menor frente a los beneficios obtenidos, pero revela uno de los modus operandi para hacer negocios en la petrolera.
Ávila no es un desconocido en esas oficinas. Fue subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP entre 2010 y 2012, sancionado en su momento por contratos irregulares y vínculos con Oceanografía. Rovirosa, por su parte, nunca ocupó un cargo en la paraestatal, pero sí tejió una red de empresas energéticas en Tabasco y Texas, operando con prestanombres desde la misma dirección en Villahermosa.
Durante el periodo de las acusaciones, Pemex estuvo bajo el mando de Octavio Romero Oropeza, y PEP pasó de la dirección de Miguel Ángel Lozada Aguilar a la de Ángel Cid Munguía en 2021. Bajo esa estructura, al menos tres funcionarios de PEP habrían recibido los sobornos. Sus nombres no han sido revelados públicamente, pero las pruebas que cita la fiscalía incluyen mensajes de WhatsApp, registros de transferencias y fotos de los obsequios.
Uno de los funcionarios implicados sería un alto mando de auditoría interna. Rosa María Gutiérrez Rodríguez era la titular de Auditoría Interna en esas fechas, cargo que dejó en enero de 2022, cuando fue sustituida por Juan Torres Gurrola.
Los contratos amarrados a través de este mecanismo incluyen servicios para carreteras y plataformas, integridad mecánica y obras estratégicas, con montos que oscilan entre los 12 y 52 millones de pesos. El detalle de los expedientes en México es escaso; el portal de Pemex Transparente no ofrece, al menos con estas razones sociales, contratos visibles, lo que alimenta la sospecha de que pudieron adjudicarse mediante filiales, consorcios u otros prestanombres.
Rovirosa fue detenido el 10 de agosto en Texas, se declaró no culpable y obtuvo libertad bajo fianza de un millón de dólares. Ávila sigue prófugo. Ambos enfrentan cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con penas de hasta cinco años por cada violación.
Todo esto ocurre en el sexenio de Claudia Sheinbaum, aunque los delitos y el crecimiento del huachicol sucedieron en el gobierno de López Obrador. Si bien el nuevo plan de negocios de Pemex que impulsa la actual administración se distancia de la política de hidrocarburos del sexenio anterior, priorizando alianzas estratégicas con empresas, disciplina financiera y diversificación, frente a la visión centralizada y nacionalista de su antecesor, la narrativa oficial de una empresa en vías de “rescate” y libre de corrupción no cuadra.
El expediente en Texas vuelve a mostrar la fragilidad de la petrolera y pone en entredicho su potencial rescate. Las viejas prácticas de sobornos por contratos siguen vivas y la pregunta inevitable es: ¿cuántos de esos funcionarios siguen hoy en sus oficinas, sembrados por la anterior administración de Octavio Romero y Marcos Herrería?
Posdata 1
La lista negra del Departamento de Justicia de Estados Unidos sumó este martes 26 nuevos nombres, todos ya trasladados en sigilo y fast track a prisiones de Estados Unidos. Entre ellos, figuras como Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, Abigael González Valencia —líder de “Los Cuinis”— y “El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada. Si bien ninguno enfrentará la pena de muerte, como parte del acuerdo de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, todos podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Es el segundo envío masivo de capos en lo que va del año, luego de los 29 extraditados en febrero.
La jugada tiene sello de Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad es hoy el principal enlace de México con Washington en materia de inteligencia, combate al crimen y cooperación operativa. En marzo viajó a la capital estadounidense para reunirse con el DOJ, el FBI y la CIA, con una agenda que incluía extradiciones exprés y golpes financieros a los cárteles. Desde entonces, en Palacio Nacional se sabía que vendrían más entregas rápidas, como lo adelanté el lunes en este espacio.
La operación llega tras la fuga de un ciudadano chino requerido por EU, Zhi Dong Zhang, la cual estuvo ligada a una decisión judicial. Por este tema es investigado el juez federal Juan José Hernández Leyva, quien ordenó su liberación argumentando supuestas irregularidades en el proceso, pese a que tenía una solicitud de extradición activa por cargos de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos.
El envío de 26 criminales requeridos por EU también se da en medio de la presión del gobierno de Donald Trump, quien sigue empujando una narrativa de “mano dura” contra el narco para lo que coquetea con una incursión de sus fuerzas armadas en el territorio nacional, lo cual ha sido rechazado tajantemente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo dicho: Harfuch acumula poder como coordinador de la estrategia de seguridad federal, mandamás en las prisiones del país, jefe del aparato de inteligencia civil y financiera, y desde hace varios meses es el rostro que Sheinbaum presenta a Washington como garantía de resultados.
Posdata 2
El gobierno federal cerró la puerta al ingreso de calzado terminado bajo el programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y, además, impondrá un arancel mínimo del 25 % más IVA a las importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México, principalmente de Asia.
La medida endurece las reglas para frenar el contrabando técnico y proteger a un sector que, entre 2019 y 2024, perdió competitividad, producción y más de 10 mil empleos formales. Todo esto se da luego de que la Secretaría de Economía modificó el Anexo I del Decreto IMMEX para incluir las partidas arancelarias 64.01 a 64.05 de la TIGIE en la lista de mercancías excluidas, sumándose a otras fracciones ya restringidas.
Los datos exponen que entre 2021 y 2024 las importaciones de calzado terminado vía IMMEX crecieron más de 24 veces en volumen y 12 veces en valor, mientras que el precio implícito cayó 19.9%. La relación exportaciones/importaciones se desplomó de 6.59 a apenas 0.88 en ese lapso, evidenciando que el esquema se usaba para colocar mercancía en el mercado interno sin cumplir con el retorno de bienes. El golpe a la industria fue tal que el PIB sectorial del calzado cayó en promedio 3.1% anual en el sexenio pasado, con bajas de 0.1% en producción y 2.8% en empleo; solo en 2024, el desplome fue de 12.8% en PIB, 12.5% en producción y la pérdida de 11 mil puestos formales.
Desde León, Guanajuato, Marcelo Ebrard defendió la decisión al señalar que no se puede “permitir que prácticas desleales pongan en riesgo miles de empleos y el futuro de una industria clave para regiones enteras del país”. Aclaró que el calzado nacional no ha perdido por falta de calidad, sino por “competencia distorsionada que abusa de las facilidades fiscales y aduaneras”. Y remató: “Esta decisión no es proteccionismo, es justicia comercial; el que quiera competir en México que lo haga en condiciones parejas”.
Posdata 3
Por más que la 4T insista en que la corrupción es cosa del pasado, en el ISSSTE, a cargo de Martí Batres, parece que la película sigue siendo la misma, solo que con nuevos protagonistas. En los últimos días, a la oficina de Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, llegó una denuncia de la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción que apunta directamente al Órgano Interno de Control del instituto.
El señalamiento es contra Luis Antonio García Calderón, actual titular del OIC, por presunta parcialidad en el proceso de licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025. Según el documento, la propuesta presentada por Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, en conjunto con Aseo Privado Institucional, fue descalificada inicialmente por incumplir requisitos esenciales de la convocatoria. Sin embargo, el funcionario habría intervenido en dos ocasiones para que se revaluara la oferta, pese a las inconsistencias detectadas por el propio ISSSTE.
Entre las irregularidades señaladas destacan la omisión de costos clave: no se incluyeron equipos para el personal, maquinaria ni insumos para el aseo. Se trata de un contrato vinculado directamente a la limpieza y asepsia de instalaciones médicas y administrativas del instituto. En otras palabras, más que un tema de papeles y licitaciones, es un asunto que podría impactar en la salubridad de miles de pacientes y trabajadores.
@MarioMal
