La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma lupa que antes aplicó sobre bancos de Asia o paraísos fiscales del Caribe. El Departamento del Tesoro y el FinCEN, la oficina de inteligencia financiera que rastrea dinero ilícito y conexiones internacionales con organizaciones criminales, están detrás de esa presión creciente.
En su fugaz visita a México, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, expresó que China es el eje central del problema. En la reunión que tuvo con los banqueros, habría pedido revisar a detalle sus nexos con sociedades ligadas a la cadena de precursores químicos del fentanilo, según fuentes que estuvieron presentes. La alerta fue que por ahí podrían venir nuevas sanciones.
En los casos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, designados por FinCEN como “instituciones de preocupación primaria en materia de lavado de dinero” por vínculos con transferencias sospechosas relacionadas con opioides sintéticos, la alerta se dio desde junio, mucho antes de las sanciones inéditas, con las cuales Estados Unidos prohibió a sus bancos mantener relaciones con las firmas señaladas y obligó a cortar ciertos flujos en dólares y en criptoactivos. La consecuencia inmediata fue la intervención temporal de sus negocios fiduciarios, que pasaron a ser administrados temporalmente por la banca de desarrollo mexicana y después a manos de otras instituciones privadas.
Documentos internos consultados por firmas legales estadounidenses señalan que las autoridades mexicanas fueron notificadas tres meses antes de la decisión. Esa línea coincide con lo que Hurley habría comentado a puerta cerrada, sobre que sí hubo margen para actuar, pero la respuesta fue insuficiente.
La otra pieza de esta historia es la Unidad de Inteligencia Financiera. En el Tesoro fue muy bien recibido el cambio de liderazgo en la UIF. “Harfuch understands”, reconocen en Estados Unidos en alusión a la relación de confianza con su contraparte estadounidense. El mensaje es que México tiene la oportunidad de mostrar que su sistema financiero no es el eslabón débil en la guerra contra el fentanilo.
Lo que tampoco se ha dicho en México es que FinCEN prepara, para fin de año, un informe de tipologías que incluye nombres de intermediarios chinos con operaciones de corresponsalía en bancos mexicanos. No se trata solo de los grandes laboratorios sancionados por la OFAC —como Guangzhou Tengyue—, sino de sociedades pantalla que mueven volúmenes pequeños, apenas perceptibles, pero que sumados financian toneladas de químicos que terminan en manos de los cárteles. La instrucción a los banqueros del país es revisar proveedores, contratos, fideicomisos, incluso líneas de crédito corporativo aparentemente legítimas.
El riesgo de sanciones secundarias es real. Cualquier institución financiera que mantenga relaciones con las entidades mexicanas ya señaladas puede ser incluida indirectamente en la red de prohibiciones, lo que significaría quedar fuera del sistema internacional de pagos en dólares. Para un banco mediano o una casa de bolsa mexicana, eso equivale a la muerte operativa.
Además, el Tesoro ha ampliado la presión a la cadena logística: aduanas, transportistas, exportadores de químicos y agentes de carga. No basta con sancionar bancos, dicen en Estados Unidos; el negocio del fentanilo se mueve por aire y mar, disfrazado de comercio lícito y la batalla se gana con controles reales en puertos y cruces fronterizos.
Así que hoy más que nunca es imperativo fortalecer a la UIF, judicializar casos con pruebas concretas y promover la autorregulación de las instituciones financieras, pues el riesgo de que Estados Unidos escale sanciones hacia funcionarios, empresarios y empresas mexicanas, como ya lo ha hecho con actores de Colombia o Venezuela, está más que latente. Sería terrible que el país terminara en la lista gris del GAFI, lo que encarecería financiamiento internacional, afectaría corresponsalías y golpearía la reputación de todo el sector.
Este es el nuevo panorama para el sistema financiero mexicano; y para sus supervisores y reguladores. De todo esto tendría que surgir un sector mucho más seguro y confiable para todos. Ojalá que así sea.
Este lunes, la Secretaría de Marina, la SICT y el SAT firmaron un acuerdo para “fortalecer el combate al contrabando”. La Carta Porte digital, un instrumento creado por el SAT en 2022, acumula más de mil 510 millones de registros con complemento al 31 de agosto de 2025, emitidos por 140 mil contribuyentes, aunque hasta ahora ha generado más dolores de cabeza a transportistas y empresas que resultados tangibles contra el contrabando. Y es que, pese a que se emiten 350 CFDI por segundo, el negocio ilícito sigue fluyendo por aduanas, carreteras y aeropuertos.
El almirante Raymundo Pedro Morales (Semar) habló de “dar mejores condiciones de seguridad al movimiento de mercancías”; Jesús Antonio Esteva (SICT) lo calificó como un avance en planeación de movilidad integral; y Antonio Martínez Dagnino (SAT) celebró que se refuerce el Estado de Derecho. Sin embargo, persiste la duda sobre si con toda la trazabilidad digital y la militarización de aduanas no se ha logrado frenar el contrabando, ¿por qué ahora sí funcionará este nuevo pacto interinstitucional?
A ello se suma la inminente reforma a la Ley Aduanera, que busca endurecer la fiscalización de los despachos. Según reveló ayer EL UNIVERSAL en su columna Bajo Reserva, entre los cambios se contempla la creación de un Consejo Aduanero con facultades para autorizar o rechazar permisos, dar mayores atribuciones a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en inspección, fiscalización, vigilancia y recaudación, así como obligar a los agentes aduanales a presentar su evolución patrimonial. Y otro dato de alto voltaje: los militares estarían empezado a salir de las aduanas, siendo reemplazados gradualmente por civiles, en un intento por “recuperar el control”.
La transición, sin embargo, no sería inmediata. En el mejor escenario, regresar el control civil en las aduanas terrestres, hoy bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, y en las marítimas, en manos de la Marina, tomaría la primera mitad del sexenio, entre rediseñar la estructura operativa, profesionalizar cuadros civiles y reconstruir la confianza con el sector privado. Fue un error estratégico del expresidente López Obrador, advertido desde 2019 por su entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, militarizar aduanas y puertos bajo la promesa de combatir la corrupción, lo que terminó generando mayor opacidad y dependencia. Ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que administrar el costo político y operativo de intentar devolverlas a los civiles.
El asesinato de los colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, “Regio Clown”, en México, derivó en un inusual roce diplomático teñido de simbolismo político. En su primer mensaje en X, Gustavo Petro no solo pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum redoblar esfuerzos para localizarlos con vida, sino que la llamó “mi amiga y compañera de lucha desde el M-19”. La frase desató la polémica en ambos países; en Colombia porque reavivó la memoria del grupo guerrillero en el que Petro militó, y en México porque colocó a Sheinbaum en un terreno histórico y político que al parecer nunca le correspondió.
Los cuerpos de los dos jóvenes aparecieron sin vida y, con ello, el tono de Petro cambió radicalmente. En un segundo mensaje responsabilizó a la “estúpida política militar y prohibicionista, llamada guerra contra las drogas” de fortalecer a las mafias internacionales. El presidente colombiano buscó trasladar el debate de un caso criminal hacia una crítica global de la estrategia antidrogas impulsada desde Estados Unidos y replicada en la región latinoamericana.
La respuesta de Sheinbaum fue cuidadosa. Ordenó a su gabinete de seguridad redoblar las investigaciones para esclarecer el crimen y enviar un mensaje de colaboración al gobierno colombiano. Lo hizo en tono institucional, evitando confrontaciones y subrayando el compromiso de México con la justicia. Para la presidenta mexicana era vital no solo controlar la narrativa de violencia que golpea su gobierno, sino también proteger la relación política con Petro, uno de los pocos aliados internacionales que comparte su orientación ideológica.
La revocación de la licencia a CAME, la microfinanciera con casi tres décadas de historia, marca un punto de quiebre para el sector popular en México. La CNBV aseguró que la decisión fue inevitable por incumplimientos graves, al tiempo buscó mandar un mensaje de tranquilidad, al asegurar que 99% de los clientes podrá recuperar su dinero gracias al Fondo de Protección, un mecanismo que pocas veces se ha puesto a prueba a esta escala.
Lo relevante es que este episodio vuelve a exhibir la fragilidad de muchas entidades financieras no bancarias que crecieron al amparo de la necesidad de crédito de millones de familias y pequeños negocios. En tiempos de tasas altas y de competencia feroz por captar recursos, los errores de gestión y los malos incentivos terminan cobrando factura.
El golpe de CAME no es insignificante para el sistema, pues llegó a administrar más de 400 mil cuentas y a operar en 30 estados. El proceso de devolución de ahorros implicará una logística compleja y el reto de que los clientes realmente confíen en los mecanismos de protección, en un país donde la cultura financiera sigue siendo débil y la memoria de fraudes pasados está fresca.
El Segundo Informe de Gobierno de Delfina Gómez estuvo marcado por cifras económicas, el anuncio de un programa de bacheo y por la presencia de algunos exgobernadores sentados en las primeras filas, como Arturo Montiel y Eruviel Ávila.
Ingresos estatales récord por 354 mil millones de pesos, un presupuesto de egresos para 2025 de más de 388 mil millones, con un incremento del 44% en gasto social, y una deuda en niveles bajos de 6 mil 790 millones para servicio. También habló de la captación de 2 mil 643 millones de dólares de inversión extranjera directa, la segunda más alta del país, y la creación de más de 120 mil empleos formales en dos años.
Llamó la atención el reconocimiento sobre que los baches siguen siendo un “dolor de cabeza” en el estado más poblado del país. La gobernadora prometió un programa estatal de bacheo al concluir la temporada de lluvias y anunció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que entregará trenes de pavimentación a municipios de Morena en la zona metropolitana.
Además de los exgobernadores mexiquenses, entre los invitados estuvieron el secretario de Educación, Mario Delgado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.
@MarioMal