El intento de censura en México alcanzó otro nivel: ahora se paga con desplegados millonarios en los principales medios del país. Así apareció el “aviso público” de Grupo Vidanta, firmado por su apoderado legal Raúl Cruz Peña, en el que me acusa de mentir y anuncia una demanda por “difamación”. No es una aclaración, es un intento de intimidación de uno de los grupos empresariales más poderosos de México, con resorts de lujo y campos de golf que presumen glamour hacia afuera, pero que hacia adentro exhiben la peor práctica de los poderosos: callar al periodismo con litigios y presiones políticas. Se trata de un ataque directo contra la libertad de expresión, de un golpe orquestado desde el dinero y la influencia política para borrar con amenazas lo que no pudieron desmentir con hechos.

El poderoso grupo empresarial me señala de mentir con relación a un tema que involucra una cifra de 30 mil millones de pesos, cuando en realidad lo único que reporté fue un hecho verificable, corroborado por distintas fuentes y confirmado en el propio comunicado de Vidanta: existe un vínculo familiar entre un accionista de Kapital Bank y la familia de Daniel Chávez Morán, fundador de Vidanta. La empresa lo admite, con lenguaje altisonante, al describir al accionista como sobrino de la exesposa de Chávez Morán. El divorcio ocurrió hace 30 años, argumentan. Pero ese es precisamente el punto: yo no inventé, no fabulé, no especulé. Reporté un parentesco que la propia compañía reconoce.

La estrategia no es nueva. La intimidación legal ha sido un recurso recurrente del apoderado Cruz Peña, cuya pluma ha firmado en Baja California Sur cartas intimidatorias contra autoridades locales en medio del conflicto del camino costero de East Cape. Su estilo es el mismo: advertencias, presiones y acusaciones contra quienes cuestionan al emporio turístico. Es el manual clásico de los grupos económicos que confunden influencia con derecho a controlar la verdad.

Lo que hace distinto a este episodio es la magnitud del aparato que se despliega detrás. Grupo Vidanta no es un jugador menor. Sus resorts en Nuevo Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco y Puerto Vallarta lo colocan como un gigante del turismo. Estimaciones históricas lo ubican en ingresos anuales superiores a los 750 millones de dólares, aunque como empresa privada nunca ha transparentado sus estados financieros ni utilidades. Su dueño, Daniel Chávez Morán, no sólo construyó un imperio de tiempos compartidos y resorts de lujo; también fue asesor de Andrés Manuel López Obrador y supervisor honorario del Tren Maya. Su cercanía con la 4T es pública, y esa influencia desequilibra la cancha cuando decide amenazar a un periodista. El mensaje es doble: Vidanta no sólo es un jugador económico, también es un actor con conexiones políticas que hacen que sus advertencias suenen más fuertes.

El timing de esta ofensiva tampoco es casual. En marzo de 2024, The New York Times publicó una investigación que documentó cómo el CJNG expandió su negocio de fraudes con tiempos compartidos en México, un esquema en el que Vidanta apareció mencionada como empresa de la que se habían filtrado datos sensibles de clientes, según fuentes del FBI. El diario consignó que Vidanta no respondió a sus solicitudes de comentario. Es decir, frente a la prensa internacional y frente al gobierno de Estados Unidos, el silencio; frente a un periodista mexicano, la amenaza de una demanda. A los primeros no se atreven a demandarlos; al segundo, buscan asfixiarlo en tribunales.

El contexto es aún más delicado. El Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, ha emitido alertas de viaje para destinos turísticos donde Vidanta tiene operaciones, mientras que el FBI y el Departamento del Tesoro han encendido focos rojos sobre fraudes de tiempos compartidos vinculados a cárteles. En junio pasado, el consulado de Estados Unidos en Guadalajara alertó de secuestros ligados a aplicaciones de citas en Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit. Todo esto sucede en el mismo ecosistema turístico en el que Vidanta reina. ¿Demandarán también a las agencias de seguridad estadounidenses? ¿O la furia judicial está reservada para la prensa mexicana?

Lo digo con claridad: no me retracto. Reporté un hecho, lo corroboré con fuentes y lo publiqué como corresponde a un periodista. Si la respuesta es un aviso público con tono de sentencia, mi respuesta será periodismo. Y también será elevar la voz ante quienes deben saber que aquí se persigue a quienes informamos: al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; al embajador en México, Ronald Johnson; al secretario del Tesoro, Scott Bessen; a la titular del FinCEN, Andrea Gacki; y a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. El asedio a la prensa en México no es un tema local, es un asunto internacional de derechos humanos.

La coincidencia de esta amenaza es alarmante: justo cuando el Poder Judicial está a punto de transformarse con nuevas reglas, nuevos jueces y nuevos equilibrios. La tentación de usar la ley como arma política y económica contra periodistas nunca había sido tan grande.

Que no se olvide: Vidanta no sólo es una empresa de resorts y campos de golf. También es un corporativo que ha enfrentado escándalos por fraudes de tiempos compartidos, por sus presiones en Baja California, por su cercanía con el poder político, y ahora por amenazar a periodistas por cumplir con su deber. La historia pondrá a cada quien en su lugar. Frente al poder económico y político, yo seguiré respondiendo con lo que sé hacer: periodismo.

Posdata 1

Este no es un pleito contra Kapital Bank. Su irrupción en el sistema financiero ha estado marcada por operaciones de rescate que no cualquiera hubiera asumido: primero con Autofin, en un proceso complejo que requirió capital fresco y solvencia, y más recientemente con la adquisición de activos de Intercam, una operación que podría redefinir su peso en la banca mediana mexicana.

Kapital participó en un concurso supervisado por autoridades financieras del país, como la Secretaría de Hacienda, la CNBV, Banxico y el IPAB. Se trató de un procedimiento transparente, con reglas claras y supervisión institucional. Ganaron “por las buenas”, como se dice en el argot, en un mercado donde abundan las suspicacias y las operaciones discrecionales.

Por eso conviene precisarlo: la controversia aquí no es con el banco ni con sus operaciones. El punto de fondo es la manera en que un grupo turístico intenta manipular un parentesco para judicializar la crítica periodística. Kapital Bank tiene su propia historia dentro del reacomodo financiero del país; lo que está bajo la lupa es el uso del poder económico y político para acallar al periodismo.

Posdata 2

La construcción sigue siendo el talón de Aquiles de la economía mexicana. En junio de 2025, el valor de la producción repuntó apenas 0.9% mensual, pero en la comparación anual se desplomó 18.2%, confirmando que el sector no logra levantar.

El empleo también resiente la contracción. El personal ocupado total cayó 11.2% anual, con los obreros como los más golpeados (−14.4%), mientras las horas trabajadas retrocedieron 12.5%. El único respiro vino de los llamados “otros trabajadores” —propietarios y familiares no remunerados— que crecieron 13.6% anual, un síntoma más de informalidad que de recuperación real.

En las remuneraciones, la fotografía es igualmente desigual: los salarios de los obreros subieron 0.4% mensual, pero los de empleados administrativos y de dirección cayeron 1.5%, dejando un balance negativo en el año.

El contraste expone ligeras mejoras en el margen, pero un deterioro estructural profundo. La construcción, que debería ser uno de los motores de inversión y empleo, sigue apagada, con menos trabajadores, menos horas y menor producción.

Posdata 3

El ISSSTE respondió a la columna publicada ayer en este espacio. Expuso que la licitación pública para el servicio de hemodiálisis, valuada en casi mil millones de pesos, “no tiene empresa favorita y se rige por un estricto apego a la Ley de Adquisiciones”. Los criterios, expuso, son técnicos, “de continuidad del servicio sin interrupciones, cobertura total de insumos, capacidad financiera y respuesta inmediata ante contingencias”.

Lo expuesto este miércoles es que entre las cuatro empresas concursantes, Fresenius Medical Care encabeza las propuestas, pese a su historial de sanciones: inhabilitada por la Función Pública en 2016, multada en 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con 231 millones de dólares por corrupción en 17 países, incluido México, y señalada por evasión fiscal millonaria en Europa.

Así, mientras el ISSSTE habla de transparencia, rigor técnico y compromiso con los derechohabientes, los pacientes denuncian falta de insumos, sesiones canceladas y equipos sin mantenimiento. La licitación que se define este jueves será una prueba de fuego para la administración de Martí Batres y su director Médico, Gustavo Reyes Terán.

@MarioMal