Este lunes el Consejo General del INE deberá aprobar los dictámenes de fiscalización de las elecciones judiciales y las que se llevaron a cabo en Durango y Veracruz. El órgano que preside Guadalupe Taddei deberá proponer sanciones por irregularidades en ingresos y gastos relacionados con el uso indebido de recursos y omisiones en reportes.
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá que resolver todos los juicios electorales antes del 28 de agosto, en particular los relacionados con la elección de candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales colegiados y juzgados federales.
Tras estos procesos vendrá la declaración de validez. El TEPJF deberá dictaminar sobre todas las elecciones menos los dos cargos de la Sala Superior del Tribunal que también fueron votados en las elecciones del pasado 1 de junio, por lo que en este caso será la SCJN la que resuelva las controversias.
Asimismo, están pendientes varias designaciones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales serán una especie de compensación para actores relevantes que participaron en el desaseado proceso de elección judicial.
La Sala Superior del TFJA, encargada de resolver controversias fiscales y administrativas del más alto nivel, presenta al menos cuatro vacantes críticas derivadas de la conclusión de los periodos de los magistrados Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Juan Manuel Jiménez Illescas, Nora Elizabeth Urby Genel y Alfredo Salgado Loyo, cuyas designaciones expiraron entre 2023 y 2024. Estas posiciones no sólo siguen sin cubrirse, sino que han sido retenidas como moneda de cambio en las negociaciones entre Poder Ejecutivo, Senado y grupos internos del Tribunal.
A ellas se sumará el vencimiento, en febrero de 2026, del nombramiento del magistrado Carlos Mena Adame, lo que abrirá otra vacante estratégica en un tribunal que enfrenta una creciente presión por la judicialización de temas fiscales, energéticos y de contrataciones públicas.
Las vacantes no están solamente en la Sala Superior. Hay muchas más magistraturas numerarias y supernumerarias pendientes de ser designadas.
Además, existe una suspensión vigente para la entrega de una magistratura cuyo nombramiento ya concluyó. Esto eleva el número total de espacios vacantes o en riesgo de quedar acéfalos a más de 40, una cifra que no se había visto desde el rediseño del sistema administrativo federal en los años 90.
En la Tercera Sección, encargada de los temas disciplinarios y de responsabilidades administrativas, hay una vacante abierta que se suma a las ya cubiertas por Julio Ángel Sabines Chesterking y Natalia Téllez Torres Orozco, cuyos periodos concluyen en 2036.
La combinación de estos factores ha provocado una intensa movilización de operadores políticos y legislativos. Algunos nombres ya suenan en el Senado como posibles beneficiarios de estas designaciones. Se trata de exfuncionarios del SAT, operadores jurídicos de la 4T y hasta exconsejeros electorales.
Todo esto ocurre mientras se discute el Paquete Económico 2026, sin claridad aún sobre cómo impactará la política de austeridad prometida por la presidenta Claudia Sheinbaum en los tribunales administrativos. El riesgo es que el TFJA entre a ese debate sin dirección colegiada ni definición interna.
Posdata 1
En medio del proceso de renovación del Poder Judicial, la ministra Lenia Batres y el grupo político que la respalda –entre ellos su hermano, el exjefe de Gobierno y actual titular del ISSSTE, Martí Batres, así como el exvocero presidencial y actual coordinador de Asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez– estarían buscando descarrilar a Hugo Aguilar para que no asuma la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre.
El argumento central del bloque liderado por Batres es que la nueva etapa del Poder Judicial, marcada por la elección popular de jueces y magistrados, debe iniciar con una mujer al frente de la Corte, como un gesto simbólico y político que fortalezca la legitimidad del proceso. Para concretar ese objetivo, el grupo ya puso en marcha una estrategia en tres frentes:
Impulsar un recurso legal que permita frenar o cuestionar la designación de Aguilar. Buscar respaldo del Ejecutivo Federal, apelando al discurso de paridad de género y transformación institucional promovido por la presidenta Sheinbaum, y cabildear directamente con jueces y magistrados electos, con quienes han sostenido cenas privadas y reuniones de coordinación desde hace al menos dos semanas, con el propósito de generar un bloque de apoyo que impulse la alternativa de una presidencia femenina.
Posdata 2
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, reiteró este domingo que no se pospondrá el cobro de aranceles anunciado por el presidente Donald Trump, por lo que entrarán en vigor el próximo 1 de agosto, sin excepciones y sin posibilidad de prórrogas ni periodos de gracia.
De no lograrse un acuerdo antes de dicha fecha, la medida afectaría a las exportaciones de países como México, Canadá, Brasil, Corea del Sur, entre otros, con tarifas que oscilan entre el 30% y el 50%, dependiendo del país y del sector involucrado.
El objetivo es presionar a los socios comerciales a firmar acuerdos bilaterales más favorables para Estados Unidos. Así ha ido ganando terreno Trump, por ejemplo, con la Unión Europea. Este fin de semana el presidente estadounidense anunció un acuerdo comercial que impone un arancel general del 15% a las exportaciones europeas.
El pacto pone fin a meses de tensiones entre ambas potencias y evita una guerra comercial que amenazaba con golpear la economía global. La negociación fue liderada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se reunió este fin de semana con Trump en su residencia de Escocia.
Asimismo, se espera que este lunes funcionarios de Estados Unidos y China reanuden el diálogo en Estocolmo, con el objetivo de prolongar la actual tregua arancelaria.
Sobre México, la presión y la incertidumbre son de corto y mediano plazo: los aranceles previstos para agosto, que se sumarían a los que ya están vigentes en productos como el acero, el aluminio y los automóviles, y la renegociación del TMEC, a mediados del próximo año.
Posdata 3
Terrible, la violencia en Veracruz, y también los comentarios de la gobernadora Rocío Nahle respecto al secuestro y muerte de Irma Hernández, una mujer de 62 años que fue “levantada” frente a su taxi en Álamo Temapache, Veracruz, por negarse a pagar el “cobro de piso”.
En un video publicado en las redes sociales se le ve obligada por hombres armados a enviar un mensaje: “Con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen sus cuotas o terminarán como yo”. Seis días después, su cuerpo fue encontrado en un rancho a unos 40 km del lugar del secuestro tras un operativo conjunto del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal.
Y como si no fuera ya demasiada tragedia, la gobernadora Rocío Nahle sugirió que Irma Hernández murió de un infarto provocado por la violencia física sufrida durante el secuestro, y no por agresión directa de sus captores. “Fue violentada… nos están indicando los forenses que, a raíz de esta violencia, le dio un infarto”, expresó.
Al desafortunado comentario de Nahle, activistas feministas y defensores de derechos humanos cuestionaron que la morenista minimice el caso como un “infarto” en lugar de reconocerlo como un asesinato vinculado al crimen organizado y a la violencia de género.
Urge apresurar la iniciativa que plantea una reforma al marco jurídico en materia de extorsión en México, de manera que sea incluido en el catálogo de delitos federales prioritarios. Con ello, la extorsión sería perseguida de oficio, con un enfoque coordinado en prevención, sanción y protección a las víctimas. Se espera que la discusión pública y el análisis legislativo se realicen durante agosto y se someta a votación formal a partir de septiembre de 2025.
@MarioMal
