La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) arranca en un contexto mucho más complejo que el de su firma en 2018. Hoy el comercio mundial se encuentra marcado por la guerra económica entre Estados Unidos y China, el regreso de medidas proteccionistas y la búsqueda de Donald Trump de reequilibrar las cuentas con sus principales socios comerciales. Para México, que en el periodo enero-julio de 2025 se consolidó como el primer socio de Estados Unidos con exportaciones por 310 mil millones de dólares, dentro de un comercio bilateral que supera los 450 mil millones en ese lapso, las consultas públicas que se abrieron este mes son apenas el inicio de un proceso que se anticipa difícil y desgastante.
Ayer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que este miércoles se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las bases para las consultas públicas sobre la revisión del tratado. Dichas consultas se llevarán a cabo hasta enero de 2026 y permitirán la participación de sectores productivos y ciudadanos, en un ejercicio que México coordina con Estados Unidos y Canadá. Con ello, arranca formalmente la etapa preparatoria de la renegociación y se establece un calendario que servirá como hoja de ruta política y técnica en los próximos meses.
El arranque de esta revisión ocurre junto con la decisión del gobierno mexicano de imponer aranceles de hasta 50% a productos provenientes de China y de países con los que no existen acuerdos comerciales vigentes. Esa medida, defendida por la Secretaría de Economía como una acción para proteger a la industria nacional, envía una señal doble: por un lado, la voluntad de alinearse con Estados Unidos en su guerra comercial contra China; y por el otro, el riesgo de tensar la relación con un socio que en los últimos años ha incrementado su inversión y presencia en México.
En esta columna revelé que Ebrard ha puesto sobre la mesa la reducción del superávit comercial que tiene México con Estados Unidos, especialmente en sectores como automotriz, acero, aluminio y agroalimentario. En paralelo, la administración Trump ha endurecido su postura en industrias como la aeronáutica, obligando a Aeroméxico y Delta a desmantelar su alianza a partir de enero de 2026, y mantiene la amenaza de imponer aranceles inmediatos a distintos productos si no se avanza en concesiones. Se trata de una estrategia consistente con lo que ha hecho con la Unión Europea y China, en cuanto a presionar hasta el límite para obtener concesiones.
En ese escenario, México enfrenta una negociación difícil no solo por las asimetrías económicas sino por la presión política. Trump necesita mostrar victorias rápidas en comercio exterior y el TMEC se ha convertido en un objetivo clave. Lo que está en juego no son solo capítulos específicos del tratado, sino la relación de confianza que ha permitido que Norteamérica opere como un bloque competitivo frente a Asia y Europa. México llega con la ventaja de su integración en las cadenas de suministro estadounidenses, pero con vulnerabilidades como la dependencia de las exportaciones automotrices, la presión sobre la política energética y la disputa por las reglas de origen.
El equipo mexicano que participe en estas rondas será determinante. Por Economía estarán Ebrard y su subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, con experiencia en misiones comerciales y negociaciones bilaterales. La Secretaría de Relaciones Exteriores sumará al canciller Juan Ramón de la Fuente, que servirá de enlace diplomático, mientras que Hacienda, encabezada por Edgar Amador, tendrá un rol crucial en el análisis de impacto fiscal de eventuales concesiones. No menos importante será la participación de la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch, que tendrá que atender la creciente presión de Estados Unidos para que se refuercen las medidas contra el contrabando y el narcotráfico en la frontera. La Sader se alista también para defender al campo mexicano de posibles restricciones.
En el llamado “cuarto de junto” estarán empresarios y representantes de la iniciativa privada, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial y su presidente, Francisco Cervantes. También participarán cámaras del sector automotriz, acerero, textil y agroalimentario, debido a que sus intereses estarán en la mesa de negociación. A diferencia de 2018, cuando México llegaba a la mesa con un frente empresarial dividido, hoy hay mayor cohesión, aunque persisten tensiones internas sobre qué sectores deberían ceder más para preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense.
La expectativa es que el proceso no sea rápido. El calendario político en Estados Unidos y México juega en contra. Trump necesita resultados antes de las elecciones de medio término de 2026, mientras que Claudia Sheinbaum enfrenta presiones internas para no ser vista como un gobierno que cede demasiado. Por lo pronto, entre las cinco propuestas de Ebrard para reducir la brecha comercial con Estados Unidos están aumentar la compra de gas natural y productos agrícolas, pero estas medidas podrían no ser suficientes para satisfacer a la administración Trump.
Más allá de los temas inmediatos, lo que se discuta en esta renegociación marcará el futuro del bloque norteamericano en la siguiente década.
Posdata 1
En un inédito discurso en el desfile militar del 16 de septiembre, el secretario de Marina, Raymundo Morales, no pudo evitar hablar sobre la crisis que golpea a la institución. Con frases de autocrítica poco comunes en ceremonias castrenses, y en medio de silencios incómodos, el almirante secretario se sinceró: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”, dijo en reconocimiento de que algunos marinos están involucrados con redes de huachicol fiscal y con grupos criminales, incluidos ni más ni menos que los sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda.
La estrategia de contención de crisis ya se había revelado hace días y consiste en repetir un mismo eje discursivo: “Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”. Con esas palabras, Morales busca deslindar a su administración de los escándalos que le estallaron en la cara, como si fueran solo herencia de su antecesor. El problema es que varios de los marinos señalados y muertos en circunstancias extrañas cayeron durante su gestión, y sin la presión de Estados Unidos y de las autoridades mexicanas difícilmente se habría dado el “golpe de timón” con el que intentó justificar su discurso de este martes.
El momento más relevante fue cuando entonó en la plancha del Zócalo una frase que resonó como promesa y advertencia: “Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor de un pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento.” Con esas palabras, Morales buscó transmitir que no habrá intocables dentro de la Marina, ni siquiera entre los mandos más cercanos a anteriores administraciones. La frase también puede leerse como un deslinde personal frente a la herencia de Rafael Ojeda y los escándalos de sus sobrinos. Una sentencia fuerte que, sin embargo, enfrenta la prueba de los hechos: ¿caerán todos los involucrados en los ilícitos, o solo algunos, mientras otros serán protegidos por los pactos de poder dentro de la Armada?
Las palabras de Morales quedaron grabadas, pero los hechos irán marcando su verdadero alcance. Puede ser el inicio de un proceso de limpieza real en la Marina, o simplemente el manual de contención para una crisis de pronóstico reservado.
Posdata 2
Hace uno meses revelé en esta columna que entre los principales candidatos que impulsaba el entonces secretario Rafael Ojeda para sucederlo al frente de la Marina estaban Julio César Pescina Ávila, Alfredo Hernández Suárez y César Carlos Preciado Velázquez. Todos pertenecían a su círculo más cercano, con cargos de alto perfil dentro de la Armada. Finalmente, quien se quedó con el puesto fue Raymundo Pedro Morales Ángeles, hasta entonces director del Corredor Interoceánico. La decisión, según diversas versiones, se inclinó por Morales gracias al empuje de la propia Claudia Sheinbaum y de asesores civiles que buscaban un perfil menos expuesto a los señalamientos de corrupción que ya arrastraba el grupo de Ojeda.
El rompimiento entre Morales y Ojeda se fue gestando desde el inicio de la nueva administración, pero se agudizó con los escándalos del huachicol fiscal y la muerte sospechosa de marinos vinculados a las investigaciones. Como se apuntó ayer, Morales trató de cubrir con opacidad los contratos irregulares y las complicidades heredadas para no manchar la imagen de la institución.
Los perfiles que Ojeda promovía tenían su propio historial. Pescina Ávila, subsecretario de Marina desde mayo de 2024, fue señalado en columnas y análisis militares como parte de los oficiales bajo sospecha en la red de huachicol, aunque nunca ha sido procesado formalmente. Hernández Suárez, exjefe del Estado Mayor, había estado al frente de inteligencia naval y fue colocado como uno de los oficiales con posibles responsabilidades en el entramado de combustible ilegal. Y Preciado Velázquez, oficial mayor, fue expuesto en investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción por contratos millonarios adjudicados de forma directa, como el de 223 millones de pesos para una unidad naval en Dos Bocas.
Si alguno de ellos hubiera llegado a la Secretaría quizá la cloaca no se habría destapado tan fácil. La Marina habría seguido operando bajo el mismo esquema de solapar irregularidades y de administrar el silencio sobre la corrupción y la posible vinculación criminal de algunos mandos. Morales, con menos peso dentro del grupo de Ojeda, fue presentado como la carta de la renovación, pero la realidad lo alcanzó y ahora tiene el viento en contra.
Posdata 3
“Compañeros, queremos alertarles sobre una nueva medida que afectará directamente a nuestros negocios y a nuestros clientes: el gobierno ha decidido aumentar el impuesto a los refrescos en un +87%”, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) en un comunicado difundido este martes. El incremento, que llevaría el IEPS aplicado a las bebidas azucaradas hasta 3.4 pesos por litro a partir de 2026, representa, según la organización, un golpe severo para la economía de las tienditas de barrio y para los bolsillos de las familias mexicanas.
En la Cámara de Diputados se anticipa un fuerte cabildeo de la industria refresquera y de alimentos para frenar o matizar la medida. El argumento empresarial es que el impuesto no ha logrado reducir la obesidad ni la diabetes desde su implementación en 2014, cuando se introdujo por primera vez, y que en la práctica se ha convertido en una herramienta meramente recaudatoria. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal defienden la propuesta con un doble discurso: mejorar la salud pública y, al mismo tiempo, apuntalar los ingresos tributarios en un año complicado.
La ANPEC recordó que en ocasiones pasadas estos impuestos redujeron las ventas de las tiendas hasta en 10%, con pérdidas de entre 25 y 30 millones de pesos. Incluso advierte que entre 105 mil y 315 mil comercios estarían en riesgo directo de cierre, lo que anticipa un debate legislativo intenso. Todo indica que la discusión sobre el IEPS a refrescos y cigarros será una de las más controvertidas en las próximas semanas.
@MarioMal