La salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) marcó un parteaguas para esta dependencia, que fue una de las más visibles y poderosas durante la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El aterrizaje de Pablo Gómez al frente de la UIF, además de que le ha bajado el perfil, también ha reducido de forma importante las denuncias y congelamiento de cuentas de personas relacionadas con presuntos delitos financieros.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, está a punto de liberar unos 20 mil 600 millones de pesos que se encuentran en juicios de amparo por acuerdos de bloqueo concretados desde 2019, los cuales caminan hacia una resolución favorable para los particulares, quienes pronto podrían salir de la temible Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
Entre los nombres de los personajes que durante las últimas semanas han salido victoriosos de sus batallas contra la UIF están el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval; el pederasta líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, involucrado en la investigación por recursos ilícitos que se sigue contra su hermano Francisco Javier.
Todos han obtenido suspensiones en tribunales con base en la jurisprudencia número 2ª./j.46/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dicta que los bloqueos realizados por la UIF son constitucionales sólo cuando se realizan para cumplir compromisos internacionales, conforme a la interpretación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La tesis de la Corte es conocida como “la jurisprudencia de Medina Mora”, porque es la culminación de una serie de resoluciones que el ministro en retiro, Eduardo Medina Mora, diseñó y oficializó para quitarle dientes a la oficina encargada de detectar y combatir el lavado de dinero, justo en los tiempos en que el equipo cercano a Enrique Peña Nieto consideraba ya inevitable la victoria de Andrés Manuel López Obrador.
Por estas acciones y por operaciones financieras irregulares de personas físicas y morales vinculadas con el ministro —entre ellas la empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV—, es que el ministro Medina Mora fue ingresado a la LPB en tiempos de Santiago Nieto, y después, cuando presentó su renuncia ante la Suprema Corte, retirado de la misma, tal como lo informamos en su momento de manera exclusiva en esta columna.
Santiago Nieto y su equipo jurídico habían encontrado la vía para seguir combatiendo el flujo de recursos ilícitos aun con esta jurisprudencia, pues el criterio que se logró generar en los juzgadores era que cualquier investigación o acuerdo de bloqueo relacionado con actividades de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo es vital para cumplir con todos los compromisos y convenios internacionales que permiten a México estar en el GAFI.
Asimismo, durante los primeros tres años del sexenio de AMLO se estableció una intensa colaboración con las agencias de inteligencia estadounidenses, como el FBI y la DEA, con lo que se concretaron 380 acuerdos de bloqueo que involucraron a 6 mil 529 sujetos, la mayoría de ellos vinculados con el crimen organizado. En 2022, durante la gestión de Pablo Gómez, sólo hubo 21 acuerdos para bloquear a 169 personas, aunque se desbloquearon a dos mil 26.
Para inicios de 2023, la UIF de Pablo Gómez enfrentará casi 600 nuevos amparos acumulados durante el año que termina, no obstante, la prioridad del también redactor de la reforma electoral del presidente López Obrador seguirá siendo la planeación del nuevo sistema electoral, es decir, del desmantelamiento del INE.
POSDATA
Los seis ministros de la Corte que se fueron de vacaciones hoy no pueden conciliar el sueño dados los acontecimientos recientes que han cambiado radicalmente el sentido de los votos. Los otros cinco que siguen cabildeando su candidatura operan a marchas forzadas.
