Otra vuelta de tuerca más. De nuevo apretando el puño. Y, una vez más, socavando una buena parte de los derechos y de las libertades individuales de sus compatriotas. Así gobierna, desde hace ya casi 7 años, el presidente de El Salvador Nayib Bukele. Y el caso es que todavía ostenta unos índices de popularidad y de aprobación ciudadanas realmente elevados.
¿Y qué ha pasado en los últimos días para que nos sigan sorprendiendo los métodos del presidente centroamericano? En primer lugar el macrojuicio. Emulando e imitando -dicho por él mismo- los famosos juicios de Nuremberg que, a mediados del siglo pasado procesaron a los líderes supervivientes del Tercer Reich alemán, Bukele ha sentado a 486 miembros de la famosa Mara Salvatrucha (o M-13) para juzgarlos por 47 mil delitos presuntamente cometidos entre 2012 y 2022.
Así como se lee. Juicio en masa, a borbotón, por kilo si me apuran. Sentados y alineados los reos escuchan y ven en una macropantalla como son procesados por la Fiscalía General de la República, todo ello en el Centro de Reclusión contra el Terrorismo (CECOT), en Tecoluca. Vestidos de blanco, con mascarilla de pandemia, los presos ven limitados sus derechos ya que no gozan ni de presentación de pruebas ante audiencia, ni de defensas individualizadas.
El punto álgido de los delitos que presenta la Fiscalía tiene, sin duda, su núcleo en los 86 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo de 2022, a todas luces los días más violentos desde la tristemente famosa guerra civil que arrasó con el Salvador en los años 80 del siglo pasado.
En aquel contexto de la Guerra Fría, el país centroamericano se convirtió en escenario de un conflicto fratricida entre la izquierda revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los gobiernos de derecha apoyados por la CIA y por los comandos paramilitares de ultraderecha.
Como resultado, El Salvador tuvo que enterrar a casi 100 mil muertos y padeció la desintegración de muchas familias. Muchos de esos niños huérfanos encontraron identidad y cobijo en las pandillas, en las maras (Barrio 18 y MS-13, las más famosas) y acabaron larvando cadenas de delitos que hoy se juzgan en El Salvador.
Para poder atajar tanta violencia, el presidente Bukele ha impuesto el estado de excepción restringiendo derechos como el de reunión o el de telecomunicaciones libres. Casi 100 mil detenidos ha sido el saldo de esta mano dura. No obstante varias organizaciones humanitarias han denunciado el fallecimiento, en prisión, de casi un millar de reos, así como la ausencia de derechos básicos para todos los demás.
En segundo lugar, Nayib Bukele ha tomado una medida muy lacerante para los derechos de los infantes. Vía reforma legislativa constitucional, el presidente ha bajado la edad de una de las penas más duras, la cadena perpetua -aplicable por delitos graves-, a partir de los 12 años de edad. Este atentado contra los derechos de la infancia ha puesto el grito en el cielo de varios organismos internacionales que defienden los derechos de los niños.
En pos de una seguridad más notoria y de un desarrollo económico ya muy palpable, los errores no se pueden ya cometer en El Salvador. Ahora, la infancia está en la diana.