La semana pasada, comenté en este espacio que no habían sido vacunados los trabajadores de la salud de hospitales y clínicas privados, siendo que están también en riesgo. Dije que el 6 de enero, el Presidente ofreció públicamente que se llevaría a cabo dicha inoculación, algo que reiteró el subsecretario López Gatell unos días después, con estas palabras: “Aquí no se distingue por razones epidemiológicas entre privados y públicos. Ambos son colegas, son compañeros, compañeras de la acción de salud que tienen un riesgo aumentado a la exposición del virus”.

Pero sucede que no solamente no se les ha cumplido, sino que el Mandatario cambió de opinión y acusó de injustos a quienes se manifiestan y de inmorales a quienes, por vía de un amparo judicial, exigen su vacuna. Y por supuesto, López-Gatell le siguió la corriente y también modificó su opinión diciendo que “contribuyen muy poco a la respuesta sanitaria”.

Algo similar parece que va a suceder con los maestros. El 29 de marzo el Presidente dijo que la siguiente etapa de vacunación sería para el personal educativo, con el objetivo “de regresar a clases en escuelas públicas y privadas”. De nuevo estableció la separación entre lo público y lo privado, y por las decisiones que se han anunciado de a cuáles escuelas se les va a permitir volver a clases presenciales, parecería que ser maestro o alumno en una institución educativa no sostenida por el gobierno es merecedor de castigo. Esto se confirma con el hecho de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología quitó los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores a quienes pertenecen a universidades privadas.

Insisto hoy en este tema porque me parece grave la actitud del gobierno.

En la teoría filosófica, lo público y lo privado se refieren a dos espacios en los que estamos todos los seres humanos (aunque en proporciones y modos distintos): el de la calle y el de la casa, por decirlo de manera sencilla. Pero cuando el Presidente se refiere a estos conceptos, habla de otra cosa: lo público para él tiene que ver con quienes trabajan o estudian en instituciones pagadas por el gobierno y lo privado con quienes lo hacen en instituciones y escuelas sostenidas por empresarios y grupos particulares, pero, y esto es lo significativo, considerándolo de suyo algo malo.

Solo que vivimos en una sociedad en la cual se compra, se vende y se realizan servicios en ambos ámbitos, el privado y el público. En aquél, ello implica ganancias y en éste no, pues el gobierno otorga los productos y servicios a quienes no pueden o quieren adquirirlos en el privado, pero lo puede hacer gracias a los impuestos que cobra o a los bienes y servicios que vende.

El hecho de que existan los dos ámbitos es porque ambos son necesarios, algo que hasta en los países comunistas se ha acabado por reconocer. Pero por lo visto, descalificar a uno de ellos es el nuevo deporte nacional en nuestro país. Y por eso, sustentándose en una retórica binaria y supuestamente moral, se decide que quienes están en lo público sí merecen que se les vacune y quienes están en lo privado no lo merecen.

¿A qué horas laborar en una institución privada resulta ser un delito? ¿Con base en qué argumento ético o jurídico se los puede sacar de formar parte del pueblo mexicano y de tener los derechos que eso significa en términos de ciudadanía?