La noticia sobre la búsqueda de ordenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada contra 31 investigadores y académicos por parte de la Fiscalía General de la República sacudió a la comunidad académica y científica del país. La intención de la Fiscalía es iniciar procesos penales contra estos miembros de la comunidad y encarcelarlos “preventivamente” en la cárcel de máxima seguridad del Almoloya. Esta cárcel ha albergado personajes como “El Chapo” Guzman, Rafael Caro Quintero, Eduardo Arellano Félix, Miguel Treviño (el Z-40) y Hector Beltran Leyva, entre otros.

En dos ocasiones, un juez federal negó girar las ordenes de aprehensión solicitadas por falta de pruebas. Sin embargo, la FGR afirmó que hará un tercer intento por obtener las ordenes de aprehensión.

El actuar de la Fiscalía va más allá del autoritarismo; se trata de un caso evidente de abuso de poder. Todo el episodio, además, exhibe aspectos preocupantes del sistema de justicia penal federal y del contexto social actual.

Hace unas semanas escribí en este espacio sobre el caso de Viridiana Molina, una mujer joven con tres hijos pequeños que fue encarcelada “preventivamente” en una cárcel federal de máxima seguridad por delitos de delincuencia organizada. Casi 5 años después de su detención, fue absuelta de los delitos imputados y liberada. Nadie le devolverá, ni a ella, ni a su familia, los años perdidos.

Como Viridiana, hay miles de personas que han vivido —y viven— los excesos que permite el régimen legal de delincuencia organizada, un régimen que violenta todos los principios de derecho penal que hasta 2008 había sostenido nuestra Constitución.

El concepto mismo de delincuencia organizada es indeterminado y ambiguo. Puede aplicar a un delito específico o a un tipo penal que involucra otros delitos. Pero sobre todo, se trata de un régimen penal de excepción consistente en la reducción de derechos de los acusados, el ensanchamiento de la discrecionalidad de las autoridades y el incremento de penas. La mera acusación conlleva el encarcelamiento “preventivo”, mientras se desarrolla el caso. Ciertamente el sistema penal, como todo el sistema jurídico, tiene siempre la posibilidad de ser caprichoso y discrecional. Por eso, y considerando lo que está en riesgo en la aplicación del derecho penal —la pérdida de la libertad, los bienes, la familia— se establecen estándares y medidas orientadas a contender el abuso de autoridad, tal como la presunción de inocencia. El régimen de delincuencia organizada violenta todas estas medidas de salvaguarda. A las personas señaladas se les trata como enemigos de Estado que no merecen si quiera las garantías mínimas de debido proceso.

Quienes hemos criticado este régimen desde su inclusión en la Constitución señalamos el problema de su laxitud y lo draconiano que resulta con los acusados. Advertimos desde 2008 los abusos a los que se prestaría y los riesgos de su uso con fines políticos. La acusación y persecución penal de 31 miembros de la comunidad científica muestra, nuevamente, la práctica recurrente de las fiscalías de usar este régimen penal cuando se saben incapaces de presentar pruebas convincentes. Exhibe, además, su uso político. Estas acciones son una amenaza para quien critica al gobierno desde la academia, el periodismo o cualquier otro ámbito profesional. Algunas personas han señalado que no se trata de un embate en contra de la comunidad científica sino solo en contra de algunos de sus miembros. Pero lo cierto es que el mensaje es claro para todos y todas. Cualquiera que disguste a las altas esferas del poder puede estar sujeto a persecución penal con las herramientas más brutales. Ojalá fuese cierto que el que nada debe nada teme. En México, todos tenemos que temerle al capricho del Fiscal y cualquier puede ser el siguiente en el banquillo de los acusados.
Profesora-investigadora del CIDE
@cataperezcorrea