En menos de una semana, el gobierno de la 4T logró algo que parecía imposible: conjuntar tres crisis que representan una amenaza grave a la estabilidad nacional.
Simultáneamente transcurren una huelga de maestros que con sus marchas y bloqueos de avenidas colapsan la vida de millones de personas en el corazón del país; un inminente paro nacional de distribuidores de gas asfixiados por una sobrerregulación que incluye la contención artificial del precio del combustible; y una creciente protesta de ciudadanos que consideran que la elección popular de jueces amenaza con debilitar la independencia del Poder Judicial.
Las tres ameritan, por supuesto, atención urgente, pero poco se ha hablado de las razones y eventuales consecuencias de la crisis del gas LP, no solo por el impacto que el paro de distribuidores anunciado para la primera semana de junio tendría al paralizar el abasto del energético a millones de hogares, industrias, comercios y servicios, sino por el trasfondo político que la alimenta.
El gobierno ha mantenido desde 2021 un tope artificial al precio del gas LP con la incuestionable intención de proteger la economía familiar, pero sin considerar que, al cabo de casi cuatro años, los aumentos salariales y los registrados en combustibles, logística y mantenimiento, sumados a la política de precios rígida y la camisa de fuerza regulatoria, tienen a los gaseros al borde del colapso financiero, mientras que los expendedores de gasolina y el diésel operan con precios libres y ajustables.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) atribuyen la responsabilidad de esta crisis a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien -asegura- se ha mostrado intransigente con los llamados al diálogo del sector gasero.
Pero más preocupante que su “sordera burocrática”, como la califican, son los intereses políticos y personales que podrían estar detrás de esa actitud.
El objetivo de fondo, según denuncia AMEXGAS, sería provocar el colapso de las compañías de gas LP tradicionales para abrir espacio a nuevos operadores afines al “obradorismo”, controlados por amigos y aliados políticos que ya se posicionan como intermediarios estratégicos en el sector.
De confirmarse este movimiento, estaríamos ante una de las operaciones de desmantelamiento económico más graves en la historia reciente disfrazada de política social; estaríamos ante la conversión de un bien público en un botín político y ante la intención de controlar el gas doméstico para usarlo como instrumento de poder y clientelismo.
Dicho de otro modo: una “expropiación blanda” sin decretos, pero con el mismo efecto: desplazar a los actores establecidos y colocar a los afines.
Si la 4T sigue acumulando conflictos sin resolver (maestros, gaseros, jueces, agricultores, transportistas) su legitimidad no caerá por una gran causa, sino por la suma de todas las pequeñas traiciones al sentido común.
Cuando se prioriza la política de facción sobre la del bien común, no se transforma a la nación, se dinamita su estructura.
Esperan travesura de consejera del INE
Las frecuentes y últimamente constantes ausencias de la consejera electoral Claudia Zavala en el edificio sede del Instituto Nacional Electoral no han pasado desapercibidas en las transmisiones del INE-TV.
Zavala deberá dejar su cargo en los primeros meses de 2026 y su distanciamiento coincide con una etapa de transición institucional y las tensiones políticas que ésta genera.
La consejera del INE ha manifestado públicamente su desacuerdo con la reforma judicial, así como con el trato que recibió por parte del gobierno de la 4T. Según ha expresado, ella estaba perfilada para asumir de manera interina la presidencia del INE tras la salida de Lorenzo Córdova, mientras se definía una nueva reforma electoral en 2023, situación que finalmente no ocurrió.
La frustración de Zavala ha sido evidente. Ante un futuro laboral incierto, ha retomado contacto con su antiguo compañero de la Facultad de Derecho, Lorenzo Córdova, con quien ha sostenido reuniones para explorar posibles rutas en su carrera política. Pero antes de irse del Instituto, dicen los enterados, podría hacer una última travesura en el contexto de la elección judicial.
Reviven el FIFA Gate
Cuando Carlos Martínez pensó que con el respaldo legal de Fox Corporation ya se había librado del escándalo internacional conocido como FIFA Gate, llegó la fiscal federal estadounidense Kaitlin Farrell a solicitar a un tribunal de circuito de Estados Unidos reabrir el juicio, ahora centrado en la participación de directivos de Fox Sports Latinoamérica en el pago de sobornos a funcionarios de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).
Recuérdese que Carlos Martínez y Hernán López fueron acusados de pagar más de 30 millones de dólares a dirigentes de Conmebol para que Fox se quedara con la exclusividad de los derechos de transmisión de las ligas sudamericanas.
Ambos enfrentaron un juicio en 2023 del que Martínez resultó absuelto y López recibió una sentencia que después quedó anulada.
Entonces, ¿por qué solicitar la reapertura del caso?
La fiscal Farrell sostiene que hubo una interpretación incorrecta de la ley en el primer juicio y que contrario a lo que se resolvió en él, Carlos Martínez fue clave en la red de sobornos. Ahora, el tribunal tendrá que decidir si restablece las sentencias anuladas o si ordena un nuevo juicio. Ya veremos.
Instantáneas:
1. APRUEBAN IMPUESTO A REMESAS. Se nos quiso vender como buena noticia una que de ninguna manera lo es. Resulta que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el presupuesto de gobierno que, entre muchas otras cosas avala el cobro de un impuesto a las remesas que envían trabajadores sin documentos, como es el caso de mules de paisanos. El gravamen (cuya aprobación todavía debe pasar por el Senado) es de 3.5%, no de 5% como originalmente había planteado el gobierno de Trump. Es en efecto menor, pero buena noticia sería la no aprobación de una medida injusta y violatoria del derecho internacional por ser un impuesto sobre los impuestos que ya de por sí pagan nuestros paisanos. No han tenido éxito las gestiones del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y mucho menos la magra representación legislativa mexicana que fue a Washington a cabildear sobre el asunto.
2. MÁS DEL JUBILEÉ. Sigue el turbio caso del casino Jubileé en Naucalpan. El martes pasado fue cerrado por el gobierno del Estado de México, ante la omisión de la secretaría de Gobernación de revisar este asunto como lo ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum. La revisión fue realizada por personal del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo estatal, que constató que el establecimiento estaba abierto al público y operando sin contar con los permisos correspondientes. En la inspección, quedó claro que no cuentan con licencia de funcionamiento, por lo que fue abierto de manera ilegal. Además, la empresa propietaria del casino simuló el pago de impuestos durante año y medio, como si estuviera funcionando cuando era un lote baldío completamente abandonado. Los vecinos de las colonias Santa Cruz Acatlán y El Mirador se preguntan qué personaje poderoso está detrás del casino Jubileé que se atrevió a abrir a pesar de no tener licencia, que ha presionado a la dirección general de Juegos y Sorteos de la SEGOB para que no responda a los escritos que respecto al tema han interpuesto desde hace un año ni se atienda la denuncia penal presentada contra la exalcaldesa panista de Naucalpan, Angélica Moya.
3. ¿DÓNDE ESTÁ EL ENCARGADO? Mientras la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) paraliza con sus marchas y bloqueos a la CDMX, no se ve la mano del secretario del ramo en la atención del problema. ¿Estará Mario Delgado más preocupado por los señalamientos que lo vinculan al huachicol que por la recurrente presión del magisterio? Esto lo sugiere el impulso que el titular de educación le está dando a una paisana suya, la colimense Indira Isabel García Pérez que compite por uno de los cinco asientos del Tribunal de Disciplina Judicial.
4. MINISTRO EN CONFLICTO. Si como la presidenta Sheinbaum dijo que hay un ministro de la Corte que fue director del SAT y tiene apellido compuesto el que proyecta una resolución respecto a la demanda de tres grandes contribuyentes de que se les devuelvan ¡con intereses! los créditos fiscales que pagaron mientras el togado dirigió el organismo recaudador del gobierno, entonces se trata de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El conflicto de interés es claro.
5. SON LOS ARANCELES. Un ejemplo simple, pero contundente, de los aranceles que aplica a productos mexicanos el gobierno estadounidense: un aguacate les cuesta 70 pesos. Y así.
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Raúl Rodríguez Cortés
