Entre el odio enfermizo de unos y el resentimiento secular de otros, se dirime la nueva refriega desatada por la demanda anónima de amparos para dos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, y en la que, al igual que en toda guerra, la primera víctima ha sido la verdad.
Tratemos de rescatar al menos partes de ella, no sin antes tener claro el contexto de lo ocurrido con la misteriosa trama de esos amparos:
1. El escándalo mayúsculo que involucra en una red de huachicol fiscal de dos altos mandos de la secretaría de Marina que además son parientes del almirante Rafael Ojeda, titular del ramo durante el gobierno de AMLO; 2. La detención en Paraguay del presunto líder del cártel de la Barredora, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del gobierno que encabezó en Tabasco el hoy senador Adán Augusto López y su deportación y llegada a México; y 3. El debate sobre las reformas a la Ley de Amparo que amenazan con anularlo.
Hay, en efecto, dos demandas de amparo contra cualquier orden de captura “por evasión fiscal y/o tráfico de hidrocarburos” promovidas a favor de Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo López Beltrán y otras catorce personas, según consta en las listas de acuerdo del nuevo Órgano de Administración de Justicia:
Una, la 2098/2025, ante la jueza segunda de Distrito en Zacatecas, María Vizcaya Zamudio, y otra, la 1728/2025, ante la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, Verónica Beltrán Murguía. Ambas fueron presentadas vía electrónica por un tercero que no necesariamente debía ser el representante legal de los quejosos, según lo permite el artículo 5 de la Ley de Amparo.
La jueza Beltrán Murguía, debido a que los amparos se tramitan en los juzgados de materia penal, se declaró incompetente para llevar el caso y lo derivó a jueces penales, pero concedió la suspensión provisional, como por ley ocurre automáticamente.
De la suspensión concedida por la jueza Vizcaya Zamudio hay que destacar que en la demanda se atribuyen posibles actos de detención, incomunicación y desaparición forzada a trece autoridades, entre otras el fiscal especializado en Delincuencia Organizada de la FGR, Alfredo Higuera Bernal, quien lleva la investigación por huachicol fiscal contra altos mandos de la Marina.
El nombre del promovente es Francisco Javier Rodríguez Smith, pero vienen sin su firma. De este abogado se ha dicho que defendió al narcotraficante Rafael Caro Quintero, lo que él mismo desmintió al igual que la versión de que fue quien interpuso los amparos para los hijos de AMLO, por lo que presentó una demanda por usurpación de identidad.
La noche del miércoles pasado, Andrés Manuel López Beltrán también desmintió en una carta pública que él y/o su hermano Gonzalo hayan tramitado esos amparos por sí mismos o por interpósita persona, informó que renuncian a dicho trámite y acusó que se trata de un malintencionado montaje de sus adversarios para vincularlos con un asunto (el del huachicol fiscal) con el que aseguró no tener relación alguna.
Estamos en un punto en el que primero que todo se debe identificar con toda claridad y certeza quién o quiénes fueron los promoventes de los amparos. También tener conocimiento que, si el próximo lunes no se ha presentado ninguno de los solicitantes del amparo o sus representantes legales a ratificar la petición, dicha demanda será sobreseída por los jueces o desechada por tratarse de un documento falso.
Los del lado del odio enfermizo ven o desean ver inequívocamente maniobras desesperadas de AMLO y sus hijos por desmarcarse del megaescándalo del huachicol fiscal, o a lo mejor ven o quieren ver demandas de amparo promovidas por afines a ellos para estar amparados mientras son peras o son manzanas, o acaso promover como un hecho que Andy y Gonzalo sí son investigados al agregar sus nombres en la demanda de amparo al de otros de los que se sabe que sí forman parte de las investigaciones ya emprendidas, como es el caso de contralmirante Fernando Farías Laguna y de Roberto Blanco Cantú alias “el señor de los buques”. De ser falsas todas esas presunciones estaríamos frente a una vileza.
Los del lado del resentimiento secular ven o desean ver una deliberada campaña de desprestigio encubierta en mentirosas maniobras supuestamente legales para socavar más y más el prestigio de AMLO, la 4T y Morena, ya de por sí dañado (dicho sea de paso) por la arrogancia y los excesos de varios de sus militantes. Si esa fuera la narrativa para encubrir su corrupción, estaríamos frente a la total desvergüenza.
Instantáneas:
1. OTRO NOMBRE. En la lista de nombres de las misteriosas solicitudes de amparo por el huachicol fiscal, aparece el de Diana Heleyn Foullon Gómez a quien suelen llamar Lady D. Ella es hija del general de división retirado André Foullon Van Lissum, quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional con AMLO (2018-2021) y luego director de la Agencia Nacional de Aduanas (2023-2024), donde remplazó a Rafael Marín Mollinedo quien hoy es nuevamente el titular en ese cargo. ¿El escándalo también sacudirá al Ejército?
2. PLAN BILATERAL. El encuentro de la presidenta Sheinbaum con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, parece haber dejado buenos dividendos. Tras sus reuniones en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana dijo sentirse confiada en que habrá continuidad para el T-MEC. "La integración económica de América del Norte conviene a los tres países y somos optimistas en que tras las consultas iniciadas ayer mismo los tres países decidirán seguir adelante con el acuerdo comercial", dijo por su parte el premier canadiense. En paralelo, reforzaron el plan bilateral para mantener el acuerdo de visas para trabajadores agrícolas mexicanos, así como los de cooperación educativa, cultural y científica.
3. DESTAPE ADELANTADO. Mauricio Góngora Escalante, excandidato priista a la gubernatura por Quintana Roo, volvió a ser destapado muy tempranamente para los comicios de 2027, pese a que aún tiene pendiente una investigación por peculado que no ha logrado que se declare cerrada por autoridades ministeriales de esta entidad. Fue hace unos días que el exgobernador priista Félix González Canto lo destapó. Acaso por eso, Góngora ha reaparecido en eventos públicos, tras haber estado encarcelado por más de dos años, de 2018 al 2020, imputado por desvíos millonarios cuando fue presidente municipal de Playa del Carmen y funcionario de primer nivel en el gobierno de Roberto Borge Angulo.
4. INFORME. Por cierto, Estefanía Mercado, presidenta municipal de Playa del Carmen, rindió su primer informe de gobierno y dio un dato alentador para sus habitantes y el turismo: es el municipio del país con mayor inversión per cápita en seguridad pública, lo que lo convirtió el último año en la localidad más segura de Quintana Roo. Mercado también dio cuenta de una inversión histórica de 900 millones de pesos en obra pública, como parte de un proyecto de transformación urbana que además de atender los requerimientos del turismo, privilegia espacios abiertos para la población local. En su primer año de gestión, la edil promovió y logró cambiar la denominación oficial de ese icónico destino de playa, por lo que dejó de ser el municipio Solidaridad y ahora formalmente se llama como se le conoce mundialmente: Playa del Carmen.
5. DE REGRESO A GUERRERO. La presidenta Claudia Sheinbaum estará hoy en Guerrero, como parte de la gira de su informe presidencial, estado que visita con frecuencia por las obras de reconstrucción de Acapulco que se realizan en coordinación con el gobierno que encabeza Evelyn Salgado. En la evaluación que harán al respecto, seguramente resaltarán los datos de que en la temporada vacacional de verano, el puerto tuvo una ocupación hotelera superior al 80 por ciento y que el fin de semana patrio estuvo prácticamente lleno: el sábado con una ocupación de 96%, el domingo de 97% y el lunes de 94%. En este año que han denominado "Año de las Obras", avanza la construcción de la primera etapa del puente vehicular “Arroyo Campana”, en el municipio de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
