Conforme avanza el conteo de votos y se conocen los resultados de la elección judicial, sigue presente en la conversación pública esta pregunta: ¿fue un fracaso o un éxito?
Dentro de la polarización que se agudiza en el país, cada una de las dos partes confrontadas elabora y expone los argumentos que desean les otorguen la razón. Ni una ni otra le dejan espacio a la objetividad en el análisis de lo ocurrido.
Los hechos, avalados por datos oficiales del INE son:
1. Muy poca participación, apenas de trece por ciento, esto es: trece millones de votantes de una lista electoral de casi cien millones, cantidad que incluso es menor a la de los 16.5 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas a la consulta de revocación de mandato de abril de 2022, aunque, eso sí, duplica la participación en la consulta sobre el juicio a expresidentes que fue en 2021 de 6.6 millones de sufragantes. Por supuesto que ambas cifras palidecen frente a los 35.9 millones de votos (el 59.75% del padrón) que obtuvo en 2024 Claudia Sheinbaum.
2. Elevadísimo abstencionismo. Si trece por ciento votaron, no lo hicieron 87 por ciento. Ochenta y siete millones de ciudadanos desdeñaron la convocatoria a las urnas. Aritméticamente ese es un hecho incontrovertible que demuestra el desaire al proceso.
3. Irregularidades documentadas, sobre todo la del reparto de “acordeones” con los nombres de ministros, magistrados y jueces a elegir, sospechosamente iguales a los que han venido resultando, que el INE y el tribunal electoral tendrán que investigar y sancionar.
Todo esto, baja participación, abstencionismo e irregularidades documenta que la elección fue un fracaso.
Los argumentos del otro lado son más bien interpretaciones de esos hechos:
1. Se cumplió, pese a la premura con que se elaboró, los debates legislativos para su aprobación, las impugnaciones interpuestas ante la Corte y las limitaciones presupuestales del INE, con la elección popular de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación ordenada legalmente desde la Constitución reformada.
2. Los ministros ganadores llegan ahora con el aval de entre tres y seis millones de votos, cuando sus antecesores eran propuestos por el Ejecutivo en turno y aprobados por dos terceras partes de los senadores electos en las urnas (democracia indirecta).
3. Para delimitar la auténtica dimensión del abstencionismo del domingo pasado, tendría que desagregarse el abstencionismo histórico que promedia mas o menos 44 por ciento en nueve elecciones federales del 2000, año de la alternancia, a la fecha. Así, a los 87 millones que no votaron deben restárseles 44 millones de los que de cualquier forma no iban a votar, de lo que resultan 40 millones que no sufragaron, es decir, 40 por ciento del total, lo que sigue siendo una participación menor a la mitad.
De manera que para quienes argumentan así, entre ellos el gobierno y Morena, la elección judicial fue un éxito.
Quien esto escribe se inclina por la fuerza de los hechos. Ergo, fue un fracaso. Quienes llegan al nuevo Poder Judicial lo hacen sí, legalmente, sobre la base de un precepto constitucional, pero sin la fuerza de una votación por lo menos cercana a los niveles de participación promedio, esto es, sin una gran legitimidad por la baja participación, el muy alto abstencionismo y el desaire al proceso.
Los ungidos
Para la Corte se perfilaba desde un día después de los comicios una composición de candidatas y candidatos cercanos a la 4T, al gobierno de Sheinbaum y, desde luego, a AMLO, que ya para el miércoles se confirmaría.
Las nueve personas que integrarán el pleno del máximo tribunal estaban incluidas en los famosos “acordeones” distribuidos prácticamente en su totalidad, aunque con diferencias en cuanto a quienes tendrían el mayor número de votos y por lo tanto la presidencia.
La mayoría de los votos la disputaban las ministras en funciones Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Ahí hubo una sorpresa que prácticamente nadie vio venir. Esa mayoría de votos la obtuvo con 6.1 millones de sufragios el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, seguido por tres ministras en funciones: Lenia Batres Guadarrama (5.8 millones), Yasmín Esquivel (5.3 millones) y Loretta Ortiz (5.0 millones); así como María Estela Ríos González (4.7 millones), Azael Figueroa Mejía (3.6 millones), Irving Espinosa Betanzo (3.587 millones), Arístides Guerrero García (3.584 millones) y Sara Irene Herrerías Guerra (3.2 millones).
Aunque sectores duros de Morena empezaron a difundir la versión de que podría recurrirse a preceptos constitucionales sobre cuestiones de género para entregar la presidencia de la Corte a Lenia Batres Guadarrama (receta aplicada a Omar García Harfuch quien en la encuesta de Morena ganó la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX, pero le fue entregada a Clara Brugada por razones de igualdad de género), la presidenta del INE Guadalupe Taddei salió al paso para precisar que conforme al artículo 94 de la Constitución, el máximo tribunal será presidido por quien obtuvo el mayor número de votos, en este caso Hugo Aguilar Ortiz.
Una cesión a Batres Guadarrama de la presidencia de la Corte hubiera acabado por sepultar la poca credibilidad que le ha quedado a la elección popular de ministros, magistrados y jueces.
Instantánea:
1. ¿CON TOGA O SIN TOGA? El origen indígena de quien presidirá la nueva Corte trae una fuerte carga simbólica e histórica que se remite a don Benito Juárez quien la presidió en 1857, breve periodo en el que sus once integrantes serían electos cada seis años por voto popular junto con el fiscal y el procurador, moción que desapareció con la Guerra de Reforma. Que el mixteco Hugo Aguilar Ortiz llegue a la Corte es un reconocimiento a los pueblos originarios, a sus usos y costumbres. Llamó la atención entre sus primeras declaraciones que no usará la toga de ministro. Que se la ponga o no cambiará ni su desempeño ni el cumplimiento de sus obligaciones, pero recurre a ello para marcar una diferencia simbólica: no es igual a los otros. Pero eso es una forma de clasismo al revés, una forma de discriminación del otro, además de expresión de poco respeto a la dignidad que debe tener un poder la unión. ¿Para qué marcar diferencias cuando lo que nos urge es encontrar y fortalecer coincidencias? ¿Por qué no con la dignidad de su toga se ocupa de mostrar claramente su autonomía del poder público para acallar las críticas a la reforma judicial?
2. DISCIPLINA JUDICIAL Y MAGSTRADOS ELECTORALES. Prácticamente con el cien por ciento de las actas computadas, ha quedado integrado el nuevo órgano que supervisará y sancionará la conducta de los jueces y sustituirá las funciones del Consejo de la Judicatura Federal. El mayor número de votos lo obtuvieron las consejeras de la judicatura en funciones Celia Maya (5.1 millones de votos), Verónica de Gyves (4.9 millones) y Bernardo Bátiz (4.5 millones), así como Indira García Pérez (4.2 millones) y Rufino León Tovar (3.9 millones). Se trata de cinco perfiles cercanos a la 4T.
3. MAGISTRADOS ELECTORALES. También con el cien por ciento de casillas computadas se definieron los nombres de quienes ocuparán las dos magistraturas vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quien obtuvo el mayor número de votos, 4.6 millones, fue Gilberto de Guzmán Bátiz García, seguido con cuatro millones de votos por Claudia Valle Aguilasocho.
4. ¡QUÉ NIVEL DE DEBATE! A como va la oposición en estos ya siete años de Morena en el poder, no se ven señales de que pueda elaborar una alternativa atractiva y competitiva. Su nivel de debate la pone en evidencia. Basta ver al enfurecido panista Ricardo Anaya diciendo que las huestes guindas “hicieron mierda” al Poder Judicial o a la chocantemente satírica Lili Téllez burlándose de la diputada del PT Lilia Aguiar Gil, a quien por la parálisis facial que padece, le endilgó el calificativo de “chueca”. Y mal hace la presidenta Claudia Sheinbaum en caer en esos estilos al leer con menosprecio en la mañanera los tuits críticos del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
5. SE AMPARA ALCALDESA DE ACAPULCO. Marcada por una tan mala gestión que la ha tenido siempre en el ojo del huracán, la presidenta municipal de la ciudad y puerto de Acapulco, Abelina López interpuso un amparo ante la justicia federal, debido a que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero la denunció penalmente por negarse a comprobar 898 millones de pesos del ejercicio 2023, resultado de una auditoría. En medio de empujones a reporteros, la alcaldesa respondió que no piensa renunciar y que no va a comprobar a la ASE los casi 900 millones de pesos que le fueron observados en su auditoría. Pero la realidad es muy diferente a sus declaraciones, porque informó que, aunque no ha sido notificada, ya tramitó un amparo. Resulta completamente fuera de toda lógica que no quiere comprobar las obras que realizó, lo que deja ver que muy posiblemente se trate de un desvío millonario de recursos, realizado justo en la época de las precampañas presidenciales de Morena, cuando ella abiertamente estaba de tiempo completo en la CDMX apoyando la precandidatura de Marcelo Ebrard. Por eso la pregunta es, ¿qué está escondiendo Abelina?
@RaulRodriguezC
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