Opinión

Reparación del daño o cárcel, la regla de la 4T

Mario Maldonado

Los Zaga se empeñan en jugar a las fuercitas con el gobierno

La procuración de justicia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha reducido, según los antecedentes, a un proceso recaudatorio que busca garantizar recursos para programas sociales y otros asuntos prioritarios de la 4T, de manera que los acuerdos reparatorios son la vía preferida de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero. 

Ejemplo de esto es la desaparición de los 2 mil millones de pesos que los hermanos André, Max y Moisés EI-Mann Arazi, propietarios de Fibra Uno, entregaron a la Fiscalía para reparar el daño ocasionado al Infonavit por la indemnización superior a 5 mil millones de pesos del contrato fallido de Movilidad Hipotecaria. 

Contrario a la estrategia de confrontación que la familia Zaga Tawil decidió emprender en contra de la administración de López Obrador y que derivó en la vinculación a proceso de Teófilo Zaga por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, los otros socios de Telra Reality, con quien se llevó a cabo el contrato, accedieron de inmediato a buscar un acuerdo reparatorio que se reflejó luego en el cheque que el fiscal Gertz Manero mostró durante la conferencia matutina del 10 de febrero de 2020. 

Según se conoció en aquella fecha, el dinero pasaría al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, entonces comandado por Jaime Cárdenas, para luego ser utilizado en el pago de premios del sorteo organizado por la Lotería Nacional, con motivo de la rifa del avión presidencial. 

No obstante, en su carta de renuncia, Cárdenas aseguró que desde antes se habían aprobado y transferido recursos hasta por 2 mil millones para el pago de los premios del sorteo del 15 de septiembre, fecha en que se rifó la aeronave, y unos 250 millones de pesos más correspondientes a premios y estímulos del personal médico que estaba atendiendo la pandemia de Covid-19, es decir, recursos distintos a los recuperados del acuerdo conocido como Cambiavit. 

Unos días después de la salida de Jaime Cárdenas del Indep se supo que el cheque había sido devuelto a la FGR porque no se pudo acreditar legalmente que los 2 mil millones de pesos eran producto de un aseguramiento, y tampoco cuál debería ser su destino, por lo que los recursos permanecían entonces en un limbo legal que impedía su utilización para cualquier fin. 

La mayor parte de la información sobre el estatus del dinero ha sido reservada por el Ministerio Público bajo el argumento de que el caso guarda relación con una carpeta de investigación que aún está en curso. Lo único que se dio a conocer es que estos estaban invertidos y generando intereses para el gobierno mexicano. 

La novedad ahora es que un juez del Estado de México dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga por este mismo caso. Asesorados por el abogado Eduardo Amerena, los Zaga se empeñan en jugar a las fuercitas con el gobierno con tal de no resarcir el presunto desfalco. 

Otro caso en el que el procedimiento recaudatorio fue similar es el de Altos Hornos, en el que la Fiscalía y Alonso Ancira llegaron a un acuerdo para el pago de unos 216 millones de dólares como reparación del daño derivado de la compraventa de Agro Nitrogenados a Pemex para evitar ser sometido a un juicio de lavado de dinero que lo hubiera mantenido en prisión. 

Guardadas las proporciones, la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y el acuerdo al que el presidente López Obrador llegó con Carlos Slim, dueño de la empresa Carso Infraestructura y Construcción, involucrada en la obra colapsada, es otro ejemplo de la relación que la autodenominada Cuarta Transformación pretende mantener con el sector empresarial, toda vez que el empresario deberá desembolsar los recursos para hacer las reparaciones y evitar así consecuencias legales. 

En septiembre, Agencia Nacional de Aduanas 

Septiembre es la fecha en la que se prevé que comience a operar la nueva Agencia Nacional de Aduanas que encabezará Horacio Duarte, una vez que se hayan llevado a cabo los trabajos legislativos y la reforma a la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

Tras ser avalada por el Congreso federal, la Secretaría de Hacienda contará con un plazo máximo de 80 días para proponer al Ejecutivo un proyecto de reglamento interno. 

Uno de los objetivos de la nueva agencia es echar mano de los más de 80 mil millones de pesos depositados en el fideicomiso aduanero para la adquisición de tecnología y la mejora de la infraestructura en las aduanas del país. 

Con la nueva agencia se busca además aumentar la capacitación de impuestos en unos 100 mil millones de pesos. En 2020 se recaudaron 870 mil millones de pesos y en lo que va de 2021 llevan 550 mil millones. La idea es que en 2022 la cifra sea cercana a un billón de pesos. 

 
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