El anuncio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de incluir en el paquete económico del 2026 aranceles del 50% a los autos ligeros provenientes de China y a otras importaciones del gigante asiático y de otros países del oriente lejano, con los que México no tiene tratados comerciales, ha desatado toda una ola de reacciones que empezaron en Beijing y continuaron entre los empresarios mexicanos de la industria automotriz, preocupados por las afectaciones que podría traer a la pujante industria automotriz nacional, los altos impuestos que se propone imponer a las automotrices chinas que hoy dominan el mercado de los autos ligeros, no sólo en México sino en buena parte de América Latina.
Aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió de inmediato a aclarar que la decisión de proponer esos aranceles no tiene que ver con presiones o “coerción” de los Estados Unidos y que se trata más bien de una decisión autónoma de México “para proteger a diversas industrias nacionales con las que tenemos un desbalance fuerte en la relación con China”, el que la Presidenta y su gabinete económico hayan decidido imponer exactamente el mismo porcentaje que Donald Trump le aplicó a China, ha hecho que se interprete la decisión de Palacio Nacional como un “alineamiento a la guerra comercial trumpista” en contra del régimen chino, atribuido a la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, y la próxima renegociación del TMEC que comenzará a finales de este año.
La inclusión de esos aranceles a países orientales, incluido Corea del Sur, que tiene grandes inversiones automotrices en México, fue parte de lo que retrasó por varias horas la presentación del paquete económico 2026 el lunes pasado, porque en las altas esferas empresariales de México vieron con mucha preocupación la aplicación de esos impuestos, al grado de que industriales del Grupo Monterrey enviaron a Palacio Nacional un mensaje, antes de que se entregara el paquete en el Palacio Legislativo de San Lázaro, advirtiendo que la imposición de aranceles tan altos a China y Corea del Sur pondría en riesgo buena parte de la actividad industrial de México, debido a que muchos de los componentes de la industria automotriz nacional, provienen del continente asiático.
Y mientras el tema se definía en medio de las presiones entre la Secretaría de Economía de Ebrard, y la Secretaría de Hacienda de Edgar Amador, la gran ausente, para variar, en esta discusión fue la Secretaría de Relaciones Exteriores de Juan Ramón de la Fuente, que volvió a hacer mutis y, aunque el tema comercial y arancelario no son de su incumbencia, sí lo es el diálogo político y diplomático con los llamados “Tigres del Oriente”, con los que se está comprometiendo, con ese nivel de aranceles, no sólo las relaciones comerciales, sino también las diplomáticas que podrían verse afectadas ante las medidas unilaterales tomadas por el gobierno mexicano.
Porque aunque se entienda la medida contra China, sea por decisión soberana o por presiones del gobierno de Trump, la sorpresa es incluir a Corea del Sur en los aranceles del 50%, porque si bien ha habido muchas reticencias de un grupo del sector empresarial mexicano para negociar un tratado de libre comercio con Seúl, los coreanos son un gran inversionista en México y esas inversiones se podrían ver afectadas por la imposición de aranceles tan altos, sin contar que los consumidores mexicanos, que hoy buscan marcas coreanas como Kia y Hyundai, pagarían un alto costo inflacionario por adquirir los autos de procedencia coreana.
La preocupación de los empresarios de la industria automotriz, luego de la reacción airada del gobierno de Pekin, que advirtió que no aceptaría aranceles “por coerción de terceros” y llamó a México a sumarse a su plan para “promover el comercio global y la recuperación económica mundial”, es que las marcas chinas no soporten los aranceles tan altos y decidan no continuar en el mercado mexicano, que es el 13o. en el consumo de autos a nivel mundial, mientras que a otros países del oriente, como Japón, que arma vehículos en territorio chino y a la marca estadunidense General Motors, que ocupa el segundo lugar de ventas en México y que llegó a importar desde China casi el 70% de los autos que le vende a los mexicanos, no se les aplicarán los mismos aranceles que a los autos chinos, ya sean de combustión interna, híbridos y eléctricos.
Y es que, por más que el gobierno de la presidenta Sheinbaum justifique estos aranceles como una medida para compensar el desbalance comercial con China, que según Marcelo Ebrard es de 11 a 1 en favor de los chinos, y por más que la industria automotriz nacional hoy sea la que más divisas aporta al país, muy por encima del petróleo, el turismo e incluso las remesas, la adopción del espejo arancelario de Trump, replicado por México, y la narrativa del gobierno mexicano ante la inminente renegociación del TMEC, claramente va más por el lado bilateral, ignorando completamente a Canadá. Eso sin contar el riesgo de enfrentarse con China que sigue siendo el armar la tercera parte de los vehículos que se producen anualmente en el mundo, mientras el bloque del TMEC ocupa el segundo lugar con un 18% de la producción automotriz mundial.
En todo caso, si lo que realmente intentará la presidenta Sheinbaum es proteger a la industria automotriz mexicana, estratégica para el país, hay otros temas que tendrían que resolverse, antes de pensar en los aranceles al mercado chino, si lo que se quiere realmente es capitalizar y apoyar al sector automotriz, en medio de la transición energética a la que se ha comprometido México en los acuerdos sobre el cambio climático, para modificar el modelo de producción y consumo de los autos en el país. Por ejemplo, los empresarios automotrices han planteado la derogación del “decreto automotriz” heredado por el expresidente López Obrador, que fomenta la regularización de vehículos viejos de procedencia extranjera, conocidos como los “autos chocolate”, que en promedio ha regularizado a 3 millones de unidades chatarras que no sólo afectan la seguridad vial en el país, sino también la certeza jurídica y la calidad del aire por las emisiones contaminantes; eso sin contar la recaudación fiscal, el uso de infraestructura y el facilitar al narcotráfico y crimen organizado la adquisición de vehículos que son desecho en el vecino del norte y que los criminales trasladan y utilizan en territorio mexicano.
La deducibilidad de impuestos en la compra de vehículos nuevos y/o de arrendamiento vehicular es otra medida que, según la industria automotriz, podría modificar el gobierno mexicano y su Secretaría de Hacienda si realmente se quiere apoyar a la industria automotriz. Actualmente los montos deducibles se hayan congelados en 175 mil y 250 mil pesos en vehículos eléctricos y otras tecnologías, según establece el artículo 136 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando si se actualizaran esos montos a la inflación actual, la deducibilidad debiera ser de 580 mil pesos, cifra superior al costo promedio de un vehículo actualmente en México, que es de 470 mil pesos, por lo que se podrían actualizar los montos deducibles a 480 mil y 680 mil en la compra de vehículos eléctricos o de otras tecnologías.
A esas medidas se añaden otras propuestas como la creación de programas reales para la renovación del parque vehicular. No para que haya más vehículos sino para renovar el actual parque con esquemas de participación conjunta entre sector privado, el oficial y la banca de desarrollo. La creación de una reforma financiera de segunda generación para ampliar el crédito automotriz además de alentar el autofinanciamiento para vehículos seminuevos en óptimas condiciones, además de una verdadera estrategia nacional de movilidad con el transporte público como eje de inclusión y competitividad bajo el principio de que “la mejor movilidad es la convivencia armónica de todos los medios de transporte entre sí y preponderantemente el peatón”. A eso se añadirían incentivos fiscales al proceso de transición energética y retomar el sistema para implementar una inspección técnica vehicular de carácter universal, obligatoria y estandarizada en materia ambiental y de condiciones físico-mecánicas.
Todo eso sería un paquete realista de medidas para impulsar, apoyar y proteger a la industria más potente que tenemos hoy los mexicanos, que es la automotriz. Sobre todo en momentos en los que los indicadores de producción, exportación y ventas nacionales de autos han bajado por la incertidumbre sobre la continuidad del TMEC. No basta imponer aranceles tan grandes al gigante chino si lo que realmente quiere la Presidenta es potenciar e impulsar la producción de autos y de autopartes en el país.
Haría falta mucho más imaginación y osadía del gobierno de la doctora Sheinbaum para lograr, en medio de las presiones tanto de Estados Unidos como de China, para emular algo parecido a lo que logró el presidente López Mateos en 1962, con su histórico “Decreto Automotriz” en el que permitió la llegada a México de dos nuevos grandes jugadores de la industria automotriz de aquellos tiempos: Alemania y Japón, que llegaron a competir y dinamizar el mercado de los autos mexicanos, entonces dominado totalmente por las fábricas estadounidenses. Hoy esos nuevos jugadores son China y Corea del Sur, que dominan la industria de la electromovilidad. ¿O será que México también va a seguir a Donald Trump en su idea de volver a fabricar solo autos de combustión fósil, en detrimento no sólo del dañado medioambiente, sino también de los acuerdos climáticos firmados por nuestro país?
NOTAS INDISCRETAS…
El asesinato de un inmigrante mexicano, que murió por disparos de un agente del ICE ayer en Chicago, confirma la aplicación de métodos claramente ilegales y violatorios de los derechos humanos por parte de la administración Trump en su desenfrenada persecución de los inmigrantes que viven y trabajan en los Estados Unidos. Silverio Villegas no era ningún delincuente ni mucho menos representaba ningún peligro para la sociedad estadounidense. Era un cocinero que se ganaba con su trabajo el sustento y que tenía muchos años de radicar y laborar en la ciudad de Chicago. La forma arbitraria en que intentaron detenerlo los agentes del ICE, cuando conducía su auto por la ciudad, lo hizo intentar escapar de una deportación segura y en su persecución y huida, según la versión oficial de la agencia estadounidense, embistió a uno de sus oficiales, lo que justificó que lo mataran a tiros. Anoche la cancillería mexicana confirmaba la identidad del michoacano Silvestre, que con 38 años de edad, perdió la vida por los disparos de los agentes del ICE. Curiosamente en el comunicado de Relaciones Exteriores no había ni el más mínimo asomo de indignación o condena a los métodos ilegales y arbitrarios del ICE y del gobierno de Trump para detener a los migrantes mexicanos, sin saber si son ilegales o no y sólo por su color de piel. Si acaso, la tibia cancillería mexicana decía que iba a seguir las investigaciones y hablaba de “apoyar a la familia del connacional”, como si con un apoyo se le fuera a restituir la vida de Silverio que tal vez cometió un error al resistirse a un arresto injusto y arbitrario, pero eso no justifica, bajo ninguna circunstancia que lo asesinaran a tiros. De verdad que la cancillería de Juan Ramón de la Fuente se ve tibia y timorata cuando se trata de defender los derechos y la vida de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos…Y hablando de la vida, el episodio cerebral que sufrió el diputado morenista, Manuel Espino, lo tiene en estos momentos entre la vida y la muerte. Su condición es crítica y lleva ya varios días en terapia intensiva en un hospital privado del sur de la Ciudad de México, donde su familia enfrenta ya una cuenta millonaria que, dicen, supera los 4 millones de pesos, por lo que sus familiares han buscado algún apoyo de la Cámara de Diputados, pero la eliminación de los seguros de gastos médicos, en nombre de la austeridad, les ha negado cualquier tipo de ayuda. El problema que tiene ahora la familia del diputado Espino es que su condición crítica impide cualquier traslado a otro hospital y las cuentas millonarias que suele aplicar el Hospital Médica Sur, que se ha convertido en un lucrativo negocio, tiene literalmente en vilo no sólo la vida del legislador sino a toda su familia que no alcanza a pagar las cifras estratosféricas que cobra ese hospital privado. Lo curioso es que mientras los morenistas pugnaron y votaron por anular los seguros de gastos médicos a los congresistas, ahora a ellos se les ve llevando una vida de lujos y excentricidades que distan mucho de la supuesta austeridad que pregonan. Y mientras su familiar se debate entre la vida y la muerte, la esposa y los hijos de Manuel Espino de plano abrieron una cuenta en la página de colecta de fondos denominada Gofund, en la que le piden a la gente sus donativos económicos para poder cubrir los onerosos gastos del hospital privado donde lo internaron de emergencia. “Queremos contarte que nuestro padre Manuel de Jesús Espino está en proceso de recuperación tras una cirugía. Con la ayuda de Dios y el apoyo de quienes lo queremos, estamos reuniendo fondos para cubrir los gastos médicos que necesita y acompañarlo en este proceso. Cada oración, cada mensaje de cariño significa mucho para él y para toda nuestra familia. Si deseas colaborar, puedes hacerlo aquí: https://gofund.me/90f3bd77a”, dice el mensaje que publicaron los familiares del legislador federal en las redes sociales…Tras la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que vinculó al empresario Saúl Vera Ochoa, de la empresa Tampico Terminal Marítima, S.A., con el senador Adán Augusto López, el tabasqueño negó tener vínculos con dicho empresario, a quien se señala como financiador de su campaña presidencial en 2024, y al mismo tiempo como operador del muelle 289 del Puerto de Tampico por donde ingresaban los buques cargueros repletos del huachicol fiscal procedente de Estados Unidos. Aunque la investigación de MCCI afirma que Vera López constituyó su empresa en 2020 y que dicha constitución se llevo a cabo en la Notaría 27 de Villahermosa, Tabasco, el coordinador de Morena comentó ayer con sus allegados que “no existe ni tengo ningún tipo de vínculo de carácter laboral con Saúl Vera Ochoa, y menos con la concesión entregada del muelle en Tampico”, al tiempo que el morenista sugería a los reporteros de MCCI que “mejor investiguen sobre los negocios que hicieron Felipe Calderón, Margarita Zavala y Antonio Dávila Capiterucho, desde la CONAGUA en 2007 con las inundaciones que se dieronsa
