Opinión

SLP: cómplices de la putrefacción

Roberto Rock L.

Gallardo negoció para que votos le fueran canalizados al priista José Manuel Carreras

En la primavera de 2015, Ricardo Gallardo Juárez, aspirante a la alcaldía de San Luis Potosí, fue citado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Lo ahí conversado selló la ruta que hoy lleva al estado al precipicio de ser entregado a una facción política imputada por vínculos con el crimen organizado.

Gallardo Juárez, controvertido desde que encabezó el municipio de Soledad de Graciano Sánchez (2009-2012), era abanderado por PRD y PT, franquicias apenas testimoniales en el estado hasta que la familia Gallardo las financió y puso al servicio de su red de intereses. 

Según testimonios confiados a sus cercanos por Gallardo, negoció con Osorio Chong que un importante número de los votos que lograra —se calculan más de 60 mil— fueran canalizados al entonces candidato a la gubernatura, el priísta José Manuel Carreras. En los comicios del 7 de junio de ese año, Carreras superó a su adversaria del PAN, Sonia Mendoza, por apenas 30 mil sufragios. 

Como retribución, el gobierno Peña Nieto habría favorecido la liberación de Ricardo Gallardo Cardona, hijo de aquél, preso desde el 5 de enero de ese año por la Procuraduría General de la República a cargo de Jesús Murillo Karam, tras denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por desvíos de más de 200 millones de pesos de la hacienda municipal de Soledad. Al ser arrestado, en su vehículo fue hallado un violín con valor de 5 millones de pesos. 

Gallardo hijo estaba recluido en un penal de alta seguridad en Hermosillo. Tras el acuerdo, fue trasladado a una cárcel menos rigurosa en Ocampo, Guanajuato, de donde el 9 de diciembre de ese mismo 2015 fue liberado porque un juez consideró que la PGR no demostró sus presuntos delitos. 

Unos días antes de ese arresto, Carlos Navarrete, a la sazón Presidente Nacional del PRD, citó en sus oficinas a la dirigente perredista potosina, Érica Briones. De acuerdo con lo que ella compartió con cercanos, Navarrete le ordenó informar a Gallardo Cardona de su inminente aprehensión; así lo hizo ella, pero el destinatario desestimó la advertencia. Tenía licencia como alcalde para disputar la gubernatura, y apenas un mes antes se había sometido a un “protocolo de ética” que, según dictamen de su partido, libró exitosamente.

En 2018, Gallardo Cardona se hizo postular por el PRD para diputado federal, e incluso fue coordinador de la respectiva fracción en San Lázaro. En 2019, él y otros ocho correligionarios, entre ellos Héctor Serrano y Mauricio Toledo —operadores políticos de Miguel Ángel Mancera en la capital del país— se separaron de la bancada y apoyaron a Morena en votaciones clave. 

Gallardo Cardona es nuevamente candidato a la gubernatura, por la coalición Partido Verde-Partido del Trabajo, que hubiera incluido a Morena si no lo hubiera impedido una revuelta interna contra una alianza que ya había firmado su dirigente, Mario Delgado. Existe en su contra una nueva denuncia de la UIF, como se reportó en este espacio, por empresas fantasma y lavado de dinero. Pero esta vez ninguna autoridad, ni estatal ni federal, lo ha molestado, tampoco las instituciones electorales.

Entre los operadores de campaña de Gallardo Cardona han sido detectados emisarios de bandas criminales en Tamaulipas y expolicías federales, que gastan a manos llenas y arrancan aportaciones a empresarios locales. También, brigadas del PVEM de Quintana Roo y Chiapas. 

De acuerdo con encuestas, Gallardo Cardona puede ganar la gubernatura potosina. De lograrlo, el estado podría convertirse en un enclave de la narco-política. No será su mérito único. Mucho le deberá a sus cómplices. 
 

 

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