Una de las promesas de AMLO al asumir el gobierno –compromiso por cierto incorporado y asumido como obligación en el T-MEC– fue la democratización de los sindicatos. Hay evidencia, sin embargo, de que ese objetivo ha sido torpedeado desde el mismo gobierno mediante probable tráfico de influencias y un claro conflicto de intereses.

Un ejemplo, entre otros, se puede ver en el gremio de un sector estratégico para la seguridad de la aviación del país, el de los controladores aéreos, pieza central de un sistema que fue degradado en mayo pasado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), lo que impide a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas hacia ese país.

Los controladores aéreos han exigido al líder de su sindicato (SINACTA), Alfredo Covarrubias, que rinda cuentas sobre cuotas sindicales que suman medio millón de pesos al mes, lo cual no hace –según denuncian– desde hace varios años.

Para darle la vuelta al cumplimiento de esa demanda de elemental transparencia, Covarrubias la ha emprendido contra la política de capacitación y promoción de los más aptos, puesta en marcha por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) que dirige Víctor Manuel Hernández Sandoval, al reclamar el manejo del total de las plazas vacantes como ocurría en pasadas administraciones, mecanismo rechazado por los propios controladores.

Su argumento ha sido que hacen falta más controladores, lo cual es cierto y fue la razón por la cual se terminaron las comisiones sindicales. Todos los comisionados se presentaron para tomar cursos de capacitación, actualizaron sus licencias y regresaron a sus labores, menos Covarrubias y el secretario de Organización, Ángel Estrop Iturbe. Ambos se negaron a presentar la actualización de su licencia aeronáutica. Dijeron que era una exigencia inadmisible, pero en realidad fue porque no la obtuvieron, ya que Covarrubias no cumple con el requisito mínimo de dominio del inglés y Estrop Iturbe no actualizó su examen médico.

Al no reincorporarse a sus tareas, empezaron a acumularse las faltas y Covarrubias –quien ya tenía veinte años sin controlar tránsito aéreo– fue despedido, razón por la cual interpuso una queja ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que, asegura a sus cercanos, ganará porque cuenta con la asesoría y la influencia de Arturo Alcalde Justiniani, padre de la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde Luján.

Alcalde Justiniani es, sin duda, un reconocido abogado laboral, siempre muy solicitado –y ahora más– como asesor legal de un buen número de sindicatos, entre ellos el de los controladores aéreos, el de la Universidad Autónoma Metropolitana y el de Académicos de la Universidad de Chapingo.

Lo ha sido también del sindicato de Telefonistas, cuyo líder, Francisco Hernández Juárez está al frente del gremio desde hace 44 años, tras desplazar al cacique Salustio Salgado (que lo había liderado durante diez), como parte de un movimiento de democratización sindical hoy por lo visto inexistente y cuya permanencia se debe en gran parte al respaldo del padre de la titular de la STyPS, según comentan José del Refugio Cano y José Montealegre, del Frente Telefonista Alternativo que congrega a cuatro grupos disidentes dentro del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). Ellos denunciaron también, desde noviembre pasado, que la secretaria Alcalde Luján frena todo intento de democratización en el sindicato donde se ha perpetuado Hernández Juárez.

Cabe preguntar entonces a la secretaria Alcalde Luján: ¿No hay en esto tráfico de influencias o por lo menos un conflicto de interés? ¿Dónde está la democratización de los sindicatos?

Instantáneas:

1. MEDICINAS. Hagamos algunas cuentas para poner en perspectiva el plan de compras y distribución de medicamentos anunciado ayer por el gobierno. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) la demanda promedio del sector salud ha sido de 150 millones de piezas de medicamentos al mes, lo que significa mil 800 millones de piezas al año. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó ayer en la mañanera que mediante el mecanismo de adquisiciones de Naciones Unidas (UNOPS) se han entregado al país 25 millones de piezas y están en camino 170 millones más, es decir, 195 millones de piezas, lo que ni siquiera alcanzaría para cubrir dos meses completos, además de que solo pudo adquirir mil 38 claves (medicamentos específicos) y no lo logró con otras 996 (entre medicinas y material de curación). La UNOPS, dijo Alcocer, planteó solventar esa necesidad en un lapso de sesenta días, por lo que el gobierno optó por un Plan B que ayer se conoció en sus términos generales y que se consiguió en 37 días de trabajo intenso. Con ese plan se adquirieron 950 claves de las faltantes, para totalizar mil 729 millones de piezas (816 millones de medicamentos y 912 millones de material de curación) que, sumados a los 195 millones de piezas de la UNOPS, totalizan mil 924 millones de piezas, esto es, 124 millones de piezas más que las demandadas anualmente. El monto pagado a la UNOPS por las claves conseguidas fue de 45 mil 422 millones de pesos y lo gastado en el plan B fue de 31 mil 547 millones de pesos, un ahorro por siete mil 180 millones de pesos respecto a los 38 mil 727 millones de pesos presupuestados. Según el titular de Salud, ya no se adquirieron medicamentos de las diez empresas que acaparaban el 80% del total de lo adjudicado. Ahora la empresa que concentra el mayor porcentaje (6.78%) es Gilead Science, seguido por la paraestatal Birmex y otras, la mayoría establecidas en México, como Pfizer, Roche y Novartis entre otras. De lo anterior se puede concluir que: a) Enfrentamos un grave desabasto; b) Que alternativa UNOPS fue un fracaso; c) Que 98% de lo adjudicado correspondió a empresas establecidas en México; y d) Que la solución siempre estuvo en casa por precio y calidad. Aunque faltan muchos detalles por conocer (sobre todo en la distribución de los medicamentos), la Amelaf reconoció ayer que fue una buena negociación en términos comerciales y presupuestales, y estimó que este suministro (que ya veremos cuándo y cómo llega) alcanzará para lo que resta del año y para el primer semestre del próximo. Lo que se ve venir es un mecanismo híbrido de ventas consolidadas del sector salud.

2. EXTRAORDINARIO. El líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentará hoy una iniciativa de reforma en los artículos transitorios de la legislación laboral, a fin de que se amplíe30 días el plazo para la entrada en vigor de los nuevos términos del outsourcing o subcontratación. De esta manera el plazo se prorrogaría del primero de agosto al primero de septiembre de este año. Para esto ha realizado un intenso cabildeo con los líderes de los otros grupos parlamentarios a fin de realizar un período extraordinario para el próximo 29 de julio. El PAN mantiene reticencias en ir a un extraordinario pues teme que los madruguen con la inclusión de otros asuntos pendientes y urgentes para el gobierno de la 4T.

3. CORRIENTE. Exfuncionarios, exlegisladores y exdirigentes del PRI anunciaron ayer la conformación de una Plataforma por la Refundación del Partido Revolucionario Institucional, con el surgimiento de la Corriente Nacional de Opinión y Expresión Política. Entre los convocantes están el exvocero presidencial Fernando Lerdo de Tejada y el exlegislador Jaime del Río. Quien fuera vocero del expresidente Ernesto Zedillo declaró que en las pasadas elecciones le fue muy mal al PRI y que, si no se hace algo, el otrora partidazo corre el riesgo de desaparecer. “No es contra Alito (el actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas), pero necesitamos un Comité Ejecutivo Nacional que se dedique de tiempo completo a la renovación del partido”, dijo Lerdo de Tejada.


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