El Tren Maya, si bien cuestionado por su rentabilidad económica y potencial daño ambiental, es el principal proyecto de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el que colaboran empresas nacionales y extranjeras. Un total de 13 grandes compañías participan en esta obra, la cual, como en casi todas las de la administración actual, tienen presencia de las Fuerzas Armadas.

La preponderancia del Ejército mexicano en los proyectos de inversión del gobierno ha generado molestia a la iniciativa privada, aunque esta no se ha hecho pública por tratarse de las Fuerzas Armadas; sin embargo, en privado los empresarios se quejan de lo que consideran la ‘militarización’ de la infraestructura nacional y del enorme poder económico que se le ha otorgado a la Sedena y Marina.

Respecto al Tren Maya, el presidente López Obrador tomó hace un par de semanas una decisión que caló hondo entre los empresarios constructores: otorgarle el contrato más rentable y atractivo del proyecto a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de la construcción del Tramo 5 Norte, que corresponde a 60 kilómetros de recorrido desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hasta la entrada de Playa del Carmen.

Originalmente se pensó que ese contrato se lo quedaría a la dupla BlackRock-Prodemex, que hizo una propuesta no solicitada por un total de 17 mil millones de pesos para la rehabilitación de la carretera Cancún-Tulum, bajo un modelo de Asociación Pública-Privada. El Presidente, que se ha encargado de palomear o desechar a todos los participantes, inicialmente le dio el visto bueno, pero luego los ‘bateó’ por no querer reducir sus costos.

La supuesta buena relación del presidente de BlackRock, Larry Fink, con López Obrador, así como la cercanía de Olegario Vázquez Aldir, dueño de Prodemex, con la Presidencia —además de que su empresa no ganó una sola licitación en el Tren Maya— no fue suficiente para que se les adjudicara el contrato en los términos propuestos. 

Fonatur, la dependencia a cargo del proyecto, lanzó entonces una licitación pública para este tramo, a la cual se inscribieron 10 consorcios. López Obrador decidió ignorarlos a todos y anunció, antes que el propio Fonatur, que el Ejército se haría cargo de la obra.

La decisión presidencial tuvo que ver con tres factores: el primero, que la mayoría de las empresas participantes ya tenían concesionada alguna parte del proyecto; el segundo, que casi todas van retrasadas entre tres y cuatro meses en sus obras, y el tercero, que el general Gustavo Vallejo, encargado el aeropuerto de Santa Lucía, le dijo al Presidente que ellos lo podían hacer.

Al inicio del sexenio, el Ejército presentó la propuesta de hacer un Viaducto Elevado de 60 kilómetros, en lugar de la rehabilitación de la carretera. El problema ahora es que el costo se elevará casi al doble, a más de 30 mil millones de pesos, según me dijo esta semana el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.

En la licitación por este tramo, el grupo integrado por ICA, Mota Engil México e Impulsora de Desarrollo presentó la propuesta económica más baja, por 10 mil 350 millones de pesos, mientras que el integrado por CICSA, La Peninsular y FCC entregó la oferta mayor, por 18 mil 558 millones.

Las Fuerzas Armadas tienen ya la administración de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, así como los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque. En total, hay más de 10 mil integrantes del Ejército participando en todo el proyecto.

Este es otro desplante del Presidente a los empresarios.

Posdata

Hoy inicia la 84 Convención Bancaria con el lema: “La Banca como impulsor del crecimiento económico 2021”. La crisis por la que atraviesan los bancos, entre pérdidas, aumento de la cartera vencida, reestructuras financieras de empresas y un gobierno que está fortaleciendo su banca social para no depender de las instituciones privadas en la dispersión de los recursos de programas sociales, se podría agudizar con los cambios de reglas en el sector eléctrico. Resulta que los 44 mil millones de dólares de inversiones que están en riesgo por el golpe a los generadores privados tienen detrás de sí a algún banco local. Los impagos y reestructuras que ocasionará la reforma del presidente López Obrador tiene de lo más preocupado a este sector, porque esto sí podría causarles una profunda crisis.

Congreso se enreda con Cabeza de Vaca

Desde Palacio Nacional se mantiene la instrucción a los diputados de Morena para hacer públicas, a la mayor brevedad posible, las imputaciones contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que el líder de la bancada, Ignacio Mier Velazco, ha intentado por todos los medios conseguir los expedientes, al grado de llegar a poner en riesgo el proceso judicial.

Sin embargo, después de que Santiago Nieto explicó a la Comisión de Transparencia el camino que debe seguirse para la declaración de procedencia, no se entiende por qué el Congreso aún no emite una nueva convocatoria hacia la UIF y los Ministerios Públicos; esta vez de la instancia que sí es responsable del desafuero: la Sección Instructora que preside el también diputado morenista Pablo Gómez.

En vilo, candidata panista en Chihuahua

A la candidata panista por el gobierno de Chihuahua, Maru Campos Galván, se le puede venir la noche, luego de enfrentar la carpeta de investigación número 19-2020-17757 que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de esa entidad le abrió por los delitos de cohecho y uso indebido de atribuciones.

Esto podría dar un giro a las preferencias electorales, en donde, según los últimos sondeos, Campos Galván va a la cabeza con el 45%, seguida de Juan Carlos Loera, de Morena, con 25%; Jorge Alfredo Lozoya, de Movimiento Ciudadano, y al final la candidata del PRI, Graciela Ortíz, con 11%.

La dependencia acusa a la presidenta municipal con licencia de recibir 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 del exgobernador priista César Duarte, cuando fue vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, en lo que se conoció como la “nómina secreta de Duarte”, además se le señala de recibir sobornos cuando fue candidata a la alcaldía para su primer mandato en ese cargo.

Otro tema que trae a cuestas es el de las licitaciones de las empresas Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC SA. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V., todas ellas con relación entre sí, las cuales simularon competencia para ganar contratos que oscilan los 13 millones de pesos entre 2017 y 2018.


 
@MarioMal
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