María Elena Ferral, periodista con 30 años de trayectoria en el periodismo veracruzano, denunció las redes de complicidad del poder económico y político en la región de Papantla-Gutiérrez Zamora.

Identificó también a quienes el 21 de marzo de 2018 asesinaron a Leobardo Vázquez Atzin, periodista propietario de un portal de noticias, investigación que no pudieron concretar las autoridades.

Lo anterior le costó la vida.

El 30 de marzo de 2020 María Elena fue interceptada y asesinada por dos hombres frente a una notaría de Papantla. Recibió tres impactos de bala que perforaron órganos vitales.

Ha habido capturas de involucrados en el crimen, pero quienes amenazaron de muerte directamente a la periodista siguen prófugos. Una situación dolorosamente común cuando ocurre un ataque contra un reportero o reportera.

Como el caso de Ferral, hay decenas a lo largo y ancho de la República. Periodistas que perdieron la vida o han sido agredidos por denunciar a grupos del crimen organizado o por señalar irregularidades en las tareas de gobierno, en síntesis, por desempeñar su labor.

¿Cuáles son las garantías que ofrece la autoridad para que el periodismo —principalmente el que se realiza en las pequeñas ciudades del país— siga realizando la tarea de documentar aquellas acciones de gobierno que pasan sobre la sociedad o de señalar a aquellos funcionarios que utilizan mal su cargo público?

El de Ferral es un caso emblemático por denunciar de manera constante el tráfico de influencias que se da desde posiciones de gobierno. Las amenazas contra su vida fueron públicas. La denuncia que presentó ante la autoridad de justicia sirvió de muy poco.

Diarios, revistas y portales que integran la Alianza de Medios se han dado a la tarea de visibilizar casos como el de María Elena Ferral para que no queden impunes.

Cuando no hay protección o garantía de que las agresiones contra periodistas sean investigadas y de que además se sancione a responsables, en ese momento se atenta contra la libertad de expresión y pierde la sociedad en general. Dejar sin castigo las agresiones es un incentivo perverso para que los homicidios contra periodistas continúen cometiéndose.

Google News

TEMAS RELACIONADOS