Ignoro si, como dice un alto mando del ejército de los Estados Unidos, casi un tercio del territorio nacional está en poder de los criminales, pero lo que es evidente es que la mancha delincuencial avanza por todos los rumbos del país, ante la incapacidad del Estado para contenerla y replegarla.

En unos cuantos días el candidato de Movimiento Ciudadano a alcalde de Cajeme, Abel Murrieta, fue asesinado a plena luz del día. En Culiacán —la tierra de Ovidio y sus hermanos— asesinan al director de la policía preventiva estatal y en Moroleón, Guanajuato, otro atentado cobra la vida de la candidata a alcaldesa Alma Rosa Barragán.

¿Las autoridades que resultarán electas, seguirán la política de “dejar hacer, dejar pasar” o como ocurrió con el matrimonio Abarca en Iguala, constituirán narco-municipios?

El caso de Aguililla, en Michoacán, exhibe la rendición del Estado. Con candidez, Andrés Manuel imagina que sus exhortos a los delincuentes a portarse bien y la sola presencia de los miembros de las corporaciones federales los disuadirá; y que las becas que ofrece a los muchachos, los apartará de la tentación de iniciarse en las ligas delincuenciales.

Lo que ocurre es inaudito: los criminales se muestran como el único poder y ni el gobierno federal ni el estatal hacen lo que les corresponde para devolverle la tranquilidad a esa comunidad. El propio párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, habla sin tapujos de la dura situación de los soldados que no pueden responderle a la delincuencia con la contundencia que deberían porque están frenados por la política presidencial. No lo dice el párroco con esas palabras, pero está claro que se refiere al dictum: “abrazos no balazos.”

En unos lugares emboscan y asesinan a policías y soldados. En otros, como en Valle de Bravo y Uruapan, secuestran candidatos. En lo que va de este gobierno son más de 85 mil los homicidios dolosos, son “los muertos de Andrés Manuel”, que ya suman muchos más que “los muertos de Calderón” o los de Peña Nieto en el mismo periodo.

Alfonso Durazo, el inepto secretario de Seguridad al que se le ha descubierto un gran patrimonio inmobiliario, no tenía en su larga carrera burocrática la más mínima experiencia en la materia, y como miembro del gabinete, simplemente flotó porque su verdadero interés —lo confesó varias veces— era ser gobernador de Sonora.

La apuesta de este gobierno por los militares en materia de seguridad implica abandonar el proyecto de reconstruir a las corporaciones policiales desde la base, es decir, a nivel municipal y estatal. Los efectos de este enfoque implicarán seis años perdidos, seis años en los que pudo revisarse la estrategia que ha probado ser errónea, para diseñar y aterrizar un enfoque sistémico e integral que, inexplicablemente, ha estado ausente desde hace muchos años.

Lo que observamos es la tragedia, que parece no tener fin, de una sociedad lastimada por los criminales que se saben impunes, mientras el gobierno es conducido por un hombre que cree en el poder milagroso de sus sermones.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate

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