Opinión

Vamos todos contra Loret

Sandra Romandía

Vamos a dar a conocer la lista, de periodistas y todo, aprovechamos de una vez para lo de Carlos Loret de Mola— dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Mañanera del pasado 2 de marzo, al referirse a ventilar los datos fiscales del periodista.

—¿No es algo ilegal?— le preguntó un reportero.

—No... porque lo está pidiendo la colectividad, todos ustedes... o pídanla por escrito y la traen. De una vez que les entregue el SAT toda esa información —contestó. Y así acabó el encuentro de ese miércoles con la prensa, una vez más amenazando dar a conocer documentos de la vida de un comunicador que le incomoda al régimen.

El código penal de nuestro país especifica que se constituye el delito de ejercicio ilícito del servicio público cuando el servidor público utilice por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Pero ¿qué tan legal es lo que dijo y lo que plantea? ¿Una vez más se topará con pared al intentar exhibir a un trabajador de la iniciativa privada como si fuera un funcionario cuyos ingresos vienen del erario?

Primero, echemos un vistazo a lo que dicen la Constitución y las leyes específicas sobre el tema. ¿Es posible dar a conocer información fiscal de una persona, así como así?

Porque el presidente, desde su trinchera como máximo líder político del país, ejerce sus palabras con irresponsabilidad mayúscula en caso de hablar sin estar informado de lo que dicen los códigos de su propio país.

En México existe el “secreto fiscal” por cuanto a la privacidad de la información que le declaramos a Hacienda, y la que esta misma autoridad puede recabar cuando ejerce sus facultades de revisión. Este secreto desaparece cuando cometemos infracciones al código fiscal que determine que se decrete un crédito fiscal, es decir que le debamos al fisco, ya sea esté determinado en firme, que no se haya pagado el crédito, o que se haga mal uso de los CFDI en operaciones inexistentes. En todos estos casos la propia autoridad debe publicar los listados con las personas físicas o morales que se encuentren bajo estos preceptos. Mientras no sea así, el propio artículo 69 del CFF garantiza la confidencialidad de los datos.

Como sabemos, los sujetos obligados (es decir, autoridades, organismos, instituciones, universidades, partidos... ) deben por ley transparentar y permitir el acceso a la información en su poder, a la vez que son responsables de los datos personales de quienes estén en esos registros, según se establece en los artículos 6º de la constitución, 68, de la Ley General de Transparencia, y en el 16 de la Ley Federal de Transparencia. Luego, tenemos que los artículos 120 de la primera, y el 117 de la segunda, señalan que se podrán abrir esos datos si son confidenciales siempre y cuando el titular dé su consentimiento, a excepción de: “I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; II. Por ley tenga el carácter de pública; III. Exista una orden judicial; IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación”.

Y, en este tenor, la ley permite que se revelen datos de impuestos del SAT —según el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación— cuando las personas físicas o morales tengan créditos fiscales firmes, créditos fiscales determinados que no estén pagados o garantizados, y en todo caso, esta información ya debe ser pública en los registros abiertos de la autoridad.

En pocas palabras: la información fiscal de una persona, sea periodista, maestro, artista o cualquier otra profesión o trabajo, no puede ser difundida a menos que ya esté ilocalizable como deudor de impuestos atrasados, o sus créditos hayan sido cancelados.

¿Cuál es el juego? Una vez más: confundir, llamar a linchar a un periodista que le resulta incómodo, denostar al mensajero para evadir el mensaje, hacer un poco de show y amenazar para que también lo escuchen quienes estén “planeando” atacar a su gobierno. 

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