El gobierno federal finalmente tomó nota de la terrible crisis de violencia que vive Zacatecas. Presionado por las escenas de cadáveres colgados en pasos peatonales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó, con casi todo su gabinete legal a cuestas, a la capital estatal y anunció un plan de apoyo para esa entidad federativa.

El único problema es que el plan no es plan ni brinda mucho apoyo:

1. De arranque, no parece existir algún documento rector en el que se presente un diagnóstico, se enumeren los objetivos del plan, se detallen las estrategias, se listen las métricas de avance y se asignen responsabilidades. O si existe, no se presentó ayer en el evento de lanzamiento y no se puede encontrar en ninguna página de internet del gobierno. Más que plan, parece haber un listado de compromisos inconexos de múltiples dependencias.

2. Esos compromisos, además, parecen más bien escasos. Durante la presentación del plan, los titulares de dependencias federales básicamente se limitaron a listar acciones que ya se han realizado en Zacatecas. Hubo muy pocos anuncios de medidas adicionales. Por ejemplo, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, luego de listar los programas ya existentes, afirmó “estamos trabajando una propuesta para el año 2022 acorde con las necesidades y prioridades que planteen y congruentes con las disposiciones presupuestales”. El secretario de Bienestar, Javier May, se dedicó a hablar de la pensión a adultos mayores y su incremento en 2022 (algo que sucederá en todo el país). La secretaria de Educación, Delfina Gómez, señaló que “nuestro compromiso es seguir fortaleciendo los cuatro programas que tenemos como prioridad para un mejor servicio educativo.” Es decir, muy poco nuevo y casi nada con sentido de urgencia.

3. En el tema específico de la seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se comprometió a incrementar el número de elementos, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, desplegado en territorio zacatecano. Pero no mucho: en total, se enviarán 460 elementos más a Zacatecas (210 del Ejército y 250 de la Guardia Nacional). Esto además se reforzará, según se dijo, con despliegues en entidades vecinas para vigilar los accesos al estado. Por lo descrito, la prioridad parece recuperar el control de caminos y carreteras. Y eso está muy bien y puede servir para muchos propósitos, pero no se entiende del todo como va ayudar esa medida a reducir los homicidios en un lugar como Fresnillo, donde se concentran uno de cada tres asesinatos cometidos en Zacatecas.

4. Se debe recordar además que, para todo fin práctico, la Guardia Nacional no atiende el delito de homicidio (https://bit.ly/32mJBzt)

¿Quién, entonces, va a tener la responsabilidad de enfrentar el problema que supuestamente motivó el plan? Allí tendrían que entrar dos actores claves: 1) las fiscalías (la federal y la estatal), y 2) las policías estatales y municipales. Las primeras ni siquiera estuvieron presentes en el evento: las palabras “procuración de justicia” no aparecieron por ninguna parte. Y en cuanto a las corporaciones locales, lo único que se ofreció fue apoyo para que, en un plazo indeterminado, “el 100 por ciento de la policía de Zacatecas obtenga el Certificado Único Policial”. Y en materia de investigación criminal, solo se estableció un compromiso de “coadyuvar en la judicialización de asuntos prioritarios”.

En resumen, tenemos un plan de apoyo sin recursos emergentes, con pocos elementos federales adicionales, y sin énfasis en identificar, capturar y procesar a los asesinos que tienen a Zacatecas contra las cuerdas.

Buena suerte con eso.