Esta ha sido una semana movida en Zapopan, Jalisco. Tras la reaprehensión de Rosalinda González Valencia, comentada en esta columna el miércoles pasado, dos integrantes de la Marina fueron secuestrados en ese municipio, supuestamente por órdenes de una hija de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. El plagio de los marinos detonó a su vez un amplio operativo de búsqueda, con escenas casi sacadas de serie televisiva.

Lo que veremos en las próximas semanas y meses será probablemente una escalada del conflicto entre el gobierno y la estructura criminal del Mencho. Esto significa un cambio sustancial en la política de la actual administración y, en particular, su postura de no priorizar la persecución de cabecillas del crimen organizado.

La causa efectiva de este cambio posiblemente se encuentre más allá del Río Bravo. Esta semana, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) dio a conocer un reporte preliminar sobre muertes por sobredosis en EU en el periodo 2020-2021.

Los datos son de espanto: entre mayo de 2020 y abril de 2021, habrían muerto por sobredosis más de 100,000 personas. Esto es una marca histórica e implica un crecimiento anual de 28%.

De ese total, casi tres cuartas partes serían resultado del abuso de opioides. Y de esas muertes, casi 63,000 estarían relacionadas con opioides sintéticos, particularmente el fentanilo. Por si fuera poco, también aumentaron de manera acelerada las muertes por sobredosis de metanfetamina y cocaína.

Según la CDC, este brinco en las muertes por sobredosis está conectado a la pandemia y la crisis de salud mental que trajo aparejada. A esto se le añaden las condiciones creadas por el confinamiento (más personas mueren por sobredosis cuando están solas) y la sobrecarga de los servicios de emergencia.

Pero además de estos fenómenos coyunturales, las autoridades estadounidenses afirman que hay un incremento de la oferta de fentanilo proveniente de México. Los grupos criminales mexicanos habrían, según los vecinos, pasado de ser importadores a productores masivos de esa sustancia. Se importarían desde China solo precursores y la manufactura del producto se haría en México. Con esto, los volúmenes contrabandeados a Estados Unidos habrían crecido exponencialmente.

Esto puede ser o no cierto —como regla, hay que tomar siempre con una buena dosis de escepticismo lo que dice el gobierno estadounidense sobre el tráfico de drogas— pero esta conexión mexicana está volviéndose parte de la narrativa dominante en Estados Unidos sobre la crisis de los opioides.

Y, con casi total certeza, esa narrativa será usada por los adversarios republicanos del presidente Joe Biden en 2022 y 2024. La consecuencia casi obvia será el endurecimiento de la política antinarcóticos de Estados Unidos. De hecho, apenas ayer, el presidente Biden promulgó una ley que permite al Departamento de Justicia procesar por homicidio a quien agreda a sus agentes fuera de Estados Unidos. Biden lo describió “como un mensaje a los cárteles de la droga”.

Otros mensajes —más discretos, pero tal vez más eficaces— han sido enviados, con toda probabilidad. Ante la sensación de crisis y la cercanía de procesos electorales, la tolerancia con la relativa pasividad mexicana en la persecución de capos se ha vuelto escasa.

De allí (entre otras razones) el endurecimiento de la política mexicana y la decisión de ir, ahora sí, tras el Mencho y el CJNG, sirva o no (casi de seguro no) para contener la crisis sanitaria en Estados Unidos.

Así que los eventos en Zapopan podrían ser solo el prólogo de una batalla larga.