Uno de los hechos delictivos con los que a menudo se vincula a los políticos es el enriquecimiento ilícito.
El delito está previsto en la justicia penal y en las leyes que sancionan a servidores públicos.
Implica que un servidor público no pueda acreditar el aumento de su patrimonio cuando se le compara con los ingresos legítimos que recibe.
Esto incluye los montos en las cuentas bancarias, así como los bienes que se encuentren a su nombre y aquellos en los que se ostente como el dueño.
En el caso de Puebla han sido cinco los políticos que en los últimos dos años han sido vinculados y señalados por enriquecimiento ilícito.
Apenas esta semana se supo que Sandra Neli C., diputada suplente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) había sido reaprehendida por ese delito.
Su defensa había logrado que fuera liberara por acusaciones que estaban relacionadas con el robo de vehículos y la acumulación de armas.
En noviembre del 2022 fueron detenidos y procesados por enriquecimiento ilícito los ex alcaldes Antonio V. de Teziutlán e Inés S. de Tecamachalco, ambos del Partido Acción Nacional (PAN).
En julio del 2022 también se vinculó por ese delito a Arturo C., alcalde electo para este trienio en Acatlán, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En este caso, al igual que el de la diputada suplente, la defensa del presidente municipal también había logrado que se le liberara de otros cargos y surgió el del enriquecimiento.
Otro político que a diferencia de los anteriores ha librado la detención por investigaciones de enriquecimiento ilícito es Mauricio Toledo, quien en 2021 ganó una curul federal por el Partido del Trabajo (PT) en representación del distrito de San Martín Texmelucan.
El político viajó a Chile bajo el argumento de contar con esa nacionalidad antes de que se ordenara su detención y cuando ya se había aprobado su desafuero.
