Con el objetivo de poner fin a los abusos económicos y los riesgos sanitarios que imperan en el sector funerario del país, la diputada Claudia Rivera Vivanco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, impulsa una reforma constitucional al artículo 115 para modernizar el concepto de "Panteones" y elevar a rango de servicio público las actividades de velación, cremación y traslado de restos.
La propuesta busca que los ayuntamientos retomen la rectoría del Estado sobre estos servicios esenciales, permitiéndoles no solo garantizar espacios físicos para la inhumación, sino también regular de manera integral toda la cadena funeraria, fijar tabuladores de precios justos mediante títulos de concesión transparentes y asegurar que los servicios de velación y traslado cumplan con estándares dignos.
Esta reforma pretende que el Estado mexicano cumpla con su deber de proteger a la ciudadanía en los momentos de mayor vulnerabilidad, garantizando que el último adiós a un ser querido no sea motivo de ruina financiera ni de riesgo para la seguridad nacional.
La legisladora poblana señaló que la redacción vigente de nuestra Carta Magna data de 1983 y resulta anacrónica ante la realidad nacional, lo que ha generado un "vacío legal" aprovechado por agencias privadas para imponer tarifas excesivas. Estas han incrementado hasta en un 100 por ciento en los últimos años, con paquetes que superan los 50 mil pesos, volviendo el derecho a una despedida digna un privilegio inalcanzable para las familias mexicanas más vulnerables.
"Yo me considero municipalista; eso significa ver al municipio como un orden de gobierno con facultades y obligaciones particulares, sobre todo en materia de servicios públicos", afirmó la diputada. "Hoy enfrentamos un vacío jurídico y una ausencia de vigilancia sanitaria. Esta propuesta busca que el Estado retome la rectoría para garantizar el derecho a una despedida digna”.
Rivera Vivanco advirtió que la falta de una autoridad responsable y de una regulación clara ha derivado en graves problemas de seguridad y salud pública, pues actualmente más del 60 por ciento de los cementerios en zonas metropolitanas están en manos de particulares sin una vigilancia estricta. Esto facilita prácticas como cremaciones clandestinas o el ocultamiento de cadáveres vinculados a hechos ilícitos, al no existir la obligación de rendir cuentas periódicas sobre el número de servicios realizados.
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En materia ambiental, la morenista alertó sobre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono generadas por hornos crematorios que operan sin supervisión real, convirtiendo a las normas actuales en simples "cartas de buenas intenciones" ante la ausencia de una facultad sancionadora por parte de los municipios.