El aprobó una reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la gubernatura, a la Presidencia de México o a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana al momento de solicitar su registro como candidatos.

El dictamen fue avalado el 30 de septiembre con 33 votos a favor y seis en contra. La modificación forma parte de una reforma que se discute en el Congreso de la Unión y que plantea cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta establece que, en caso de contar con otra nacionalidad, la persona interesada deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, conforme a los términos que establezca la legislación electoral.

¿Qué cambia para quienes quieran ser gobernadores?

La reforma plantea que para ocupar una gubernatura se deberá ser mexicano o mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

Además, durante el ejercicio del cargo no se podrá solicitar o adquirir otra nacionalidad ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

La restricción también contempla el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro estado, el ejercicio de derechos políticos ante un gobierno extranjero y acogerse a su protección diplomática.

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La reforma no modifica el reconocimiento general de la doble nacionalidad para los mexicanos. La nueva condición estaría dirigida exclusivamente a quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Tampoco contempla al resto de los cargos de elección popular.

Durante la discusión en el Congreso de Puebla, el diputado de Morena Andrés Iván Villegas Mendoza defendió la reforma y sostuvo que quienes gobiernen deben tener una sola nacionalidad.

En contraste, las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano; Delfina Pozos Vergara, del PRI, y Susana del Carmen Riestra Piña, del PAN, expresaron su rechazo. Las legisladoras señalaron que la medida puede afectar a mexicanos migrantes que adquirieron otra nacionalidad y consideraron que constituye un retroceso frente al reconocimiento de la doble nacionalidad vigente desde hace décadas.

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Suriano Corrales afirmó que la reforma genera un mensaje de sospecha hacia quienes tienen dos nacionalidades, mientras Riestra Piña cuestionó que se priorice esta modificación frente a otros asuntos pendientes en comisiones.

Reforma deberá ser avalada por otros Congresos

Al tratarse de una reforma constitucional federal, el dictamen aprobado por el Congreso de Puebla deberá formar parte del proceso de aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales antes de su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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Los cambios serían aplicables a partir de 2028 y no afectarían a quienes ya estén ejerciendo alguno de los cargos cuando entren en vigor.

Una vez concretada la reforma federal, el Congreso de Puebla tendrá 90 días naturales para adecuar la Constitución local y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.

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