Crece conflicto en Acatlán de Osorio, buscan revocar mandato de Lupita Bárcenas

La crisis política y de gobernabilidad en el municipio de Acatlán de Osorio escaló el lunes 15 de junio, luego de que un grupo de regidores, presidentes auxiliares y ciudadanos intensificaran las acciones para exigir la destitución de la alcaldesa morenista Guadalupe Lucero Bárcenas, mientras el Congreso del Estado reiteró que cualquier procedimiento deberá resolverse conforme a la ley y con apego a los mecanismos institucionales.

La confrontación, que lleva varias semanas creciendo, tiene su origen en la solicitud formal presentada por integrantes del Cabildo ante el Poder Legislativo para iniciar un procedimiento de revocación de mandato contra la presidenta municipal.

¿Por qué quieren destituir a la presidenta municipal de Acatlán de Osorio?

Los regidores argumentan presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y un deterioro en las condiciones de seguridad del municipio.

De acuerdo con los inconformes, de los 51 millones de pesos ejercidos en obra pública durante la actual administración, únicamente se han justificado alrededor de 3 millones de pesos, situación que consideran motivo suficiente para solicitar una investigación y una eventual remoción del cargo.

A ello se suman cuestionamientos sobre las percepciones salariales dentro del ayuntamiento. Los regidores han señalado que, mientras la alcaldesa percibe un salario mensual de aproximadamente 77 mil pesos, ellos reciben alrededor de 15 mil pesos, diferencia que consideran desproporcionada.

También han criticado el estilo de vida que la edil ha mostrado en redes sociales, incluyendo viajes al extranjero y la exhibición de prendas de alto costo. Asimismo, han cuestionado la relación sentimental que mantiene con Juan Alberto Domínguez López, hasta ahora secretario de Seguridad Pública Municipal, al considerar que podría representar un conflicto de interés en la administración pública.

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La tensión alcanzó un nuevo nivel una semana después de que se promoviera la solicitud de revocación de mandato. El Cabildo aprobó la destitución de Juan Alberto Domínguez López como titular de Seguridad Pública; sin embargo, el conflicto continuó desarrollándose en las inmediaciones del Palacio Municipal.

Más de 30 personas, entre regidores, autoridades auxiliares y habitantes, acudieron al inmueble para exigir la salida de la alcaldesa. Durante las protestas denunciaron presuntos actos de intimidación y abuso de autoridad por parte de elementos municipales. Según la versión de los inconformes, las acciones habrían sido ordenadas directamente por el secretario de Seguridad.

En medio de la confrontación, el secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz, intentó dialogar con los manifestantes, pero fue rechazado por los asistentes, quienes le exigieron abandonar el lugar.

Posteriormente, elementos de la Policía Estatal fueron desplegados para evitar enfrentamientos entre manifestantes y policías municipales. La presencia estatal permitió disminuir momentáneamente la tensión y fue celebrada por los inconformes, quienes también aplaudieron el retiro de Juan Alberto Domínguez López y de personal de la Secretaría de Marina que permanecía en la zona.

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Congreso del Estado llama a respetar la ley

Ante el creciente conflicto, este 16 de junio el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, emitió un posicionamiento para fijar la postura del Poder Legislativo.

El legislador aseguró que existe coordinación con el gobierno estatal para garantizar la gobernabilidad y la paz social en Acatlán de Osorio, al tiempo que enfatizó que el Congreso actuará con total imparcialidad.

Subrayó que cualquier solicitud de revocación de mandato deberá seguir el procedimiento legal establecido y sustentarse en expedientes debidamente integrados. Como ejemplo, citó el caso de Zapotitlán de Méndez, donde una petición similar fue turnada formalmente a las comisiones correspondientes para su análisis.

Gaspar Ramírez afirmó que el resultado del caso de Acatlán dependerá exclusivamente de la revisión técnica y jurídica de la documentación presentada, y sostuvo que el Congreso actuará únicamente bajo el marco de la ley, en un contexto donde la disputa política mantiene al municipio sumido en una creciente crisis de gobernabilidad.

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