Con 470 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó derogar un artículo que limitaba el gasto de Comunicación Social y que en Puebla había sido motivo de una controversia constitucional.
Se trata de una de las modificaciones consideradas en el Plan B de la Reforma Electoral avalada en diciembre en San Lázaro.
Los críticos a la reforma a la Ley de Comunicación Social argumentaron que limitaba el presupuesto para las acciones de difusión en los tres niveles de gobierno y no respetaba la autónomía de estados y municipios.
Tras esta modificación impulsada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pese a que ellos plantearon la propuesta inicial, se garantiza la autonomía de las administraciones.
En Puebla, el ayuntamiento a cargo de Eduardo Rivera Pérez del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con dichos argumentos.
En la víspera de la votación, el diputado también panista, Mario Riestra Piña, destacó que existían 11 controversias constitucionales presentadas por capitales del país.
Además de Puebla, otros municipios en esta lista fueron Mérida, Chihuahua Monterrey, Guanajuato, San Luis Potosí, Hermosillo y Aguascalientes, así como Durango, Morelia y Campeche.
Otra reacción de diputados poblanos fue la de Blanca Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que celebró que no se limiten los presupuestos, pues destacó que esto generaría desigualdad.