En el primer minuto del 25 de diciembre iniciarán en Puebla las precampañas de quienes aspiran a la gubernatura, diputaciones locales y alcaldías.
En el calendario establecido por el Instituto Electoral del Estado (IEE) se determinó que la etapa terminará el próximo 3 de enero y que entre esa fecha y el finales de abril los partidos políticos podrán registrar candidatos y resolver diferencias.
Pero, ¿qué es una precampaña electoral?
Está prevista en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla.
Se define como el conjunto de actividades que de manera previa al registro de candidatos realizan los ciudadanos que aspiran a ser candidatos por algún cargo de elección popular en un proceso interno organizado por los partidos políticos postulantes.
Los actos de precampaña son los que tienen como objeto promover, publicitar o apoyar la aspiración de una persona.
También es importante el término de propaganda que considera los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones o expresiones que se difunden en esta etapa.
La ley define qué es un precandidato y es el ciudadano que decide contender al interior de un partido político o coalición para alcanzar su postulación como candidato.
Para participar con precampañas los partidos políticos deben informar al instituto de sus procesos internos cinco días antes de que inicie esta etapa.
Dado que en la precampaña se puede generar publicidad y gastos, las fuerzas políticas tendrán 10 días después del 3 de enero para retirarla.
Asimismo, estarán sujetos a procesos de fiscalización y monitoreo de gastos que realiza el instituto y que se basa con un monto aprobado en noviembre de manera general para los tres tipos de cargo a elegir.
Para los partidos y coaliciones que busquen la gubernatura no deben superarse los 8.5 millones.
En las alcaldías los montos varían según su tamaño y van de más de 356 mil pesos para Puebla a 4 mil 355 pesos para Hermenegildo Galeana.
Para los diputados el monto ronda los 14 millones y estos se distribuyen en los distritos según su tamaño y ubicación, por lo que las cifras son variadas.
En la ley se establecen prohibiciones como recibir aportaciones, realizar actos fuera de tiempo, utilizar recursos y hacer uso de infraestructura pública, entre otros.
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