La expulsión de militantes de los partidos políticos es una sanción prevista en los estatutos, pero sólo en contadas ocasiones se ha llevado a la práctica en Puebla.
Recientemente, el tema está a discusión en el Partido Acción Nacional (PAN), a raíz del caso del diputado Eduardo Alcántara Montiel, acusado de violencia política de género y a quien se prevé sancionar con una amonestación o la expulsión de las filas del blanquiazul.
Esto, luego de que magistrados locales y federales confirmaron su responsabilidad en agravio de Erika de la Vega Gutiérrez.
Sin embargo, también es un tema recurrente en cada elección, ya que es común ver el apoyo de militantes a un candidato de un partido político distinto al que pertenecen.
La semana pasada, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, reiteró que no se concentrarán en procesos de expulsión.
Desde la perspectiva del líder tricolor, eso sería santificar a quienes buscan apoyar al grupo en el poder.
Y es que la búsqueda de la expulsión en varias ocasiones también es utilizada como parte del golpeteo político, aunque sí hay tres casos recientes que se concretaron.
En 2017, el hoy dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales Martínez, fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras apoyar al panismo.
Su salida del tricolor llegó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional en donde se tomó la decisión.
En 2019, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hizo un procedimiento formal para sacar de sus filas al entonces diputado local Héctor Alonso Granados.
Lo anterior, por emitir pronunciamientos considerados como misóginos en torno a la discusión de la despenalización del aborto.
El diputado, que ya había pasado por otras fuerzas políticas, llamó a las mujeres a pensar antes de abrir las piernas y esto derivó en un análisis desde los órganos internos morenistas.
Otra reciente expulsión ocurrió en 2021 contra el ex diputado federal morenista Saúl Huerta, quien fue acusado por un menor de edad de presunto abuso sexual.
A la par de su detención e inicio de proceso y desafuero, la decisión se tomó primero en la bancada de la que parte formaba parte en San Lázaro.
Posteriormente, la decisión se tomó en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que realizó un procedimiento formal para sacarlo de sus filas.
