La violencia política de género podría ser el obstáculo para varios políticos de Puebla que aspiran a algún cargo en el 2024.
Esto, por encontrarse en el registro de violentadores del Instituto Nacional Electoral (INE).
Es decir, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género que da seguimiento a la conclusión de medidas reparatorias y en la que se determina impedir a los sancionados que aspiren a algún otro cargo público.
Actualmente en este catálogo nacional hay seis agresores poblanos que tienen ese impedimento a partir del 2023 y hasta el 2030.
En esa lista están los ex alcaldes Bernardino Aquino Beléndez, de San Antonio Cañada; Omar Arteaga Ortigoza, de Tuzamapan de Galeana; Pascual Morales Martínez, de Francisco Z. Mena y Edmundo Ramírez Castillo, de Santiago Miahuatlán.
Por otro lado, está en espera de ser incluido José Galindo Yamak, regidor de San Martín Texmelucan quien fue señalado por violentar a la presidenta municipal Norma Layón Aarun y cuyo periodo de sanción aún está en pelea en los tribunales.
En tanto que este año avanzaron dos procesos legales que podrían incluir a la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y al diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel.
En el primer caso, el 28 de enero el Tribunal Electoral Estado de Puebla (TEEP) determinó que la ex alcaldesa había violentado a una ex funcionaria municipal durante su administración.
Mientras que en el segundo caso, el 29 de marzo, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que se deberían reevaluar sanciones contra el panista por violentar a un ex aspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula en 2021.
Sin embargo, en ambos casos, los políticos apelaron y aún pelean en el tribunal federal que no se les incluya en ese catálogo.
