Mientras el Congreso del estado avanzó este año en fortalecer la supervisión a la Auditoría Superior del estado (ASE) y a su titular Francisco Romero Serrano, el organismo se caracterizó por transparentar a medias sus obligaciones.
A días de culminar el 2021 y con los plazos límite ya cumplidos de los tres primeros trimestres, se observa información faltante en contratos, gastos en publicidad oficial, perfiles curriculares y solicitudes de transparencia recibidas.
Así se pudo constatar tras una revisión a diferentes apartados del espacio de la ASE en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) donde se debe reflejar el cumplimiento de las obligaciones.
En el sitio, por ejemplo, se reconoce la existencia de 73 concesiones, licencias, permisos y autorizaciones para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios de las entidades fiscalizadas este año, pero no se dan detalles sobre los montos.
Por otro lado, la PNT da cuenta de que se hicieron 37 contratos de prestación de servicios que van de los 12 a los 22 mil pesos, pero no se especifica con qué fines se requirió a los profesionales.
Otros dos rubros en los que no se transparenta información son el apartado de gastos por publicidad oficial y los reportes de solicitudes de información pública, donde sólo en un par de meses se especifica que no se generó información.
Asimismo, resalta el apartado de la información curricular de los funcionarios en donde, aunque se mencionan hipervínculos para consulta, estos no direccionan a ningún documento.
En contraste, la auditoría sí publica 47 contratos con montos y detalles sobre servicios de sanitización, mantenimiento, una remodelación, insumos y servicios de oficina, equipo de cómputo, licencias y certificaciones, artículos promocionales y monitoreo de medios, entre otros.
Un apartado más que se revisó y donde se observa que hubo más transparencia que en años anteriores, es en el de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos de la ASE.
En junio del 2021, una revisión realizada por El Universal Puebla a la plataforma permitió identificar que a lo largo de 2020 no se publicó información relativa al auditor ni de otros 10 directivos.
Sin embargo, a finales de julio se publicaron sus declaraciones pendientes del 2020.
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