Con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales digitales a los niños, niñas y adolescentes menores de catorce años y establecer que se requerirá el consentimiento del padre, madre o tutor para el registro de adolescentes de entre catorce años cumplidos y menores de dieciocho años.
En la propuesta legislativa se establecen acciones para la protección de los datos personales de usuarios menores de edad. También se indica que, quien ejerza la patria potestad o guarda y custodia deberá supervisar el uso que las niñas, niños y adolescentes hagan de redes sociales digitales, otorgando o denegando el consentimiento para el uso de las mismas.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución procedente.
Durante la sesión ordinaria, la legisladora también presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 70 de la Ley de Educación del Estado, con la finalidad de establecer que el uso de dispositivos electrónicos personales dentro de los planteles de educación inicial, básica y media superior de sostenimiento público y privado estará permitido exclusivamente con fines pedagógicos, previa autorización expresa y bajo la supervisión de la o el docente responsable, o en su caso, del personal directivo o administrativo designado por la autoridad del plantel.
Asimismo, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para adicionar los artículos 92 Ter y 92 Quáter a la Ley de Educación, con el propósito de establecer que, en los planteles de educación básica y media superior del Sistema Educativo Estatal, queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes o dispositivos móviles por parte de las y los educandos durante toda la jornada escolar, incluyendo clases, recesos y demás actividades dentro de las instalaciones del plantel.
La propuesta contempla que se exceptúen los casos en que el uso sea necesario por razones de salud, discapacidad, emergencias o actividades pedagógicas planificadas bajo supervisión docente; además, se precisa que la Secretaría de Educación emitirá los lineamientos generales para la implementación de esta disposición.
Por su parte, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud y de la Ley para las Personas con Discapacidad, con el propósito de reconocer el linfedema como un problema de salud pública prioritario en la entidad y establecer el marco jurídico para garantizar una atención integral, continua y de calidad a las pacientes.
La propuesta contempla la creación de un protocolo de atención que incluya el acceso a la Terapia Descongestiva Compleja y sus insumos, así como fomentar la formación de profesionales especializados.
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La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.