Este sábado 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer para visibilizar este problema social.
Aunque los casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios se siguen registrando en la entidad y han sido conocidos varios de ellos, también se han tenido avances en las leyes.
En el informe anual de actividades en el Poder Legislativo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, destacó los temas sobre la violencia de género como una prioridad.
En cuanto a los avances hizo mención de la conocida como Ley Monzón en honor al activista Cecilia Monzón, la cual ha sido replicada en otros estados porque retira los derechos de patria potestad a los padres señalados en casos de feminicidio.
También destacó que se determinaron 50 a 70 años de prisión a quienes cometan este último delito frente a hijos e hijas de las víctimas.
Otro tema del que hizo mención fue una reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece que el estado y los municipios deben proporcionar atención psicológica y legal especializada en casos de ciberacoso, hostigamiento o acoso sexual.
Una modificación más se hizo a la Ley de Educación para evitar la realización de certámenes en los que se evalúe la belleza o apariencia física de niños y adolescentes.
Asimismo se aprobó la conocida como Ley Ácida que reconoce y sanciona este tipo de delito contra las mujeres.
El Congreso de Puebla aprobó, por otro lado, a nivel local la conocida como Ley 3 de 3 que reforma la Constitución para suspender derechos a ocupar candidaturas, cargos y empleos públicos a las personas que tienen una sentencia por violencia política de género o son deudores de pensión alimenticia.
En septiembre también aprobaron un exhorto para que los 217 ayuntamientos cuenten con un Sistema Municipal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Entre las propuestas que están pendientes hay una que dejó Aurora Sierra Rodríguez, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), quien falleció el 9 de octubre.
La propuesta busca otorgar competencias y atribuciones al Poder Judicial para prevenir, atender, sancionar y reducir la violencia.
También está pendiente otra propuesta de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, que está encaminada homologar los delitos considerados como violencia política de género en Puebla con lo que establece la federación.
Aunque no ha sido como tal una propuesta de reforma, varias legisladoras se han pronunciado también por una alerta más de violencia de género en los municipios como una manera de obligarles a cumplir con la seguridad hacia las mujeres.
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