Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información bajo el principio de igualdad y no discriminación, los sitios oficiales en Puebla contemplan poco a las personas con alguna discapacidad.
Así se pudo constatar en una revisión realizada con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a los sitios web de los gobiernos estatal y municipal, el Congreso del estado y el Tribunal Superior de Justicia.
La situación se repite en las páginas de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), el de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla (Itaipue), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).
El sitio del gobierno del estado contempla opciones para cambiar el contraste y tamaño del texto, así como una línea de WhatsApp para atender trámites de las personas sordas, aunque no define horarios y tampoco tiene respuesta automática.
También se incluye a un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas en algunas conferencias de prensa y en eventos públicos transmitidos por internet.
Al revisar el portal del gobierno de Eduardo Rivera Pérez, sólo hay una opción para aumentar el texto, pero no hay alternativas para personas con discapacidad que desean hacer trámites.
El Congreso, la CDH y el Itaipue utilizan en sus portales la misma herramienta que permite cambiar y ampliar el texto, así como cursores especiales que facilitan la navegación.
En el Poder Legislativo se realizan interpretaciones en Lengua de Señas Mexicanas de la mayor parte de las sesiones ordinarias.
En el Tribunal Superior de Justicia no hay alguna herramienta para cambiar la accesibilidad del portal y en algunos videos en los que explican cómo hacer trámites consideran el subtitulado que puede ayudar a algunos sordos, pero limita a quienes no saben leer.
Los portales digitales del IEE y el TEEP no muestran abiertamente alguna herramienta o recurso que esté pensado para las personas con discapacidad.
En febrero del 2020, la entonces senadora del Partido del Trabajo (PT) por Puebla, Nancy de la Sierra Arámburo, propuso una iniciativa para dar un año a los entes públicos a adaptar sus portales y hacer accesible la información a este sector.
La legisladora proponía que los sujetos obligados estuvieran supervisados para el cumplimiento de estas medidas con la vigilancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Pero no prosperó.
