La Auditoría Superior del Estado (ASE) sancionó al ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, con una multa de 15 millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos municipales, por no aclarar presuntas irregularidades detectadas durante su administración. La resolución fue emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
La misma determinación contempla una sanción para Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como secretario de Administración y Tecnologías de la Información durante el gobierno de Rivera. En su caso, deberá pagar una multa de 10 millones 500 mil pesos y estará inhabilitado durante 10 años para ocupar cargos públicos.
El organismo fiscalizador no ha precisado de manera oficial las anomalías identificadas en la revisión de la cuenta pública del ex presidente municipal de Puebla, emanado por el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, Rivera Pérez confirmó que recibió la resolución NO definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
LA VERDAD ES LA MEJOR DEFENSA He recibido una resolución NO definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Quiero ser muy puntual: la administración que encabecé siempre se condujo con estricto apego a la legalidad. En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que NO fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona. Aunque NO se me acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: quieren multarme e inhabilitarme INJUSTAMENTE. Es fundamental precisar que esta resolución no es definitiva. SERÁ IMPUGNADA ante las instancias correspondientes. Resulta preocupante la COINCIDENCIA de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que considero legítimo cuestionar sus implicaciones políticas. Esta acusación se suma a la actuación de la Contraloría Municipal del mes de mayo y constituye un ATAQUE sistemático en mi contra. Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho. DEFENDERÉ MI NOMBRE, MI HONOR Y MIS DERECHOS HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS.— Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) November 4, 2026
A través de sus redes sociales, el ex alcalde de Puebla publicó un posicionamiento en el que rechazó los señalamientos y aseguró que su administración se condujo conforme a la legalidad.
Rivera Pérez sostuvo que se trata de una resolución no definitiva y afirmó que no se acreditó el supuesto abuso de funciones que se le atribuye.
También señaló que no se le acusa de un mal manejo de recursos públicos, pero consideró injustas tanto la multa como la inhabilitación, por lo que anunció que impugnará la determinación ante las instancias correspondientes.
El panista dijo que le resulta preocupante la coincidencia de que esta resolución se haya emitido justo cuando comienza el proceso electoral de 2027.
“Resulta preocupante la COINCIDENCIA de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que considero legítimo cuestionar sus implicaciones políticas”, acotó tras calificar el procedimiento como parte de un ataque sistemático en su contra.
En mayo de 2025, la Auditoría Superior del Estado reportó un probable daño patrimonial por 261 millones 290 mil 675 pesos, derivado de 15 pliegos de observaciones. Entre las irregularidades se identificaron deficiencias en contratos, proveedores sin documentación suficiente y gastos cuya justificación no fue acreditada.
Rivera Pérez acumuló 58 observaciones, de las cuales 13 fueron aclaradas, seis se catalogaron como recomendaciones, 26 resultaron en solicitudes de aclaración y 15 derivaron en pliegos de observaciones. Se observó que en algunos casos no se exigió garantía a los proveedores, aunque sí se efectuaron pagos parciales antes de la conclusión de los servicios.
Dentro de las observaciones fue relevante el contrato que hizo la administración de Eduardo Rivera con la empresa Remedios Producciones y Asociados S.A. de C.V., por un monto de 365 mil 400 pesos. Dicho contrato tenía como objeto el arrendamiento de servicios para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, relacionados con el evento denominado “Segundo informe de buenos resultados” realizado el 15 de octubre de 2023.