La Ley 3 de 3 que se aprobó en el Congreso de la Unión y que ahora pasó al Senado, busca frenar que políticos acusados de violencia ocupen cargos públicos y lleguen a los congresos estatales.
Ello, debido a que hay casos donde varios personajes que ostentan un cargo público y que participaron en elecciones han sido señalados por cometer distintos tipos de violencia.
En el caso de Puebla ha habido funcionarios de los que se han conocido sus antecedentes de violencia hasta que están en el cargo y otros más que, a pesar de tener investigaciones abiertas en su contra, llegan al poder.
Uno de esos es el del ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco R., quien ejerció el cargo durante dos años y medio hasta que se le denunció por violencia familiar.
El 23 de octubre del 2021, policías de San Andrés Cholula recibieron una llamada de auxilio de la esposa del auditor, pues aseguró que el funcionario, en estado de ebriedad, la agredió a ella y a su hijo.
El auditor fue detenido y el 21 de febrero del 2022, un juez emitió medidas cautelares para que fuera suspendido como titular de la ASE.
De hecho, esos señalamientos de violencia familiar derivaron en posteriores investigaciones sobre supuestas irregularidades administrativas.
Entre los políticos que lograron obtener nuevos cargos a pesar de sus antecedentes de violencia, destaca el caso del panista Inés S., quien como alcalde de Tecamachalco cometió violencia política de género y luego buscó reelegirse.
Ya reelecto, el 8 de noviembre del 2022 fue detenido por desobediencia, resistencia de particulares y amenazas. El ex alcalde había sido acusado de cometer violencia política de género en contra de las regidoras Ruth Rodríguez, Yéssica Camarena y Ruth Zárate, a quien incluso le retuvo su salario en medio de humillaciones.
En esta lista también hay políticos cuyos antecedentes de violencia se han dado a conocer después de toda una carrera en el poder público.
El caso más significativo es el del ex candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier L., quien el año pasado fue vinculado a proceso acusado de ser el presunto autor intelectual del feminicidio de su ex pareja y madre de su hijo, Cecilia Monzón Pérez.
Un caso reciente y apelado por el acusado, es el del actual diputado panista Eduardo Alcántara Montiel, quien es señalado de cometer violencia política de género y cuyo proceso legal lleva ya media legislatura en desahogo.
