Crece la consternación y denuncia a nivel internacional por el caso de Lisdany, una madre cubana de 25 años, presa en su país por ser disidente del gobierno y a quien las autoridades presionan para que aborte, a pesar de que ella ha reiterado que quiere ser madre y tener a su hijo.
La mamá de Lisdany Rodríguez Isaac es quien ha dado voz internacional al reclamo de su hija, quien es víctima de todo tipo de vejaciones dentro de la cárcel a donde fue confinada por manifestarse y expresar sus ideas haca el gobierno socialista.
Denuncia presiones físicas, psicológicas y legales mediante las cuales quieren evitar que su hijo nazca.
En México diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Dales Voz y UNNA, la plataforma que promueve el respeto al derecho a la vida desde su inicio en la concepción, denunciaron los actos de intimidación, maltrato y coacción en contra de Lisdany, quien se embarazó de su esposo, también detenido por las autoridades gubernamentales por vender ciertos productos alimenticios, lo que el gobierno de su país clasifica como algo ilegal.
Lisdany había intentado en más de una ocasión tener un hijo y no lo lograba; ese anhelo comenzó a cristalizarse ya que estaba presa, por lo que de inmediato y de acuerdo con sus posibilidades y circunstancias inició los cuidados a su embarazo.
Sin embargo, al conocerse de esta situación las instancias policiales carcelarias y gubernamentales empezaron a hostigarla y advertirle que tenía que dar muerte al bebé que llevaba en el vientre.
De acuerdo con información que sobre el caso ha publicado el diario El País, Lisdany ha entrado a una etapa de presión, estrés y depresión por las constantes amenazas que recibe y las advertencias de que no se permitirá que siga su embarazo.
Tanto representantes del gobierno cubano como de la policía le han hecho saber que no creen que pueda ser “una buena madre”, tras haber sido detenida y presa por expresar su oposición al gobierno.
Al respecto, abogados especialistas en la defensa de derechos humanos, revelaron que al menos son cinco las garantías universales que se violan de manera rotunda en este caso: derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a la libertad de formar una familia y a un nivel de vida adecuado.