El conflicto judicial que afecta a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) sigue empantanado después de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aplazó la discusión en la Primera Sala para determinar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe o no atraer los amparos tramitados por la familia Jenkins y otros en contra de las órdenes de aprehensión emitidas por presunto lavado de dinero y desvío de recursos.
Las órdenes fueron libradas por un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), encabezada por Juan Ramos, determinó reabrir las carpetas de investigación iniciadas luego de que Guillermo Jenkins de Landa presentó denuncia contra toda su familia por el control de la Fundación Mary Street Jenkins, dueña de la UDLAP.
Desde 2018 la extinta PGR determinó no proceder contra los Jenkins, porque consideró que no existía delito que perseguir.
Sin embargo, en 2020 la FGR encabezada por Alejandro Gertz Manero decidió reabrir la investigación pese a la existencia de determinaciones judiciales que establecen que el no ejercicio de la acción penal está firme y es cosa juzgada.
EL UNIVERSAL informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) observó que esta reapertura de las investigaciones constituye un posible conflicto de interés por parte de Ramos y del propio Gertz, DEBIDO a que desde el año 2007, el ahora fiscal en su carácter de rector de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México ordenó a Juan Ramos, apoderado legal de la institución, iniciar un litigio contra la UDLAP y la familia Jenkins por el uso de la marca y nombre comercial “Universidad de las Américas”.
Los litigios iniciados por Gertz ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) solo prosperaron hasta el año 2019, cuando el ahora exrector de la UDLA ya había sido designado titular de la FGR.
