Luego de la orden de aprehensión girada contra Luis Ernesto Derbez Bautista, la Fundación Mary Street Jenkins, aseguró que eso es un mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de evasión por parte del “nuevo patronato” al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
A través de un comunicado, sentenció que se trata de una persecución política estructurada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, “quien tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el gobierno de Puebla”.
La Fundación reiteró que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse y por eso se denunciará a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, que “forman parte de una red de complicidades impune hasta el momento”.
Recordó que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pese a ser un patrimonio privado, fue invadido el 29 de junio pasado por la Policía Estatal, violando los derechos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico.
“Esta intervención fue ordenada por Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, quien ha mostrado un comportamiento irregular alineando sus acciones a las intenciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que responde a los intereses del gobernador Miguel Barbosa, para imponer a un patronato y un rector espurio”, manifestó.
La Fundación Jenkins obtuvo una suspensión vigente otorgada por un Juzgado Federal para que la UDLAP sea devuelta de forma inmediata al Patronato constituido y presidido por Margarita Jenkins de Landa.
Sin embargo, acusó que esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex Senador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX.
Por este motivo, la Fundación Mary Street Jenkins presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades.
“Esta queja será un elemento importante en la revisión que realiza el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto a los sistemáticos atropellos en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, que desde 2018 fueron exonerados por la hoy FGR, sobre diversos señalamientos que generan un doble juzgamiento, violatorio de nuestra Constitución”, puntualizó la Fundación.
