Así viven los reclusos del penal de San Miguel en Puebla

El penal de San Miguel, en Puebla, volvió a quedar en el centro de la polémica. Este martes 10 de noviembre, familiares de personas privadas de la libertad (PPL) bloquearon simultáneamente ocho puntos de la capital poblana y la zona metropolitana, con quema de llantas y pancartas para exigir la destitución del director del centro penitenciario y denunciar presuntos actos de extorsión, corrupción y agresiones contra los internos.

Las protestas provocaron caos vial, largas filas de vehículos y molestia entre automovilistas. Pero ¿qué ocurre al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla y por qué los familiares exigen cambios?

Foto: EsImagen

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¿Cómo es el penal de San Miguel en Puebla?

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel fue inaugurado el 15 de marzo de 1984 por el entonces gobernador Guillermo Jiménez Morales. Se localiza en el kilómetro 2.5 de la carretera Camino al Batán, en la junta auxiliar Lomas de San Miguel.

Actualmente alberga a 3 mil 311 personas privadas de la libertad, aunque su capacidad es de 3 mil 397. De acuerdo con el desglose penitenciario, 2 mil 912 corresponden al fuero común y 401 al fuero federal.

Del total, mil 807 hombres y una mujer están procesados por delitos del fuero común, mientras que mil 104 personas ya fueron sentenciadas. En el fuero federal hay 233 hombres y una mujer procesados, además de 167 hombres sentenciados.

El centro cuenta con dormitorios para procesados y sentenciados, así como áreas especiales: W, destinada a máxima seguridad; L, para personas acusadas de secuestro o delincuencia organizada; Q, utilizada como celda de castigo, y F, de protección.

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¿Quién es el director del penal de San Miguel?

Desde el 1 de septiembre de 2025, la dirección está a cargo de Jorge Ortiz Delgadillo, originario de Veracruz.

Su trayectoria conocida está vinculada con el ámbito jurídico y la administración pública municipal. Fue exjurídico de Tránsito y exsecretario del Ayuntamiento de Veracruz, donde tuvo un nombramiento con clave 630 y una remuneración bruta de 12 mil pesos mensuales.

Sin embargo, familiares de internos en el penal de Puebla lo señalaron de presuntamente actuar en colusión con hombres identificados como Juan Carlos, Félix Ávila, El Mara y El Primo. También acusaron de corrupción al juez Salvador Hernández.

Los inconformes denunciaron que los internos sufren agresiones físicas y exigencias económicas. Aseguraron que las presuntas extorsiones alcanzan hasta 30 mil pesos diarios por cada interno y que también afectan a sus familiares, incluso fuera del centro penitenciario.

CNDH reprueba al penal de San Miguel

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en octubre pasado, otorgó al penal de San Miguel una calificación de 5.31 sobre 10.

Entre las principales deficiencias detectadas están la atención médica insuficiente, problemas de alimentación e higiene, hacinamiento, falta de personal de seguridad, presencia de actividades ilícitas y deficiencias en la prevención de agresiones y violaciones a derechos humanos.

También se identificaron problemas en la separación entre hombres y mujeres, la clasificación de internos y la atención a grupos vulnerables, como mujeres, adultos mayores y personas indígenas; así como inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, presencia de actividades ilícitas e inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, entre otras irregularidades.

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Tras las movilizaciones, el gobierno estatal informó que privilegió el diálogo y la atención institucional para alcanzar acuerdos con los inconformes y liberar los ocho puntos bloqueados.

La circulación quedó restablecida en Periférico Ecológico, Camino al Batán, avenida Reforma, Casa Aguayo, la autopista México-Puebla a la altura de Xoxtla y la caseta hacia Atlixco, entre otros puntos.

La administración estatal reiteró su compromiso de atender las demandas ciudadanas, velar por los derechos de las personas privadas de la libertad y mantener abiertos los canales de diálogo, con apego al Estado de Derecho.