La activista Saskia Niño de Rivera denunció que en el penal de San Miguel, en Puebla, internos que presuntamente mantienen el control del centro penitenciario cobran hasta 100 mil pesos a familiares de personas privadas de la libertad (PPL) para evitar que sus parientes sean golpeados.
A través de una publicación en su cuenta de X, la también fundadora de la organización Reinserta señaló que las exigencias económicas serían de 30 mil, 40 mil, 50 mil y hasta 100 mil pesos, dependiendo de cada caso.
De acuerdo con su denuncia, quienes no entregan el dinero enfrentan represalias contra sus familiares recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla.
"En el penal de San Miguel en Puebla los internos que ahí mandan. Los que tienen el control le piden a las familias de los otros PPL’s que paguen 30, 40, 50 y hasta 100,000 pesos para no golpear a sus familiares. Si no pagan el interno privado de la libertad es golpeado", escribió.
En el penal de San Miguel en Puebla los internos que ahí mandan. Los que tienen el control le piden a las familias de los otros PPL’s que paguen30,40,50 y hasta 100,000 pesos para no golpear a sus familiares. Si no pagan en interno privado de la libertad es golpeado.— Saskia Niño d Rivera Cover (@saskianino) November 11, 2026
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En otra publicación, Saskia Niño de Rivera cuestionó las condiciones de seguridad y el presunto autogobierno que históricamente ha existido en el penal de San Miguel.
La activista señaló que esta situación sería conocida desde hace tiempo y cuestionó por qué las autoridades de Puebla no han tomado el control de los centros penitenciarios.
También hizo referencia al hallazgo de un bebé muerto al interior del penal de San Miguel, un caso que generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y vigilancia dentro de la prisión.
Las denuncias de Saskia Niño de Rivera se suman a las inconformidades que familiares de personas privadas de la libertad manifestaron el martes 10 de noviembre.
Ese día, familiares de internos del penal de San Miguel realizaron bloqueos simultáneos en ocho puntos de Puebla y la zona metropolitana para exigir el cese de las presuntas extorsiones, mayor seguridad y la destitución del director del centro penitenciario.
Las protestas comenzaron alrededor de las 11:30 horas e incluyeron quema de llantas y colocación de pancartas. Entre las vialidades afectadas estuvieron la autopista México-Puebla, la Vía Atlixcáyotl, el Periférico Ecológico y la carretera Puebla-Atlixco.
Los manifestantes también exigieron el traslado de algunos internos a quienes señalaron por presuntamente participar en los actos de extorsión.
Alrededor de las 14:30 horas, los inconformes retiraron los bloqueos luego de establecer una mesa de diálogo con el gobierno estatal, por lo que se reabrió la circulación.
Las denuncias de familiares y de la activista ocurren en un contexto de señalamientos sobre las condiciones de reclusión en el penal de San Miguel.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en octubre, otorgó al centro penitenciario una calificación de 5.31 sobre 10.
Entre las deficiencias identificadas se encuentran problemas de atención médica, alimentación e higiene, hacinamiento, falta de personal de seguridad y presencia de actividades ilícitas.
También se señalaron deficiencias en la prevención de agresiones y violaciones a los derechos humanos, así como problemas en la clasificación de las personas privadas de la libertad y en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias.