El gobierno del estado de Puebla fijó postura sobre el caso de Ariana N., la mujer detenida en San Andrés Cholula por conducir en tercer grado de alcoholemia y que posteriormente se viralizó en redes sociales por afirmar que tenía contactos con integrantes del narcotráfico en Veracruz, supuestas influencias políticas y dinero para salir libre.
Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, afirmó que, si bien existían elementos que justificaban la intervención de la autoridad, también se detectaron posibles irregularidades en el procedimiento policial, especialmente por la presencia de dos menores de edad durante la detención.
Ariana N. es una mujer de 35 años de edad que fue detenida por policías de San Andrés Cholula cuando conducía su camioneta en un área restringida, por lo que marcaron el alto a la conductora. De acuerdo con la autoridad municipal, la mujer ignoró las indicaciones y trató de retirarse del lugar, lo que derivó en una persecución.
Durante su huida impactó contra varios maceteros, por lo que fue necesario aplicar una fuerza considerada racional y proporcional para lograr su aseguramiento. Tras una valoración médica, la conductora presentó un presunto tercer grado de intoxicación etílica.
El secretario de Gobernación recordó que el gobierno estatal emitió desde el 14 de junio un posicionamiento sobre los hechos y reiteró que el exhorto va dirigido no solamente al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, sino a todos los municipios de Puebla para que los cuerpos de seguridad actúen conforme a los protocolos establecidos.
“Si bien había un cierto riesgo en el tema de esta señora, también es cierto que se vulneró la integridad de los menores (una niña de 12 años y un niño de 6) que estaban presentes”, señaló.
Aguilar Pala sostuvo que ahora corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) determinar si existieron responsabilidades por parte de los elementos involucrados y actuar conforme a la legislación vigente.
🔴 Sobre la detención de una mujer en San Andrés Cholula frente a sus hijos, el titular de la @Segob_Puebla, informó que se investigará la posible vulneración de derechos de los menores.El caso será revisado por la @FiscaliaPuebla y la @CDHPuebla. ⚖️ https://t.co/kItHfTSaG8https://t.co/U61TMBcBzUpic.twitter.com/Jg8VircgGR— El Universal Puebla (@UniversalPuebla) June 15, 2026
Asimismo, reveló que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula tiene 152 policías que no se encuentran debidamente regularizados o acreditados conforme a los lineamientos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Por ello, hizo un llamado a la presidenta municipal de San Andrés Cholula, la panista Guadalupe Cuautle, y al resto de los presidentes municipales para que regularicen la situación de sus corporaciones.
“No vamos a permitir que estén fuera de la ley actuando en el desempeño de sus funciones”, advirtió el secretario.
La postura del gobierno estatal coincide con la investigación iniciada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que a través de un posicionamiento oficial informó que abrió tres expedientes de queja relacionados con los hechos ocurridos el pasado 11 de junio en San Andrés Cholula.
Entre los aspectos que investigará la CDH Puebla destacan el probable uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública durante la intervención policial, la posible vulneración de los derechos de los menores presentes y la difusión pública de imágenes y videograbaciones de la mujer detenida.
El organismo consideró que también podría haberse afectado la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen de las personas involucradas.
La comisión recordó que toda actuación policial debe regirse por los principios de legalidad, responsabilidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
En medio de la polémica, el empresario José Antonio Pérez Aréchiga difundió una carta pública para rechazar categóricamente los señalamientos realizados por Ariana N.
La mujer aseguró en videos que el empresario sería presuntamente “contador” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca y Veracruz, además de afirmar que fue su expareja sentimental.
Ante estas declaraciones, Pérez Aréchiga sostuvo que las acusaciones son falsas, ilógicas y carentes de sustento.
En el documento, afirmó que su nombre e imagen fueron expuestos de manera indebida en redes sociales y negó cualquier relación con las personas o hechos mencionados por Ariana N.
Agregó que cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional y que siempre ha actuado con apego a principios éticos, por lo que rechazó cualquier información especulativa que pueda poner en riesgo su integridad y la de su familia.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar si existió alguna conducta irregular durante la intervención policial y deslindar responsabilidades.
Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, el caso sigue generando un intenso debate en redes sociales. Aunque diversos usuarios han cuestionado el actuar de los policías por la presencia de menores y la difusión de videos, una parte importante de los comentarios respalda la intervención de los uniformados. Esto se debe a que Ariana N. aseguró contar con dinero, influencias y presuntos contactos con grupos criminales y autoridades, declaraciones que, para muchos internautas, reflejan una percepción de privilegio e impunidad que ha provocado indignación entre la opinión pública.