Segob pide a policía de San Andrés Cholula no cometer abusos

El 11 de junio, se viralizó un video en el que se observa a policías municipales de San Andrés Cholula que emplearon la fuerza para detener y someter a una mujer identificada como Ariana N., tras cometer una infracción.

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Las imágenes causaron varias críticas en redes sociales debido a que la mujer fue bajada a la fuerza del vehículo que conducía, fue tirada al piso y sometida frente a sus hijos menores de edad, quienes con llanto y enojo, pedían a gritos que soltaran a su mamá.

De acuerdo con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, esta acción se debió a que la mujer conducía en estado de ebriedad e invadió con su camioneta un paso peatonal del Parque Intermunicipal.

Luego, fueron dados a conocer más videos donde se observa que la mujer dice ser influyente y tener relación con supuestas personas ligadas al narcotráfico.

Ariana N. fue liberada luego de pagar la respectiva multa.

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Este domingo, en relación con los hechos ocurridos en el municipio de San Andrés Cholula, la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno estatal, emitió un pronunciamiento al respecto en el que destacó lo siguiente:

Desde la Secretaría de Gobernación, mantenemos el compromiso de trabajar con todos los órdenes de gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Entendemos que la intervención policial debe proteger la vida, respetar los derechos humanos y cuidar especialmente a niñas, niños y adolescentes, por lo que, exhortamos a las autoridades municipales de San Andrés Cholula y demás municipios a verificar que los protocolos de actuación de sus fuerzas de seguridad se encuentren actualizados, a fin de garantizar que se apliquen correctamente sin cometer posibles abusos.

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Entendemos que había una posible situación de riesgo, sin embargo, ninguna actuación policial debe estar por encima de la integridad de cualquier ciudadano, en especial de los menores de edad.

Estaremos pendientes del desarrollo de las acciones legales de las instancias correspondientes, a fin de garantizar la correcta aplicación de la ley.