El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo la presentación de resultados de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2022, en la que dio a conocer que el estado de Puebla ocupa el segundo lugar nacional, donde un 30.6 por ciento de su población vivió una experiencia de discriminación.

Los resultados del ejercicio obtenidos en el 2017 revelaron que en Puebla el porcentaje fue de 28.4 por ciento, lo que representa un incremento de más de 2 puntos. La media nacional es de 23.7 por ciento.

En la ponencia, Graciela Márquez, presidenta del INEGI, señaló que la discriminación es un fenómeno que puede presentarse en diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Destacó el crecimiento de actos de discriminación que hubo en relación con el 2017 a nivel nacional, cuando el porcentaje de personas que sufrieron un acto de discriminación fue de 20 por ciento, pero en el 2022 subió a 23.7 por ciento.

El aumento se dio más en las mujeres, pues en el 2021 se reportó un 20.1 por ciento y para el 2022 se elevó a 24.5 por ciento.

Es un fenómeno que, con base en prejuicios, estigmas y creencias culturales, niega la igualdad de trato y limita los derechos fundamentales de diversos grupos de población.

Los resultados de la encuesta nacional revelaron que las entidades federativas con mayor porcentaje de población de 18 años y más que manifestó haber sido víctima de discriminación en los últimos 12 meses fueron:

  1. Yucatán con 32.1 por ciento
  2. Puebla con 30.6 por ciento
  3. Querétaro con 30.5 por ciento
  4. Ciudad de México con 29.6 por ciento
  5. Jalisco con 27.1 por ciento

En contraste, las entidades federativas con menor porcentaje de población de 18 años y más que refirió haber sido víctima de discriminación en los últimos 12 meses fueron:

  1. Sinaloa con 13.8 por ciento
  2. Sonora con 17.5 por ciento
  3. Nayarit con 17.9 por ciento
  4. Nuevo León con 18.4 por ciento
  5. Campeche con 18.5 por ciento

Sin embargo, destacó que, de los 10 grupos de interés de estudio, en 8 también hubo un incremento en los índices de discriminación.

Dichos grupos son:

  1. Indígenas
  2. Afrodescendientes
  3. Discapacidad
  4. Migrantes
  5. Diversidad religiosa
  6. Adulto mayor de 60 años y más
  7. Adolescentes y jóvenes
  8. Mujeres de 18 años y más
  9. Trabajadoras del hogar
  10. Diversidad sexual y de género
  11. Población de 18 años y más
Puebla es el segundo estado del país que más discrimina
Puebla es el segundo estado del país que más discrimina

Foto: INEGI

Óscar Jaimes Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, informó que, en general, los aumentos de discriminación se dieron por la forma de vestir o arreglo personal como tatuajes, ropa, forma de peinarse y perforaciones.

Otro factor de discriminación en las mujeres fue su condición de mujer, estatura o color de piel, no así su preferencia religiosa.

El 20.5 por ciento de los encuestados, tanto hombres como mujeres, dijeron que se les negó sus derechos humanos de manera injustificada, como recibir apoyos de programas sociales, medicamentos y atención o servicios en alguna oficina de gobierno.

En el caso de Puebla fue 24.4 por ciento de la población que refirió que fue discriminada por habérsele negado sus derechos humanos, lo que representa un índice superior a la media nacional.

En Puebla, como a nivel nacional, las personas más discriminadas son las de diversidad sexual y de género, los afrodescendientes, los adultos mayores de 60 años y las mujeres.

En la presentación de resultados también se dio a conocer que en el 2017 el 60.5 por ciento de los encuestados mayores de 18 años dijeron estar muy de acuerdo con que una mujer ocupara la presidencia de México, mientras que en los resultados de 2022 el porcentaje es 67.5 por ciento.

El objetivo de la ENADIS 2022 es colaborar interinstitucional y responde a la necesidad de la sociedad mexicana de contar con información estadística para documentar los cambios y continuidades en las manifestaciones de discriminación en el país y para prevenir y resolver sus efectos en términos de la desigualdad en el ejercicio de derechos y el acceso a bienes y servicios.

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