La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiró la Ley General de Educación del estado de Puebla propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y aprobada por el Congreso local en mayo del año pasado, por discriminar y no consultar a los pueblos indígenas y afroamericanos, así como a las personas con discapacidad.
Los magistrados resolvieron con ello una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y basaron su resolución con otras similares que se habían registrado en otros estados.
"La legislación se emitió sin que se consultara previamente a los sectores de la población que históricamente han sido discriminados e ignorados y desde luego, con base en lo que establece el artículo segundo constitucional y los diferentes artículos constitucionales a los que se hace referencia en el proyecto", dijo el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo en la sesión virtual de este día.
La resolución contempla que a falta de una consulta, existen irregularidades en los artículos 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la ley, que establecen lo relativo a la educación de los grupos no considerados.
Los magistrados votaron también por darle un plazo de 18 meses al Congreso de Puebla para que realice las consultas y efectúe modificaciones tanto a los artículos considerados, como a otros que sean abordados por los grupos vulnerables.
Congreso local suele ir contra la Constitución y derechos humanos
La actual legislatura local de mayoría morenista es la que más derechos humanos ha violado al protagonizar 16 de 17 procesos documentados desde que en 2006 la CNDH tiene la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad.
Además de lo considerado en la ley relativa a la educación, en las acciones de inconstitucionalidad, se ha señalado a los actuales diputados por discriminar a diferentes grupos, aprobar cobros indebidos a la ciudadanía y asumir facultades que no tienen.
