La disputa por una de las herencias más cuantiosas en Puebla dio un nuevo giro luego de que un juez determinara la vinculación a proceso de la empresaria avícola Estela N. y del notario público Ramiro N., acusados de presunto fraude genérico por la supuesta alteración del testamento de la empresaria Socorro Romero Sánchez.
La resolución se dio tras la continuación de la audiencia inicial celebrada el pasado 15 de abril en Tehuacán, la cual se extendió por varias horas. Durante la audiencia, el juez determinó modificar las medidas cautelares contra ambos imputados.
De esta manera Estela N., de 86 años de edad, deberá presentarse a firma cada mes, mientras que el notario Ramiro N. tendrá que hacerlo cada 15 días. Además, ambos deberán entregar sus pasaportes y documentos notariales, como parte de las restricciones impuestas.
El órgano jurisdiccional también fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes deberán aportar pruebas para sustentar sus respectivos argumentos.
De acuerdo al abogado Adolfo Pérez Velázquez, defensa de la empresaria Estela N., y heredera universal de Socorrito Romero, este pleito entre familia ya había concluido en el 2023, pero surgió una nueva denuncia en el presente año.
“Pareciera que tenemos herederos que pretenden impugnar el testamento desde el 2009. Ha sido una conducta reiterada y es por ello que la familia se ha visto envuelta en este tema de cuestiones judiciales”, declaró previo al inicio de la audiencia.
Dicha audiencia se vio interrumpida en diversas ocasiones debido al estado de salud de Estela N., quien requiere asistencia permanente de oxígeno, lo que obligó a pausas constantes durante el proceso.
Familiares de Socorro Romero se acusan por falsificación de testamento
Tanto la empresaria como el notario son señalados de presuntamente alterar y falsificar el testamento de Socorro Romero Sánchez, cuya fortuna asciende a aproximadamente 600 millones de dólares.
La denuncia fue promovida por Olga Romero Garci-Crespo, sobrina de Estela N., y actual dirigente estatal de Morena, quien acusa irregularidades en la firma del documento testamentario.
Entre los señalamientos destaca la presunta falsificación de firmas en perjuicio de la denunciante, así como inconsistencias en las condiciones en que se habría firmado el testamento días antes del fallecimiento de la empresaria en 2009.
El caso tomó relevancia pública tras la detención de ambos imputados el pasado 9 de abril, en operativos realizados por la Fiscalía General del Estado de Puebla con apoyo del Ejército Mexicano y corporaciones estatales.
Estela N. fue detenida en su domicilio, donde también operan oficinas del consorcio empresarial ligado a la familia Romero, mientras que Ramiro N., titular de la Notaría Pública número 2, fue asegurado en un operativo distinto en el centro de Tehuacán.
Inicialmente, un juez les impuso arraigo domiciliario, medida que posteriormente fue modificada el mismo día a firma periódica, condición que se mantiene tras su vinculación a proceso.
En tanto, en medio de la polémica, Olga Romero Garci-Crespo rechazó que el conflicto tenga tintes políticos y aseguró que existe desinformación en torno al caso.
La dirigente estatal de Morena insistió en que se trata de un asunto estrictamente legal y familiar, por lo que pidió respetar los tiempos judiciales y evitar especulaciones mediáticas.
“Es desinformación y querer politizar un asunto que no es politizable”, declaró en conferencia de prensa el pasado 13 de abril, al subrayar que serán las autoridades quienes determinen la validez de las pruebas.
¿Por qué hay un pleito familiar por una herencia?
El origen del conflicto se remonta a la muerte de Socorro Romero Sánchez ocurrida el 4 de diciembre de 2009. La empresaria, reconocida por construir un emporio avícola en Puebla y en el país, dejó como heredera universal a su sobrina Estela Romero Bringas, ya que no tuvo hijos ni se casó.
Sin embargo, familiares inconformes iniciaron desde 2012 diversos procesos legales al cuestionar la autenticidad del testamento, incluyendo un juicio intestamentario y posteriormente un recurso de nulidad.
El caso ha tenido múltiples giros judiciales en los últimos años, incluyendo resoluciones federales y nuevas denuncias penales, lo que lo convierte en uno de los litigios familiares más complejos y mediáticos en la entidad.
Con la vinculación a proceso de los presuntos implicados, el caso entra ahora en una etapa clave donde se definirá si existen elementos suficientes para llevarlos a juicio por un conflicto que mantiene en disputa una fortuna millonaria en Puebla.
[Publicidad]
