El aprobó el dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, a fin de armonizar la legislación con el marco constitucional vigente en materia del derecho humano a una vivienda adecuada, reconociendo que comprende condiciones jurídicas, materiales, económicas, sociales y culturales que permitan a las personas habitar de manera segura y digna.

A través de las reformas, se incorporan y precisan como elementos de una vivienda adecuada la accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación, estableciendo parámetros que permitan comprender y garantizar este derecho de una manera integral, con especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, se busca fortalecer la aplicación de los principios de equidad, inclusión social, perspectiva de género e interculturalidad en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas y programas de vivienda, procurando que las acciones gubernamentales atiendan las condiciones particulares de las personas y comunidades, y contribuyan a la protección efectiva de este derecho.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta expuso que el marco normativo ha evolucionado y el concepto de vivienda adecuada debe considerar la seguridad en la tenencia, servicios, calidad de materiales, accesibilidad, habitabilidad y ubicación, lo que impacta en la protección y bienestar para las familias.

Por otra parte, en sesión ordinaria, las y los diputados avalaron el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla, con la finalidad de aplicar un lenguaje incluyente y no sexista que permita garantizar el derecho a la igualdad sustantiva.

Como parte de la sesión, también se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una revisión integral de sus oficinas centrales, juzgados de la capital, en los juzgados itinerantes y en las mesas receptoras ubicadas en el interior del Estado, garantizando una atención digna, homologada, oportuna y eficiente para proteger el derecho a la identidad.

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Lo anterior para que, con base en ello, fortalezca la capacitación del personal, homologue requisitos y costos, reduzca tiempos de espera y evite traslados innecesarios, priorizando a las poblaciones con mayores barreras geográficas y económicas.

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