La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado y enviada al Ejecutivo para su publicación, cambiará la forma de moverse en la vía pública para dar prioridad a los grupos más vulnerables y reducir accidentes.
El documento está integrado por 82 artículos y busca homologar previsiones que ya se tenían en algunos estados con miras a disminuir las muertes y las lesiones que dejan los incidentes de tráfico.
Por un lado, señala principios de jerarquía de movilidad, derechos de las víctimas y sus familiares; instrumentos de política pública para la infraestructura, la sensibilización, educación y formación, así como convenios de coordinación metropolitana.
Los límites de velocidad fueron parte de la polémica, aunque algunos de estos ya se aplicaban en algunas ciudades y sus zonas de mayor afluencia.
Entre ellos están 30 kilómetros por hora en calles secundarias y terciarias; 50 kilómetros por hora en avenidas primarias sin acceso controlado; 80 kilómetros por hora en carriles centrales de avenidas de acceso controlado y en carreteras estatales fuera de zonas urbanas.
Mientras que en carreteras y autopistas federales la velocidad máxima para automóviles será de 110 kilómetros por hora, 95 kilómetros por hora para autobuses y 80 kilómetros por hora para el transporte de bienes y mercancías.
Algunas otras restricciones son el uso obligatorio del cinturón de seguridad y el casco para motociclistas, la prohibición del uso del teléfono móvil y operativos permanentes de alcoholímetro.
Una vez que la nueva ley se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los estados tendrán 180 días para homologar las legislaciones locales.
En este caso, Puebla ya lleva avance con la propuesta de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado Libre y Soberano de Puebla propuesta por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez.
La iniciativa se presentó al final del segundo periodo ordinario de sesiones, ya se analiza en comisiones y prevé -además de la homologación- algunas novedades específicas.
Entre ellas, la creación de un consejo con presencia de autoridades y sociedad civil para dar seguimiento a la seguridad vial, un sistema de información, perspectiva de género y que los municipios cumplan con criterios de diseño en sus nuevas obras viales.
